El último debate está por llevarse a cabo, por lo que analizamos los temas más relevantes a tratar en él y la situación actual de México en dichos puntos
Pues no hay plazo que no se cumpla, y ya estamos por llegar al último debate presidencial. El tercer y último debate presidencial de México 2024 se celebrará el 19 de mayo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM. Este debate será el último enfrentamiento directo entre las candidatas y el candidato antes de las elecciones del próximo 2 de junio.
Los temas que se abordarán en el debate incluyen política social, inseguridad y crimen organizado, migración y política exterior, así como democracia, pluralismo y división de poderes. Estos temas reflejan varias de las principales preocupaciones de la sociedad mexicana y son cruciales para el futuro político y social del país. En términos de formato, este debate no incluirá preguntas de ciudadanos. Se dividirá en cuatro bloques temáticos, y cada bloque permitirá a los candidatos debatir sobre los temas designados.
Los moderadores del debate serán Luisa Cantú, Javier Solórzano y Elena Arcila, quienes fueron seleccionados para representar las distintas regiones del país (norte, centro y sur, respectivamente). Esta elección ha sido objeto de amplias deliberaciones y discusiones, reflejando la importancia de la selección de los moderadores en este tipo de eventos.
El debate será transmitido por múltiples canales de televisión y plataformas en línea, asegurando una amplia disponibilidad para los espectadores en todo México y también se ofrecerá en varias lenguas indígenas, lo que subraya el compromiso del INE con la inclusión de la población.
A continuación, y como hemos hecho previamente con el primer y el segundo debate, hablaremos sobre los datos de los temas que se tratarán el próximo domingo.1
POLÍTICA SOCIAL
La política social consiste en mejorar el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos a través de brindar servicios e infraestructura pública, así como mediante programas de transferencias monetarias. Los principales programas del sexenio actual, ya sea de nueva creación o por cambio de nombre, han sido la Pensión para el Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, Becas Benito Juárez, Universidades del Bienestar, Microcréditos y tandas para el Bienestar y Pensión del Bienestar de las Personas con discapacidad permanente.
Entre 2018 y 2022 y de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de INEGI, hubo un incremento general en la cobertura de los programas sociales, del 28 al 34%. Este aumento sugiere una expansión en la disponibilidad y en el acceso de la población a este tipo de programas; sin embargo, una mirada detallada a la distribución de la cobertura por niveles de ingresos revela que la cobertura de los programas sociales se ha reducido en los hogares de menos ingresos. Con el afán de universalizar los programas sociales, se ha reducido la progresividad de estos, al disminuir el beneficio a los hogares más pobres del país.
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Específicamente, se observa que los datos muestran que en 2016 y 2018 los hogares con menores ingresos tenían una cobertura de apoyos más robusta, mientras que en 2020 y 2022 se registra una caída de aproximadamente 20 puntos porcentuales entre estos mismos hogares.
Esta reducción es significativa porque sugiere que las políticas actuales podrían no estar llegando de manera efectiva a quienes más lo necesitan, una condición fundamental que debe perseguir cualquier programa social que pretenda reducir la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de los más necesitados.
La menor progresividad de los programas bajo la administración del presidente AMLO es otro punto de preocupación. Se señala que, mientras los programas como la Pensión para Adultos Mayores tienen una amplia cobertura debido a su universalidad, programas como las Becas Benito Juárez, que sí están dirigidos a hogares de mayor vulnerabilidad, no alcanzan ni la misma extensión ni el mismo presupuesto, recibiendo incluso menos recursos que en el sexenio anterior.
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La siguiente administración tendrá la necesidad urgente de revisar las políticas de transferencias monetarias para asegurar que no solo se mantengan los niveles de cobertura, sino que estos programas están enfocados en aquellos que más los necesitan.
Además, se requiere pensar en la política social de manera más amplia, no solo como transferencias de dinero, sino también como el desarrollo de infraestructura social para educación, salud y cuidados, que fomente una mayor igualdad de oportunidades y un progreso social más equitativo y sustentable.
INSEGURIDAD Y CRIMEN ORGANIZADO
México enfrenta una crisis de seguridad profundamente arraigada, marcada por la violencia generalizada, poderosos carteles de drogas que dominan amplios territorios del país y la inestabilidad política. Abordar la situación de la inseguridad deberá ser la principal prioridad del gobierno entrante; esta no solo es actualmente la principal preocupación de los mexicanos, sino que también es uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico de México.
