Un conductor privado avanza por la autopista México–Querétaro sin imaginar que está a minutos de vivir una historia de terror. De pronto, una camioneta negra le cierra el paso y lo obliga a detenerse. Hombres armados y encapuchados descienden, lo encañonan y lo obligan a entregar sus pertenencias. No satisfechos, secuestran también un tráiler que circula atrás, el chofer ya sabe el procedimiento, no es la primera vez que lo asaltan. Ambos son llevados fuera de la autopista, golpeados y despojados del vehículo y carga. Horas después, los delincuentes los abandonan en medio de la nada. Meses más tarde, el auto aparece destrozado en un corralón, el tráiler descargado y los ladrones impunes. Historias como esta se multiplican en las vías de México, fomentando la percepción de que viajar por carretera se ha vuelto cada vez más peligroso.
La inseguridad en las carreteras mexicanas se ha convertido en un lastre para la economía y la sociedad, afectando tanto al transporte de carga como al de pasajeros y turistas. En lo que va de 2025 se han registrado 2,653 robos a transportistas, el año más violento en tiempos recientes fue 2018, con más de 12 mil atracos registrados.
Pérdidas económicas
Las pérdidas económicas son muy grandes. De acuerdo con reportes de prensa, se estima que 52 camiones de carga son atracados cada día, sumando cerca de 78 mil vehículos robados en los últimos cuatro años. Cada unidad suele transportar mercancía valuada en promedio en 35 mil dólares, sin contar el costo del propio camión que puede rondar los 5 o 6 millones de pesos. Tan solo en mercancías, los delincuentes habrían causado pérdidas superiores a 4 mil millones de dólares en los últimos años. Productos de consumo básico –alimentos, bebidas y abarrotes– encabezan la lista de bienes más robados, seguidos de materiales industriales, acero, químicos, alcohol y productos de alta demanda. Nada parece a salvo: desde electrodomésticos hasta el maíz para hacer tortillas, todo es botín en las rutas del crimen.
Más preocupante aún es la violencia asociada. En 8 de cada 10 robos a transportistas se emplea violencia física o armas de fuego contra los operadores. Muchas veces los conductores son golpeados, amenazados e incluso privados ilegalmente de la libertad mientras los ladrones consuman el atraco. Los modus operandi suelen ir desde cerrar el paso con vehículos y amenazar con rifles, hasta el uso de ponchallantas, barreras improvisadas e incluso falsos retenes con hombres disfrazados de policías o militares. Lo que antes solía resolverse sin lastimar a nadie hoy conlleva, con frecuencia, el riesgo de muerte.
LAS CIFRAS DETRÁS DE LA INSEGURIDAD: ¿QUÉ NOS DICEN LOS DATOS?
Entender la dimensión real del fenómeno requiere escrutar varias fuentes. ¿Cuáles son las principales bases de datos sobre seguridad carretera y quién genera esa información? En México, la estadística oficial de delitos proviene del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que compila las carpetas de investigación abiertas por ministerios públicos en todo el país. Este organismo publica mensualmente la incidencia delictiva registrada, incluyendo un rubro específico de “robo a transportista”, clave para medir los asaltos a vehículos de carga.
No obstante, las cifras oficiales del SESNSP solo muestran la punta del iceberg. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, apenas 1 de cada 10 delitos en México se denuncia formalmente. En el caso de las carreteras, esto es crítico: muchas víctimas ni siquiera saben ante qué instancia denunciar ya que temen represalias de los propios delincuentes si acuden a las autoridades.
Por eso es necesario complementar con otras fuentes. El INEGI produce encuestas de victimización que estiman el fenómeno más allá de las denuncias. La ENVIPE 2022 calculó que en el año precedente ocurrieron más de 201 mil delitos en las carreteras del país, contando asaltos a particulares y transportistas. Asimismo, la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) reveló que en 2023 las unidades económicas sufrieron cerca de 238,995 robos de mercancía en tránsito en caminos. Estas estimaciones superan por amplio margen a los robos a transportistas denunciados ante el Ministerio Público, evidenciando una alta cifra negra (delitos no denunciados) en las carreteras.
MAPA DE LAS CARRETERAS DEL TERROR: ZONAS ROJAS Y FOCOS CRÍTICOS
Aunque la inseguridad carretera es un problema nacional, más del 50% de los robos a transportistas entre 2015 y 2023 se concentran en dos grandes corredores: el Centro-Oriente (Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala y Veracruz), con puntos críticos como el tramo México–Puebla (“Río Frío”) y la 150D Puebla–Orizaba–Veracruz; y el Occidente-Bajío (Michoacán, Guanajuato, Jalisco, San Luis Potosí y Nuevo León), donde destacan la Federal 57 y rutas como Guadalajara–Morelia y León–Aguascalientes. Además, persisten focos locales de riesgo en la zona de tierra caliente de Michoacán, las carreteras costeras de Guerrero, la ruta 180 y La Tinaja–Acayucan en Veracruz, así como tramos aislados en Chihuahua, Nuevo León o Tamaulipas.
