La máxima casa de estudios dio por terminada la relación con la empresa proveedora de la polémica prueba en línea, mientras doce funcionarios y la Auditoría Superior de la Federación indagan posibles fallas técnicas y responsabilidades internas
A más de un mes de la crisis desatada por el fallido proceso de admisión a nivel licenciatura, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) confirmó la terminación anticipada del contrato con la empresa Territorium Life, responsable de la plataforma tecnológica utilizada para el examen en línea.
Pese a que la institución ya desembolsó más de 69.1 millones de pesos por el servicio, la decisión de rescindir el acuerdo busca facilitar las indagatorias sobre las irregularidades registradas, las cuales derivaron en la exigencia de un examen presencial de control para cerca de 58 mil aspirantes.
La cadena de mando: ¿Quiénes avalaron la contratación directa?
Documentos oficiales y el organigrama universitario revelan que una docena de funcionarios distribuidos en cinco áreas clave intervinieron en la decisión de exceptuar la licitación pública y entregar el proyecto de forma directa a Territorium Life, amparándose en su supuesta experiencia en pruebas masivas a nivel nacional e internacional.
El proceso se originó en la Secretaría General, entonces dirigida por Patricia Dávila —quien presentó su renuncia al cargo el pasado 30 de julio—. De esta dependencia emanó la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), a cargo de Ivonne Ramírez Wence, quien firmó el oficio oficial justificando que la empresa era la única con capacidad probada para más de 30 mil exámenes concurrentes.
| Instancia de la UNAM | Funcionarios Involucrados | Rol en el Proceso |
|---|---|---|
| Secretaría General | Patricia Dávila (Exsecretaria) | Área superior de adscripción del proceso |
| Dirección Gral. de Administración Escolar (DGAE) | Ivonne Ramírez Wence (Directora) y Sergio Rodríguez Medina (Jefe Admvo.) | Solicitud de excepción de licitación y firma del contrato |
| Comité de Adquisiciones | Tomás Humberto Rubio Pérez, Isidro Ávila Martínez y Pablo Tamayo Castroparedes | Autorización colegiada del contrato y proveeduría |
| Abogado General y Contraloría | Hugo Concha Cantú y área de control | Asesoría jurídica y revisión legal |
| CEIDE | Melchor Sánchez Mendiola | Carga y resguardo del banco de reactivos |
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Tres frentes de investigación y un contrato blindado
En conferencia y posicionamientos oficiales, el abogado general de la UNAM, Hugo Concha Cantú, aclaró que la cancelación anticipada del contrato no implica por ahora un fallo de culpabilidad directo contra la empresa, sino un paso indispensable para limpiar el terreno de investigación.
Actualmente, la institución mantiene abiertos tres frentes de indagatoria:
- Auditoría tecnológica independiente: Para esclarecer si existió fuga de información, fallas en servidores o vulneración de los reactivos.
- Revisión interna: Para deslindar responsabilidades administrativas dentro de las áreas que evaluaron y firmaron el proyecto.
- Investigación externa: Turnada formalmente a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para auditar el ejercicio de los recursos públicos.
Concha Cantú reconoció que el contrato contempla cláusulas de penalización, responsabilidad civil y fianzas de cumplimiento, pero advirtió que ninguna de ellas puede activarse legalmente hasta contar con pruebas técnicas definitivas que confirmen el incumplimiento de la empresa fundada en Nuevo León.
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