Lorenzo Córdova pide a los actores políticos estar a la altura de la ciudadanía y respetar las reglas que ellos mismos aprobaron
El pleno del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) decidió por unanimidad cerrarle el paso a los partidos políticos, que de manera ilegal pretendan incidir en la revocación de mandato. Los consejeros aprobaron modificaciones a los Lineamientos generales para la fiscalización del proceso de revocación de mandato del presidente de la República.
Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Fiscalización, expuso que la medida tiene como objetivo armonizar los lineamientos aprobados por el INE con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, adoptada el pasado 1 de febrero, en la que se estableció que el único ente que puede promocionar la revocación de mandato es el propio organismo electoral.
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“Los partidos políticos no podrán promover de forma alguna la participación ciudadana en el proceso de revocación de mandato. Es decir, se elimina la posibilidad de que los partidos políticos participen en la promoción y difusión del proceso de revocación de mandato y, con ello, se fortalece el carácter ciudadano de la consulta”.
Jaime Rivera Velázquez
Los partidos únicamente podrán realizar gastos para pagar a sus representantes de casilla, que participen en la jornada programada para el 10 de abril.
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Por su parte, Lorenzo Córdova, presidente del INE, reconoció que la ciudadanía se está apropiando de la consulta, pues de las 268 mil 840 ciudadanos que se requieren para la operación de cerca de 57 mil casillas, ya se cuenta con 267 mil 804 personas que resultaron aptas para llevar a cabo esa tarea, es decir, 93.3 por ciento del total.
Ante ello, hizo un llamado a los actores políticos a estar a la altura de la ciudadanía y respetar las reglas del juego que fijaron los legisladores en la Constitución y la ley, pero que ahora el INE deberá aplicar.
Córdova Vianello anticipó que las quejas que se han presentado “se analizará si alguien hace uso de dinero indebido”, ya que puntualizó que las organizaciones de la sociedad civil pueden promover el ejercicio de revocación de mandato y aunque no son sujetos regulados a las reglas de fiscalización, pueden ser investigadas si incumplen y utilizan recursos prohibidos de los partidos políticos o provenientes de las arcas de los gobiernos de cualquier índole.
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