Fuente: INEGI, ENVIPE 2023.
Desde el inicio del actual sexenio hasta el 7 de mayo de 2024, han fallecido por homicidio más de 186,289 mexicanos, lo que equivale a aproximadamente 2,800 víctimas mensuales o 93 diarias. Según datos proporcionados por el sitio TResearch, esta cifra es la más alta para los primeros 66 meses en los últimos seis sexenios. Destaca que, a pesar de ser ya el sexenio con más homicidios, la tendencia ha ido a la baja en los últimos cuatro años del sexenio.
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La tasa de homicidios más reciente a nivel nacional nos dice que fallecen 25.6 personas por cada 100 mil habitantes, una de las tasas más altas a nivel mundial. Los estados con las tasas de mortalidad más altas en 2022 son Colima (99.0), Zacatecas (74.1) y Guanajuato (56.7).
De acuerdo con Artículo 19, en lo que va del sexenio actual han sido asesinados 52 periodistas en México, siendo los estados más peligrosos para ejercer el periodismo el estado de Sonora (7 periodistas asesinados), Guerrero (5) y Veracruz (5).
A los sacerdotes les ha ido similar; de acuerdo con el Centro Católico Multimedial, nueve clérigos han perdido la vida de manera violenta en lo que va del sexenio. Incluyendo los lamentables asesinatos de los sacerdotes jesuitas en Cerocahui, Chihuahua, a manos de un líder criminal. En el caso de los activistas sociales asesinados en México, entre los que se cuentan activistas ambientales, LGBTQ y los padres buscadores, se cuentan 235 en lo que va del sexenio y seis en lo que va del año.
De acuerdo a la base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre 2018 y 2023 se ha reducido la incidencia de delitos como el tráfico de menores, el secuestro y el rapto, los delitos electorales, el robo, el feminicidio y el homicidio. Mientras que han aumentado significativamente las denuncias de delitos como el acoso y el abuso sexual, la violencia de género, la extorsión y el narcomenudeo.
MIGRACIÓN Y POLÍTICA EXTERIOR
En un contexto de globalización, la importancia de México ha aumentado en importancia en temas como migración, crecimiento económico e inversión. La política exterior de la próxima administración será crucial para capitalizar oportunidades de nearshoring, flujos crecientes de inversión y la movilidad laboral regional.
En ese tenor, el TMEC ha fortalecido la cooperación regional, facilitando el comercio y la inversión en la región de Centroamérica. En 2023 el comercio regional alcanzó un máximo histórico de 1.6 billones de dólares, reflejando la interdependencia económica entre México, Estados Unidos y Canadá. Actualmente, México es el principal socio comercial de Estados Unidos, representando el 15.7% de sus importaciones de bienes y servicios.
La inversión extranjera directa también creció significativamente, con un notable aumento del interés en el sector manufacturero, que representó casi el 50% de los nuevos anuncios de inversión.
Hay desafíos importantes como alinear la política energética con los objetivos del Acuerdo de París, enfrentar la sequía y los retos de seguridad, que impactan la viabilidad de nuevas inversiones. Además, la concentración de inversiones en la capital y el norte sugiere la necesidad de integrar al sur sureste en las dinámicas económicas del nearshoring.
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La política migratoria es crítica. Ahora, el TMEC facilita la movilidad laboral con visas de trabajo, pero la formación académica de los estudiantes debe adaptarse a las demandas del mercado laboral regional para su inserción profesional en EE. UU. y Canadá.
Las remesas, aunque son un apoyo económico significativo, reflejan la necesidad de mejorar las oportunidades laborales en México para reducir la dependencia de estos recursos, que representan hasta el 5% del PIB nacional.
En cuestión de migración, de acuerdo con el Latino barómetro, México es el país de América Latina donde existe el menor porcentaje de la población (19%) con intenciones de emigrar en el futuro cercano, especialmente por factores económicos y de seguridad. Además, es uno de los países de América Latina donde un menor número de población especializada o con educación universitaria tiene intenciones de salir del país.
Sin embargo, México es un paso obligado en la ruta de los migrantes que van hacia los Estados Unidos, y no ofrece suficientes garantías de seguridad para proteger la vida de los migrantes en su paso por el país. En este gobierno, la desaparición de fideicomisos para apoyar refugios y el uso de la Guardia Nacional para detener migrantes culminó en trágicos episodios en las estaciones a cargo del Instituto Nacional de Migración, donde murieron calcinadas 40 personas en Ciudad Juárez.
