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La diputada Grace Palomares presentó ante el Congreso de Puebla la llamada «Ley Cote», una iniciativa para modificar el Código Penal y sancionar con cárcel a quienes ofrezcan servicios profesionales sin contar con el título o la formación requerida.
La propuesta establece penas de uno a seis años de prisión, dependiendo de la gravedad del caso, además de multas económicas. La “ley Cote” plantea reformas al Código Penal local, específicamente en los artículos que regulan el intrusismo profesional y la prestación de servicios sin la debida certificación académica.
“Al llevar a cabo estas reformas, enviamos un mensaje claro: el ejercicio irresponsable y fraudulento de las profesiones será severamente sancionado y no toleraremos que nadie juegue con la salud y la seguridad de la población”, agregó Palomares
Se establece también que, si el infractor se publicita como profesional titulado o ejerce en un espacio abierto al público, la pena podría agravarse. El principal objetivo de estas modificaciones es proteger tanto a los usuarios de servicios profesionales como a los especialistas certificados que podrían verse afectados por competencia desleal.
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El objetivo de la reforma es proteger a la ciudadanía contra fraudes y negligencias, promoviendo el ejercicio profesional responsable y avalado por instituciones educativas y certificaciones legales. Asimismo, busca fortalecer la confianza en los servicios ofrecidos en Puebla y desalentar la práctica de usurpar profesiones, beneficiando tanto a los usuarios como a los profesionales que cumplen con la normativa.
Esta iniciativa surge tras casos reportados donde personas sin la preparación adecuada han puesto en riesgo la salud y el bienestar de terceros al realizar actividades que requieren conocimientos técnicos o académicos específicos. Entre los sectores más afectados están el de la salud, la educación y los servicios jurídicos.
Según Palomares, esta reforma también fortalecería la confianza en los profesionales al garantizar que cumplan con los estándares académicos y éticos necesarios y en términos de impacto, esta ley beneficiaría a los consumidores al reducir el riesgo de negligencias y estafas, además de salvar la reputación de los profesionales capacitados, promoviendo un ejercicio más seguro y transparente en diversas áreas.
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