
Tras las anomalías detectadas en el proceso de admisión en línea, una revisión a la Plataforma Nacional de Transparencia revela que la compañía ha acumulado más de 218 millones de pesos en contratos con diversas instituciones públicas, incluyendo al INE, el CJF y múltiples universidades estatales.

En medio de la controversia generada por los puntajes anómalos y la suspensión provisional de inscripciones en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se ha dado a conocer que la empresa encargada de operar la plataforma digital, Territorium Life, cuenta con un historial de decenas de contratos millonarios con el sector público.
Un contrato millonario y adjudicación directa
De acuerdo con el oficio número SG/DGAE/0192/2026 de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) de la UNAM, el contrato para la aplicación del examen virtual a nivel licenciatura de este año se entregó por adjudicación directa por un monto mínimo de 40.7 millones de pesos y un máximo de 101.7 millones de pesos.
La justificación institucional se basó en que Territorium Life ofrecía supuesta «seguridad de clase mundial», argumentando que era la única empresa en el país con experiencia comprobada en evaluaciones masivas mediante inteligencia artificial, supervisión en línea, cadenas de custodia para bancos de reactivos y estrictos protocolos de protección de datos personales.
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Una larga lista de contratos con el Estado
Una revisión en la Plataforma Nacional de Transparencia muestra que la compañía ha firmado acuerdos por más de 218 millones de pesos con diversas instancias gubernamentales y académicas a lo largo de los años:
- Poder Judicial y Órganos Autónomos: El extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) firmó en 2024 tres contratos por 50.5 millones de pesos para supervisar exámenes a distancia en concursos de oposición de carrera judicial. Asimismo, el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) pagó más de 2.5 millones en 2021, y el Instituto Nacional Electoral (INE) destinó 914 mil pesos en 2024 para su plataforma tecnológica.
- Universidades Estatales: Diversas instituciones públicas han contratado sus servicios de admisión digital, destacando la BUAP (con 31.6 millones de pesos en contratos entre 2024 y 2025), la UANL(12.7 millones de pesos en una docena de contratos desde 2021), la Universidad Digital del Edomex (8.6 millones en 2018) y la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), que pagó más de 2 millones de pesos por 20 mil exámenes en línea.
- Otras dependencias: La lista incluye convenios con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y subsistemas de bachillerato en Nuevo León.
Este entramado de contratos pone ahora bajo escrutinio técnico y administrativo la capacidad real de los sistemas de supervisión tecnológica implementados por la empresa, los cuales están en el centro del debate tras el cuestionado proceso de selección de la máxima casa de estudios.
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