El pasado 10 de octubre, la Cámara de Diputados aprobó un dictamen presentado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en el que se propusieron recortes a 13 de 14 fideicomisos manejados por el Poder Judicial de la Federación. Esto inmediatamente generó críticas, revuelo mediático y, por supuesto, inconformidades del personal que labora en dicho poder, incluyendo a su Presidenta, Norma Piña.
Como han documentado muchos medios de comunicación nacionales, el recorte es mayor a los 15 mil millones de pesos, y, como pocas veces sucede, en el debate en las siempre activas y encendidas redes sociales, los seguidores y fans de la autollamada «4T» han sabido defender el tema con argumentos válidos.
Hasta el momento, la Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación salió únicamente a justificar su «silencio», esto porque considera prudente estar a la espera del desenlace de los procedimientos legislativos y para no entorpecer las acciones en contra de dichos recortes.
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En sencillas palabras, pidió paciencia y esperar, ya que todavía no hay respuestas sobre el presupuesto que recibirá la judicatura el próximo año. Pero de entrada anticipó que este dictamen aprobado definitivamente afecta a las personas que laboran en el Poder Judicial.
En ese sentido, los trabajadores del Poder Judicial convocaron a un paro de labores en varias partes del país, además el Sindicato de dicho poder anunció que el próximo 24 de octubre se manifestarán en San Lázaro.
Pero al margen de la incertidumbre de los trabajadores de dicho poder, que sin duda les deben respetar todo tipo de prestaciones, hay planteamientos muy efectivos que ponen en duda la transparencia, eficacia y, sobre todo, austeridad en el manejo del presupuesto en el Poder Judicial de México.
En primer lugar, nadie sabe con claridad qué hacen, o, sobre todo, qué beneficios generan al país, y en segundo lugar, es mal visto que, en un país con más de 50 millones de pobres, existan salarios exorbitantes, prestaciones igual de grandes, lujos, secretarios privados, camionetas del año, seguridad personal, entre un sinfín de cosas.
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Como ciudadano, veo lamentable que sea una costumbre del Poder Judicial pedir más de lo que necesita, como ejemplo tenemos el año 2018, cuando pidió 106 mil millones de pesos, pero le autorizaron 98 mil millones y sólo terminó gastando 84 mil millones. Para que se dé una idea, según «México Evalúa», en los últimos 10 años, la Corte ha tenido subejercicios de este tipo hasta por 60 mil millones de pesos.
¿Estos fideicomisos estarán formados de dichos subejercicios? Porque de ser así, es incluso justo que se regresen a la Tesorería de la Federación. Ahora bien, ni siquiera en la página web se toman la molestia de explicar el destino detallado de los recursos ordinarios, mucho menos de los miles de millones que les «sobraron».
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En resumidas cuentas, si el Poder Judicial no tiene la capacidad de explicar que estos fideicomisos no están relacionados a los subejercicios presupuestales de años pasados y, por lógica, no se afectan las prestaciones de sus trabajadores, sin duda los actores de la «4T» podrían incluso presumir que «recuperaron» recursos que en efecto pertenecían al país o, con una narrativa más patriótica, que se trataba de dinero del pueblo.
Si bien hablamos de un Poder igual de importante que el Ejecutivo o el Legislativo, creo que no es nada sano que tengan fideicomisos que les generen intereses, que usen discrecionalmente y cuyo origen sea un gasto no ejercido, sobre todo cuando en el país hay tantas carencias.
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