DEMOCRACIA, PLURALISMO Y DIVISIÓN DE PODERES
Para asegurar el avance social en México, es crucial fortalecer su democracia. Esto requiere de la participación de los ciudadanos en procesos electorales y en la toma de decisiones por parte del gobierno, así como de la confianza en las instituciones y la preservación de los contrapesos y la división de poderes.
La percepción de corrupción en México es alarmantemente alta, especialmente en las instituciones encargadas de impartir justicia. A nivel nacional, el 67.6% de la población percibe corrupción en estas instituciones, con entidades como Jalisco y la Ciudad de México reportando cifras superiores al 75%. Este alto nivel de corrupción erosiona la confianza en el sistema judicial y complica los esfuerzos por garantizar un estado de derecho eficaz. Si se compara con otras instituciones y actores, los jueces y magistrados son los sextos actores con la menor confianza por parte de la ciudadanía.
La participación electoral es un pilar fundamental en cualquier democracia. En las elecciones de 2018 en México se alcanzó una participación del 63.4%. La participación en México suele ser más alta en las elecciones presidenciales que en las elecciones intermedias, donde la participación fue del 52.7%.
Estados como Tlaxcala, Yucatán y Campeche mostraron las tasas de participación más altas del país, superando el 60% de su lista nominal. Históricamente, la participación electoral en México suele ser mayor entre las personas de mayor edad, entre las mujeres y entre las personas de los entornos rurales.
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Existen riesgos a la participación democrática; la violencia en algunas partes del país y la intervención del crimen organizado son un riesgo en el actual periodo electoral. El actual proceso lleva 35 candidatos asesinados, 129 víctimas de agresiones y 72 amenazas y 26 agresiones con armas de fuego. Asimismo, en Zacatecas, 217 candidatos han renunciado a sus aspiraciones de ocupar un cargo de elección popular. En el mapa de riesgo electoral 2024, presentado por la alianza de oposición, detectan que en 29% de las secciones electorales presenta riesgo de que el crimen organizado intervenga en el proceso electoral, particularmente el día de las elecciones.
La actitud hacia la democracia en México ha experimentado cambios significativos en los últimos años. De acuerdo con el informe El pulso de la democracia de la universidad de Vanderbilt y el Barómetro de las Américas, el apoyo a la democracia en México se ha ido deteriorando gradualmente. Según datos recientes, solo el 35% de la población mexicana apoya activamente a la democracia, mientras un tercio de la población se muestra indiferente hacia el tipo de régimen y el otro tercio ve con buenos ojos las opciones autoritarias.
Esto, aunado un bajo nivel de satisfacción con la democracia (37 % de la población), a una baja aprobación del funcionamiento de los partidos (36 %), al nivel de apoyo a un posible gobierno militar de (42 %) y al nivel de apoyo a que el presidente pueda controlar los medios de comunicación (48 %), deja en evidencia un retroceso de la democracia en el país y “proporciona un terreno fértil para líderes antisistema que pueden utilizar su popularidad para socavar la rendición de cuentas y erosionar las instituciones democráticas”. Una situación similar a la que se observa actualmente en El Salvador.
¿CÓMO LLEGAN LOS CANDIDATOS AL DEBATE?
Si bien ya comenzaron a salir las primeras encuestas que dicen que Xóchitl Gálvez se encuentra a la cabeza de las preferencias o que se encuentra en “empate técnico” (traslapes en los márgenes de error), la mayoría de las encuestas siguen poniendo a la candidata de Sigamos Haciendo Historia a la cabeza con ventajas que van desde los 10 (Áltica) a los 40 puntos (Algoritmo).
EN CONCLUSIÓN
Si bien se dejaron varios datos fuera, el artículo aborda una serie de temas críticos que serán discutidos en el último debate presidencial de México en 2024. Este debate será una última plataforma crucial para que los candidatos puedan abordar estos temas urgentes y que puedan presentar sus propuestas para enfrentar los desafíos que más impactan y preocupan a la sociedad mexicana. Seguiremos cubriendo el tema de los datos en las elecciones en estas últimas semanas del proceso electoral que, entre marchas, debates y cierres de campaña, pintan para ser de lo más interesantes.
- *Con información de México ¿Cómo vamos? ↩︎
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