Un caso interesante es el de Coahuila. A primera vista, Coahuila no figura entre las entidades más afectadas por robo en carreteras –históricamente ha tenido incidencia baja comparada con el centro del país-. Durante 2022 solo se registraron 5 robos a transporte de carga en suelo coahuilense, según datos oficiales, y si bien en 2023 hubo un salto a 26 casos denunciados (un aumento de 420%, aunque partiendo de cifras absolutas muy pequeñas), la cifra sigue siendo reducida frente a los cientos o miles de incidentes en estados como Edomex o Puebla.
VÍCTIMAS Y CONSECUENCIAS: CARGA, EMPRESAS, TURISMO Y CIUDADANOS
La inseguridad en las carreteras de México se ha convertido en una preocupación transversal que golpea a diversos sectores, generando pérdidas económicas significativas y un profundo daño social y psicológico. Más allá de lo material, el sector ha visto un éxodo de operadores por el temor a ser víctimas de la delincuencia, exacerbando un déficit de conductores ya existente. Este panorama no solo complejiza la logística y encarece los costos operativos, sino que también mina la confianza y la competitividad de las compañías.
Los turistas y ciudadanos también sienten el peso de esta inseguridad. Los asaltos a autobuses de pasajeros, especialmente en rutas nocturnas, han erosionado la confianza en el transporte terrestre, llevando a muchos a cancelar viajes o a optar por el transporte aéreo, lo que les implica mayores costos. Esto tiene un impacto directo en la industria turística, disminuyendo la afluencia de visitantes y afectando la economía local. A nivel internacional, la situación ha dañado la imagen de México como destino turístico seguro, con países emitiendo advertencias de viaje que restringen la exploración más allá de las zonas turísticas reconocidas.
Para el ciudadano de a pie, la inseguridad vial coarta la libertad de tránsito, genera estrés y ansiedad, además de las afectaciones por los aumentos de precios derivados de los mayores costos de transporte de productos básicos.
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Frente a este escenario, el sector privado ha respondido con una serie de medidas preventivas para proteger su patrimonio y la integridad de las personas. Las empresas de transporte de carga han realizado fuertes inversiones en tecnología, equipando sus flotillas con sistemas de rastreo GPS y cámaras de video vigilancia, así como dispositivos anti-jammer para contrarrestar los inhibidores de señal que utilizan los delincuentes. La logística inteligente también juega un papel crucial, con la planificación cuidadosa de rutas y horarios, priorizando la circulación diurna y las paradas en puntos seguros, e incluso la coordinación de convoyes de camiones para mayor protección. Para envíos de alto valor, el acompañamiento de escoltas privados armados se ha vuelto una práctica común, aunque costosa.
Un pilar fundamental en esta estrategia es la gestión de riesgos a través de seguros adecuados. Si bien las primas han encarecido, las pólizas se han convertido en un salvavidas para evitar pérdidas totales, con aseguradoras que ajustan sus modelos de cobertura según la ruta y el riesgo. Para los choferes, la conciencia y capacitación son vitales, enseñándoles cómo reaccionar ante un asalto, además de técnicas de conducción evasiva.
Los automovilistas particulares y turistas también deben de adoptar precauciones, evitando viajes nocturnos, compartiendo su ubicación, prefiriendo autopistas de cuota y utilizando aplicaciones de navegación que reporten incidentes en tiempo real. En este contexto, el seguro no es solo un resarcimiento, sino también un incentivo para la prevención, impulsando a las empresas a implementar mejores protocolos de seguridad a cambio de mejores condiciones de aseguramiento. La lucha contra la inseguridad en carreteras es una carrera constante, pero la adopción de medidas por parte del sector privado es un paso crucial para mitigar sus devastadores efectos.
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En el ámbito de la seguridad, la Guardia Nacional (GN) asumió en 2019 la vigilancia de las carreteras federales. A pesar de contar con una División de Seguridad en Carreteras, su capacidad es limitada para cubrir los miles de kilómetros de vías, lo que genera una «falta de presencia permanente» en tramos críticos, en donde los delincuentes, conocedores de los patrones de patrullaje, aprovechan estas «ventanas» sin vigilancia. Ante este panorama, el gobierno federal lanzó en octubre de 2024 la Estrategia Balam, un operativo especial focalizado en 12 estados y 13 tramos carreteros de alta incidencia. En sus primeros siete meses, Balam reportó una reducción del 28% en los robos de vehículos de carga en las zonas intervenidas y un aumento en la recuperación de unidades.
No obstante, los transportistas mantienen la cautela, advirtiendo sobre el «efecto cucaracha» que desplaza a los ladrones a rutas alternas, y enfatizan la necesidad de una coordinación interinstitucional y de permanencia en la vigilancia, más allá de operativos temporales.Los retos más significativos persisten en el ámbito de las fiscalías y la impartición de justicia. En general, la respuesta del gobierno ha sido predominantemente reactiva y aún insuficiente. Si bien se han dado pasos importantes en lo legal, operativo y tecnológico, los delincuentes se adaptan constantemente.
La persistencia de la falta de coordinación entre los niveles de gobierno, la cifra negra de denuncias y la débil impartición de justicia siguen siendo obstáculos fundamentales. Autoridades y expertos coinciden en que la solución radica en fortalecer la inteligencia para desmantelar las redes criminales y establecer un patrullaje estratégico focalizado en los tramos rojos donde se concentran los incidentes. Solo así, con una estrategia integral y sostenida, se podría revertir la tendencia y garantizar la seguridad en las carreteras del país.
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