En tres décadas, las muertes autoprovocadas en el país casi se cuadruplicaron. Cada pérdida deja huellas, pero también un recordatorio: con escucha y políticas firmes, es posible cambiar la historia
Yo conocí a un joven cuya muerte autoinfligida me marcó profundamente. Escribí un texto sobre él en 2003. Fue impactante para todos los que trabajamos con él: no supimos leer sus señales ni dimensionar sus reacciones. Sentimos que pudimos haber hecho más.
Todo ocurrió antes del cierre de edición de un diario en el que trabajé en mis inicios como periodista. De pronto, un hecho inesperado interrumpió la redacción y cambió todo. Lo que siguió fue una mezcla de confusión y rabia. En ese momento escribí: “¿Por qué obviamos?”.
Al texto, que se publicó en el suplemento cultural Sábado, fundado por Fernando Benítez, lo llamé “Fantasma”. Lo titulé así por una paradoja que apareció tras su ausencia: algunas secretarias del diario decían no querer quedarse tarde en la oficina porque, al apagar las luces, sentían su presencia.
Lo consideré absurdo. Nadie había querido escuchar sus señales cuando estaba vivo; nos comportábamos como si ya fuera un fantasma. Faltó mucho, incluidos nosotros y el medio de comunicación para el que trabajábamos. En aquellos años, era impensable imaginar algún protocolo de acompañamiento para esos casos.
La vida siguió sin él. Al tomar aquella decisión dejó a una hija muy pequeña, que ahora será una joven. No la vio crecer ni compartir sus cumpleaños posteriores. Su entonces ex pareja rehízo su vida. Su historia hoy sólo pervive en recuerdos y en estas palabras.
En aquella época México registraba 4,104 muertes autoprovocadas. Una cifra que se duplicó en el año 2021 y llegó a las 9,072 en 2023. Es decir, siete casos por cada 100 mil habitantes.
La conducta suicida sigue siendo un tema del que se prefiere no hablar, bajo la idea de que, si no se menciona, no existe. Pero ocurre. Puntualmente, la probabilidad de conocer a alguien que pierda la vida así durante un año es ínfima (0.007% en un país de casi 130 millones de habitantes).
Mi estadística personal, que incluye también a un profesor de la UNAM, es inquietante cuando se mira como un mal que nos atañe cada vez más. No importa cuánto se haya avanzado en campañas o concientización: debemos entender que la salud mental necesita ser una prioridad nacional.
Si sumáramos décadas de vida en todos los vínculos que tejemos —familia, amistades, colegas, vecinos—, la posibilidad de toparnos con este mal se vuelve mucho más común de lo que parece.
A lo largo de una vida podemos llegar a tener 150, 300 o 600 conocidos significativos. Bajo esta idea, la probabilidad de que al menos una de esas personas muera por conducta suicida es, si se hacen los cálculos, de alrededor de 57% (si conoces 150), 81% (300) y 96% (600).
Dicho de otra manera: en un año es poco probable que ocurra un caso en nuestro entorno inmediato; en una vida entera, es muy probable que lleguemos, a este ritmo, a conocer a alguien que muera de esta forma. Algo tiene que cambiar, porque la prevención sí funciona y hablar de ello puede salvar vidas.
CRECIMIENTO SOSTENIDO
Si nos detenemos, las cifras cuentan una historia preocupante: las muertes autoinfligidas en México casi se cuadruplicaron entre 1994 y 2023, según el INEGI. En 1994 se registraron 2,603 casos, mientras que para 2023, como se ha dicho, la cifra alcanzó 9,072.
Esto indica un aumento más allá del crecimiento poblacional en tres décadas. Ha habido picos notables en años recientes, particularmente en 2019, 2020 y 2021, cuando se llegó a un récord de 8,432 casos registrados en 2021, en plena pandemia.
En números absolutos, la conducta suicida no es la principal causa de muerte violenta en México (comparada con homicidios o accidentes), pero su peso relativo ha ido en aumento. El año pasado, de manera preliminar según cifras dadas a conocer a inicios de agosto, las defunciones clasificadas como presuntas muertes autoprovocadas representaron el 10.6% de todas las muertes externas o violentas.
Este porcentaje a nivel nacional ya de por sí es significativo, pero resulta más revelador al observar las enormes variaciones regionales.
En estados con baja incidencia de homicidios y otros delitos violentos, este tipo de muertes ocupa una proporción mucho mayor dentro de las causas violentas. Por ejemplo, Yucatán encabeza la lista: aproximadamente tres de cada diez muertes violentas en ese estado corresponden a muertes autoinfligidas.
Le siguen estados como Aguascalientes (22.5%), Coahuila (20.7%) y Querétaro (18.8%), todos con una fracción notable dentro de sus decesos por causas violentas.
El contraste lo hacen entidades asoladas por la violencia armada: en Guerrero, estas muertes apenas constituyen cerca del 2% de las violentas. Es decir, el fenómeno no siempre coincide con los mapas de la criminalidad; obedece a lógicas sociales y culturales distintas. Estados muy seguros en términos de delitos pueden ocultar un malestar emocional poco visibilizado en sus comunidades.
