Con más de 129 mil desaparecidos en el país; la ley reformada genera críticas y desconfianza social.
México convive cada día con el vacío. Un vacío que las cifras oficiales no logran ocultar y que se refleja en los carteles descoloridos. En los nombres repetidos en cada protesta y en las familias que siguen buscando solas, lo que el Estado dejó de buscar hace tiempo.
Según el registro oficial de la Secretaría de Gobernación, 129,935 personas han desaparecido en el último siglo. Pero más allá de la cifra está la herida abierta, la falta de respuestas y una indiferencia institucional que atraviesa sexenios.
HALLAZGO EN TEUCHITLÁN QUE EVIDENCIÓ EL FRACASO INSTITUCIONAL
El 5 de marzo pasado, la violencia volvió a mostrar su rostro en Teuchitlán, Jalisco. El colectivo Guerreros Buscadores ingresó al rancho Izaguirre y encontró fosas clandestinas, restos óseos y montones de ropa amontonados. Pantalones, zapatos y camisetas abandonados como huellas del horror. Este hallazgo, a pocos kilómetros de Guadalajara, convirtió a Teuchitlán en otro símbolo del fracaso del Estado mexicano.
REFORMA LEGAL TRAS LA PRESIÓN PÚBLICA
Solo entonces, tras la presión pública, el gobierno federal respondió. El 31 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una reforma a la Ley General en materia de desaparición forzada. Con la promesa de fortalecer los mecanismos de búsqueda.
Días después, la senadora Lilia Valdez aseguró que la aprobación se daría en una semana. Sin embargo, colectivos de familias de personas desaparecidas cuestionaron la rapidez del proceso y la falta de diálogo real. Ante la presión pública, el gobierno federal pausó la aprobación de la reforma y anunció un proceso de consulta con las víctimas.
PROBLEMAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY
Desde su entrada en vigor en 2018, la ley ha enfrentado problemas de implementación. No existe un Programa Nacional de Búsqueda, pese a que debió presentarse hace casi seis años. La falta de coordinación entre instituciones federales, estatales y locales ha limitado su aplicación.
Tampoco se ha creado el Centro Nacional de Identificación Humana, clave para la identificación de restos. A siete años de la ley, los avances son limitados. La ausencia de planificación, infraestructura forense y coordinación institucional siguen siendo los principales obstáculos.
APROBACIÓN DE LA REFORMA Y CREACIÓN DE LA PLATAFORMA ÚNICA DE IDENTIDAD
Este lunes el Congreso aprobó la reforma a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada con 417 votos a favor y 60 en contra. El paquete legislativo fue enviado al Ejecutivo para su promulgación.
Además de modificar la ley de desaparición, el dictamen reformó la Ley General de Población. La iniciativa establece la creación de una Plataforma Única de Identidad, que integrará información personal y biométrica —rostro, iris, huellas dactilares— para asignar una nueva CURP obligatoria. Este identificador será necesario para realizar cualquier trámite público o privado.
CRÍTICAS Y RECHAZO A LA REFORMA
La reforma fue señalada por organizaciones de derechos humanos, activistas y especialistas como un intento de instaurar un sistema de vigilancia masiva sin precedentes. A pesar de que el dictamen sostiene que estas herramientas facilitarán las búsqueda, expertos advierten que no atiende el problema de fondo. La impunidad estructural y la falta de capacidades institucionales.
Las familias también expresaron su rechazo. Bajo las consignas “Sin las familias, no” y “Espiar no es buscar”, colectivos de familiares clausuraron simbólicamente la puerta 2 del Palacio Legislativo de San Lázaro. Colocaron sellos y fotografías de personas desaparecidas en las rejas.
CRISIS PERSISTENTE Y CIFRAS ALARMANTES
La reciente aprobación de la reforma se produce en un contexto crítico: México acumula más de 129 mil personas desaparecidas y no localizadas. Con un crecimiento acelerado que en solo nueve meses superó las 22 mil nuevas desapariciones desde que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia. El mes de mayo de 2025 fue el más mortífero en la historia reciente con 1,398 desapariciones, seguido por junio con 1,145 casos. El ritmo actual equivale a más del 40 % del total registrado en todo el sexenio anterior.
La ley aprobada responde con una solución parcial y cuestionable a una crisis profunda y multifacética. El énfasis en la identificación biométrica no está acompañado de una política pública integral que aborde la coordinación institucional, la planificación estratégica y, fundamentalmente, los derechos humanos. Sin estas condiciones, la ley difícilmente revertirá la ausencia de justicia y verdad para las miles de familias que aún buscan a sus desaparecidos.
Mientras el Estado permanece en silencio, ellas buscan con el corazón abierto. Una madre buscadora lo dijo en voz alta, en una mesa de diálogo convocada por la Secretaría de Gobierno:
“Cada buscadora que ven aquí es el reflejo palpable del fracaso del Estado. No elegimos buscar, nos vimos obligadas porque alguien nos arrebató a quienes amamos.”
¿Puede una ley, apresurada y desarticulada, sanar las heridas de una crisis que ha desbordado todas las estructuras?
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