Daniel Saldívar
Nunca se han ido del todo. Esa es, en síntesis, la historia de la presencia de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos en México. Una historia que comenzó en los años cincuenta con presidentes convertidos en informantes, que atravesó décadas de narcotráfico, guerra sucia y espionaje político, y que este 2026 volvió a estallar en las montañas de Chihuahua con dos agentes muertos, un narcolaboratorio y un gobierno que dice no saber nada.
Para entender lo que ocurre hoy, hay que retroceder a 1956. Ese año llegó a Ciudad de México Winston M. Scott, jefe de la estación de la CIA en el país, con la misión clara de convertir a México en el principal nodo de inteligencia estadounidense en América Latina, en plena Guerra Fría.
Lo que construyó superó cualquier expectativa. La operación LITEMPO reclutó como activos de inteligencia a tres presidentes mexicanos: Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, a quienes se les asignaron criptónimos específicos. Díaz Ordaz era LITEMPO-2; Echeverría, LITEMPO-8. También formaban parte de la red Fernando Gutiérrez Barrios, alto mando de la Dirección Federal de Seguridad, y Miguel Nazar Haro, director de esa misma institución.
No era una relación unilateral. A través de esa cooperación, la CIA obtuvo acceso directo a las decisiones del Poder Ejecutivo mexicano y control sobre las comunicaciones de las embajadas de Cuba y la Unión Soviética; a cambio, México recibió tecnología de punta para vigilar a la disidencia interna y consolidar el control político del partido hegemónico.
El momento más oscuro llegó en 1968. Aunque no hay pruebas de que la CIA interviniera directamente en la masacre de Tlatelolco, la información que la agencia proporcionó al gobierno de Díaz Ordaz —reportes diarios sobre los “enemigos de la nación”— fue determinante en las decisiones que se tomaron antes del 2 de octubre. La inteligencia estadounidense observaba, alimentaba la paranoia del régimen y mantenía lo que en el mundo del espionaje se llama “negación plausible”.
Con el fin de la Guerra Fría, la agenda cambió. La amenaza ya no era el comunismo: era el narcotráfico. Y con ese giro, la CIA —junto con la DEA y el FBI— reorientó sus operaciones en México hacia los cárteles emergentes.
Entre los hitos documentados de esa etapa están el operativo conjunto entre el FBI y la entonces Procuraduría General de la República para recuperar cuerpos de víctimas del Cártel de Juárez en Chihuahua, en noviembre de 1999, y décadas después, la misteriosa extracción desde México hacia El Paso, Texas, del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, en junio de 2024 —un episodio que nunca fue explicado satisfactoriamente por ninguno de los dos gobiernos.
La relación bilateral en materia de seguridad se volvió, con los años, una zona gris donde la cooperación oficial y la intervención no autorizada resultaban difíciles de distinguir.
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El 19 de abril de 2026, un convoy de unos 40 elementos de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua partió hacia la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, para desmantelar lo que resultó ser uno de los narcolaboratorios más grandes jamás hallados en el país. En el sitio se aseguraron más de 55 mil litros de sustancias líquidas, cerca de 50 toneladas en estado sólido y casi 2 mil litros de metanfetamina, además de reactores, centrifugadoras y equipo industrial.
El operativo habría pasado desapercibido si no fuera por lo que ocurrió al regreso, cuando el vehículo que transportaba al director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, cayó por un barranco. Murieron él, su escolta y dos civiles de nacionalidad estadounidense que viajaban con ellos.
Los dos extranjeros fueron identificados oficialmente como Richard Leiter Johnston, de 36 años, y John Dudley Black, de 44. Sus cuerpos fueron entregados al Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez. Ningún gobierno confirmó formalmente que eran agentes de la CIA —pero fuentes de seguridad nacional estadounidense lo filtraron a CNN, y el resto fue historia.
Las investigaciones de la Fiscalía de Chihuahua revelaron que los cuatro extranjeros —dos de los cuales murieron— viajaban de civil, sin placas de identificación institucional, sin armas visibles y con el rostro cubierto la mayor parte del tiempo. Su interlocutor directo era el propio director de la AEI, y su presencia no había sido notificada ni autorizada por instancias superiores.
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El caso Chihuahua no fue el único. Apenas semanas después, CNN publicó una investigación que sacudió la relación bilateral, pues múltiples fuentes señalaron a la agencia que el ataque que mató a Francisco Beltrán, “El Payín”, un operador de nivel medio del Cártel de Sinaloa, en la autopista México-Pachuca, fue un asesinato selectivo facilitado por agentes operativos de la CIA. Un artefacto explosivo había sido ocultado dentro del vehículo de la víctima.
Según funcionarios actuales y anteriores de seguridad nacional estadounidense consultados por CNN, el manual operativo utilizado no difiere del empleado en misiones antiterroristas en Medio Oriente. La campaña tiene raíces en el inicio del segundo mandato de Donald Trump, quien designó a los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, lo que proporcionó cobertura legal para ampliar las facultades de inteligencia estadounidense en México.
La respuesta del gobierno mexicano fue inmediata y categórica. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, rechazó “categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional.” La presidenta Sheinbaum fue en la misma línea: tales operaciones serían ilegales bajo la ley de seguridad nacional aprobada en 2020, que obliga a todos los agentes extranjeros a notificar su paradero al gobierno federal.
La pregunta que subyace a todo este debate es elemental: ¿por qué la CIA sigue operando en México, con o sin permiso?
La respuesta tiene varias capas. La geográfica es la más obvia: México comparte casi 3,200 kilómetros de frontera con Estados Unidos, por donde transita la mayor parte del fentanilo y las metanfetaminas que matan a decenas de miles de estadounidenses cada año. La posición política de Sheinbaum es delicada: Trump ha amenazado en múltiples ocasiones con desplegar al Ejército en México si su gobierno no hace más contra los cárteles, y hacer la vista gorda ante operaciones encubiertas de la CIA podría ser, paradójicamente, la manera de mantener contento a Washington y evitar un escenario de intervención militar abierta.
Hay también una dimensión electoral. Según análisis de seguridad publicados por la revista Proceso, el despliegue de inteligencia estadounidense en México responde no solo a objetivos criminales, sino a una estrategia más amplia para influir en el ambiente político de cara a las elecciones intermedias de 2026 y recuperar el control institucional que Washington considera debilitado en la relación bilateral.
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Mientras el discurso oficial insiste en la soberanía, la no intervención y el control absoluto del territorio nacional, los expedientes desclasificados, las detenciones, las filtraciones internacionales y los movimientos detectados en puntos estratégicos del país dibujan una realidad más incómoda: México no sólo enfrenta la expansión del crimen organizado, sino también la evidencia creciente de operaciones de inteligencia extranjera desarrollándose en su propio suelo.
Lo que cambió desde los tiempos de LITEMPO no es la lógica de fondo —Washington necesita ojos y manos en México— sino la tecnología, los objetivos y la intensidad de la negación. Antes, los presidentes mexicanos eran cómplices documentados con criptónimo y todo. Hoy, el gobierno dice no saber nada. Y esa distancia entre lo que ocurre y lo que se reconoce públicamente es, precisamente, la zona donde la CIA ha operado siempre con mayor comodidad.
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