El impacto se refleja especialmente en la juventud. La mitad de las muertes autoinfligidas ocurre entre los 15 y 34 años de edad. De hecho, una amplia mayoría (casi dos terceras partes) corresponde a personas menores de 40 años, con un pico particularmente alto en la población joven adulta.
En 2023, por ejemplo, 65.6% de quienes fallecieron por esta causa tenían menos de 40 años.
LOS SÍNTOMAS INVISIBLES
Detrás de cada muerte autoinfligida suele haber un profundo sufrimiento que pasa desapercibido. La depresión —y otros trastornos como la ansiedad, las adicciones o la esquizofrenia— aparece con frecuencia como trasfondo de estas pérdidas.
Sin embargo, muchos de estos síntomas permanecen invisibles o ignorados hasta que es demasiado tarde. Las encuestas nacionales retratan una paradoja inquietante: millones de personas conviven con malestar emocional, pero solo una parte llega a un desenlace fatal. Dicho de otro modo, la conducta suicida refleja apenas una fracción de un problema mucho más extendido.
Según la Encuesta Nacional de los Hogares de 2017, un tercio de la población de 12 años y más declaró haber sentido depresión en algún momento. Hablamos de alrededor de 32 millones de personas que en su vida han experimentado ese vacío, esa tristeza profunda.
Y más revelador aún: un 10% de la población la sentía diariamente y otro 11.7% con frecuencia semanal. Dicho de otro modo, más de una de cada cinco personas en México lidia con sentimientos depresivos de manera regular.
Lo relevante es la brecha entre esos millones que reportan síntomas y los casos extremos. La mayoría de quienes sufren depresión no llegan a una conducta suicida; lo que marca la diferencia suele ser la presencia o ausencia de factores protectores.
Una red de apoyo familiar y comunitario, la posibilidad de hablar con alguien cercano o con un profesional, el acceso oportuno a atención psicológica o psiquiátrica: todo ello puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Por desgracia, esos apoyos muchas veces no existen o fallan.
¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO HOY EN MÉXICO?
Aunque ha habido avances, la respuesta institucional sigue siendo insuficiente y, en ocasiones, desarticulada.
En la actualidad existe la llamada Línea de la Vida (teléfono 800 911 2000), un número nacional de atención 24/7 donde se brinda apoyo emocional y orientación en crisis. Durante la pandemia de COVID-19, esta línea sirvió como un mecanismo de auxilio psicológico para miles de personas con ansiedad o depresión.
Algunas dependencias han desarrollado protocolos incipientes: la Secretaría de Educación Pública (SEP), en años recientes, anunció guías para detectar conductas de riesgo en escuelas y capacitar a docentes en prevención y manejo de casos. Varias universidades implementaron programas de atención psicológica de emergencia.
Cada septiembre (en torno al Día Mundial para la Prevención) se lanzan campañas mediáticas esporádicas —mensajes en redes sociales, spots en radio/TV, etc. — invitando a hablar del tema, a buscar ayuda y a recordar que estas muertes pueden evitarse.
Sin embargo, estas acciones, aunque valiosas, resultan todavía de alcance limitado. La inversión pública en atención emocional es muy baja: México destina apenas cerca del 1.3% del presupuesto de salud al tema, lejos del 5% recomendado por la OMS.
Hay pocos psiquiatras y psicólogos en el sistema público, escasean los centros comunitarios y las listas de espera o las distancias para recibir terapia desincentivan a muchos.
A esto se suma la falta de continuidad en los programas. Las campañas suelen ser de corta duración; no hay un plan nacional permanente de prevención con presupuesto sólido año tras año. Muchos esfuerzos dependen del entusiasmo de funcionarios o de organizaciones locales y no de políticas de Estado sostenidas. Por ejemplo, podríamos contar con módulos de salud mental en todas las clínicas y hospitales, pero no es así.
El estigma es otro gran obstáculo. Aún persiste la idea de que acudir al psicólogo o al psiquiatra es “para locos” o motivo de vergüenza. Esto frena a las personas a buscar ayuda a tiempo y también limita la presión social para exigir mejores servicios.
LO QUE SÍ PUEDE CAMBIAR
¿Qué podríamos hacer? Presupuesto sostenido y suficiente, capacitación en escuelas y centros de trabajo, más concientización —no solo en septiembre—, restricción de medios letales, redes comunitarias reales.
Y entender que, a pesar de las cifras abrumadoras, no todo es desolador. La prevención funciona. Cada historia de alguien que encontró ayuda a tiempo, de una vida salvada en el último minuto, es un recordatorio poderoso de que vale la pena intentarlo.
Cada vida salvada es una victoria. Tenemos derecho a una vida digna en la que celebremos nuestros propios cumpleaños y los de quienes queremos. Hay más sobrevivientes; buscar ayuda siempre es una opción. No somos fantasmas.
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