La ONU activa el Artículo 34 ante la desaparición «generalizada o sistemática» en México, mientras Sheinbaum niega la responsabilidad estatal
La crisis de desaparición de personas en México ha escalado a su nivel más crítico en el ámbito internacional. El Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) activó el procedimiento previsto en el Artículo 34 de la Convención Internacional, la máxima advertencia procesal y diplomática.
Esta activación implica que la comunidad internacional encontró indicios fundados de que el fenómeno ha alcanzado el umbral de «generalizado o sistemático». Lo que sitúa la práctica al nivel de un posible Crimen de Lesa Humanidad.
Ante esta determinación internacional, la respuesta del Gobierno de México, liderado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha sido de rechazo explícito. La mandataria argumentó en la conferencia matutina que su gobierno no coincide con la decisión. Acusó al Comité de poseer «mucho desconocimiento» sobre la realidad nacional.
Magnitud y origen: La crisis es sistémica
La escala de la tragedia es abrumadora. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabiliza un acumulado de más de 112,000 personas desaparecidas y “no localizadas”, con estimaciones recientes que sitúan la cifra actual en hasta 131,654 personas desaparecidas en 2025.
La Controversia del Deslinde Estatal
La postura oficial del gobierno se basa en la tesis de deslinde estatal, argumentando que el fenómeno actual es predominantemente de «desaparición vinculada con la delincuencia organizada», negando que exista una «desaparición forzada perpetrada desde el Estado».
Sin embargo, esta distinción es insostenible bajo el derecho internacional. La Desaparición Forzada no requiere que el acto sea perpetrado directamente por un agente estatal; la Convención establece que el crimen incluye la privación de libertad seguida de la negativa a reconocerla, cometida por agentes o por grupos que actúan con el «apoyo o la aquiescencia del Estado».
- La impunidad como prueba: El hecho de que solo entre el 2% y el 6% de los casos totales hubieran sido judicializados al 2021 y que solo se hubieran emitido 36 sentencias a nivel nacional, demuestra una falta de capacidad o voluntad estructural para investigar y sancionar, lo que equivale a la tolerancia o aquiescencia estatal.
La máxima advertencia: El Artículo 34 de la ONU
La activación del Artículo 34 en México es la culminación de un proceso de deterioro y falta de respuesta estatal.
La Escalada Diplomática y la Cronología
- Activación Formal: El procedimiento fue activado formalmente por el CED en Marzo de 2025, después de años de seguimiento y observaciones.
- Rechazo Presidencial: La respuesta de rechazo complica la cooperación en el procedimiento del Art. 34. La negativa a reconocer el diagnóstico, basándose en una distinción de autoría, no es sostenible bajo el derecho internacional.
- Riesgo Máximo: La implicación más grave de la activación es la posibilidad de que el CED decida llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de la ONU (AGNU). Esta acción expone la crisis de derechos humanos de México al más alto foro político internacional.
El Espejo de la Historia: Desaparición Política vs. Desaparición Criminal
La Presidenta Sheinbaum aludió a un periodo anterior donde las desapariciones eran por «temas políticos», implicando una comparación de magnitud y etiología.]. Sin embargo, la comparación estadística demuestra una diferencia estructural en la escala del fenómeno:
| Característica | Guerra Sucia (1960s-1980s) | Era de la Militarización (Post-2006) |
| Magnitud Documentada | 532 casos (CNDH, 2001) | Más de 112,000 / 131,654 personas (RNPDNO, 2023-2025) |
| Actores Principales | Agentes estatales (militares, policía) | Crimen Organizado (CO) con colaboración o aquiescencia estatal |
La disparidad numérica extrema evidencia una crisis de escala incomparable. Mientras que la Guerra Sucia documentó cientos de casos, la era de la militarización registra decenas de miles de casos.
La desaparición actual es la manifestación de la desintegración del control estatal, donde el Estado o bien participa en colusión, o es incapaz de ejercer su autoridad. Las desapariciones no solo se utilizan para la eliminación interna de miembros o rivales, sino como un mecanismo efectivo de control social y extracción de recursos económicos.
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