
Ambos gobiernos anunciaron la reanudación oficial de sus vínculos bilaterales luego de un acuerdo que incluyó la entrega de un salvoconducto a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez.

Tras casi tres años de fricciones políticas y nueve meses de ruptura oficial, los gobiernos de México y Perú formalizaron este 7 de agosto de 2026 el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas bilaterales, poniendo fin a uno de los episodios más complejos en la historia reciente de la diplomacia latinoamericana.
El anuncio conjunto, emitido por ambas cancillerías, se fundamentó en los lazos históricos de hermandad y en el apego al derecho internacional. La resolución del conflicto se destrabó tras acordar el otorgamiento de un salvoconducto diplomático a Betssy Chávez Chino, ex primera ministra de Perú, quien permanecía asilada en la embajada mexicana en Lima desde noviembre de 2025.
Cronología del conflicto: De la caída de Pedro Castillo a la ruptura
La crisis institucional comenzó el 7 de diciembre de 2022, cuando el entonces presidente peruano Pedro Castillo intentó disolver el Congreso, lo que derivó en su destitución y posterior detención. Desde ese momento, el Ejecutivo mexicano —encabezado en su momento por Andrés Manuel López Obrador y continuado por Claudia Sheinbaum— cuestionó la legitimidad del gobierno de transición peruano.
La tensión escaló con sucesivos desencuentros diplomáticos:
- Diciembre de 2022: Perú declara persona non grata al embajador mexicano Pablo Monroy y lo expulsa del país.
- Mayo de 2023: México frena temporalmente el traspaso de la presidencia de la Alianza del Pacífico a Perú; el Congreso peruano declara persona non grata a AMLO.
- Septiembre de 2025: El Congreso de Perú extiende la misma declaratoria a la presidenta Claudia Sheinbaum.
- 3 de noviembre de 2025: México otorga asilo político a Betssy Chávez, lo que provoca la ruptura oficial de relaciones diplomáticas por parte de Lima.
La salida de Betssy Chávez y la postura judicial de Perú
A la medianoche del 7 de agosto, Betssy Chávez abandonó territorio peruano a bordo de una aeronave enviada por el Gobierno de México, en una operación logística coordinada con el apoyo de Brasil (país que custodiaba los intereses mexicanos en Lima) y autorizada por los ministerios del Interior y Defensa de Perú.
Pese a facilitar su salida amparándose en la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, el gobierno peruano enfatizó que la entrega del salvoconducto no extingue la condena penal ni los procesos judiciales pendientes contra la exfuncionaria (quien enfrenta sentencias vinculadas al quiebre constitucional de 2022), por lo que Lima se reservó expresamente el derecho de solicitar su extradición en el futuro.
Pragmatismo económico y normalización
La normalización de los vínculos responde tanto al peso de los lazos multilaterales en la cuenca del Pacífico como a la presión del sector empresarial de ambos países, afectado por la parálisis consular y comercial derivada del conflicto. Con este acuerdo, ambas naciones reabren los canales de cooperación institucional, comercio e inversión bilateral.
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