El 18 de julio pasado, dos mineros perdieron la vida en un pozo de carbón en el ejido El Mezquite, en el municipio de Sabinas. Lamentablemente, la película se repite una y otra vez en la Región Carbonífera.
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS) emitió un boletín informando que la mina era operada por Minera Fuga, S.A. de C.V., la cual fue inspeccionada en términos de seguridad el 31 de agosto de 2022.
En esa visita se constató la existencia de condiciones peligrosas para la vida, salud e integridad de los trabajadores, por lo que, como medida precautoria, se restringió el acceso y se limitaron las operaciones. Dado que estaban incumpliendo la ley, la STyPS presentó una denuncia ante la fiscalía general de la República (FGR) para investigar y eventualmente sancionar a los responsables.
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Una vez más, personas fallecidas; una vez más, accidentes en áreas donde no deberían estar trabajando; una vez más, el Gobierno federal denunciando (y desentendiéndose) en áreas que debió vigilar y, sencillamente, no pudo.
Hay muchas explicaciones sobre por qué siguen ocurriendo casos tan lamentables como el de la mina Pinabete, donde perdieron la vida 10 trabajadores. Es sencillamente porque al Gobierno de México no le interesa en lo más mínimo resolver este problema.
En lo personal, admiro el papel de la Delegación de la Secretaría del Trabajo en Coahuila. Definitivamente, no es culpa suya que, debido a la «Austeridad Republicana», les quiten cada vez más inspectores y recorten gastos operativos.
En casi todos los casos de minas con accidentes, hubo una visita de la dependencia federal. Lo que no lograron hacer fue mantener la vigilancia para evitar que reabrieran. ¿Y por qué? Sencillamente, porque desde 2019 se ha recortado más del 60 por ciento del personal dedicado a la inspección, siguiendo «órdenes presidenciales».
Una fuente en la Ciudad de México, que trabaja en los círculos cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador, me asegura que el Mandatario mantiene una lista actualizada semanalmente para evaluar qué funcionario de su gabinete es más austero.
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Según me contaba, la que siempre encabeza este ranking es la exsecretaria del trabajo, Luisa María Alcalde. Coincidentemente, estos despidos, en algunos casos injustificados, de cientos de inspectores a nivel nacional, se alinean con las medidas de pobreza franciscana.
Además de incumplir promesas, como rescatar a los mineros de Pasta de Conchos o a los del Pinabete, al menos en lo que resta de la Administración de AMLO, tendremos que acostumbrarnos al riesgo inminente de accidentes en lugares ilegales debido a la incapacidad del Estado para supervisar.
Lamentablemente, el Gobierno sólo sabe «lavarse las manos» y denunciar los hechos; más allá de eso, está superado. Es triste que, mientras en la Ciudad de México juegan a ser funcionarios «pobres y ahorradores», en Coahuila los mineros se enfrentan a la muerte.
No cabe duda de que la pobreza franciscana saldrá mucho más cara que los gobiernos anteriores, sin mencionar el coyotaje, la corrupción y la desigualdad con la que el Estado adquiere el mineral. En fin, toca esperar a que el presidente de México deje atrás las elecciones y comprenda que la austeridad exagerada seguirá causando problemas serios.
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