A una semana de explicar que la historia mexicana responde a quien está en el poder, las mañaneras de esta semana lo confirman
Cuando hablamos de “verdad histórica” en México, inevitablemente recordamos momentos en que esta frase se utilizó para imponer versiones oficiales cargadas de omisiones, manipulaciones y contradicciones. Esta semana, nuevamente fuimos testigos de cómo, desde las esferas más altas del poder, se intentó construir una narrativa oficial sobre un hecho que involucra la desaparición forzada, la búsqueda desesperada de familias y la posible manipulación de evidencia para negar realidades incómodas.
El día lunes por la mañana, en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum subió al podio para abordar un tema sensible, la supuesta manipulación de evidencia en los terrenos donde madres buscadoras encontraron indicios de restos humanos. El contexto no es ajeno al mexicano promedio, acostumbrado ya al doloroso panorama de fosas clandestinas, crematorios improvisados y terrenos donde la vida y la muerte son reducidas a estadísticas.
Sheinbaum fue firme, sin titubeos, afirmó: «En este gobierno no hay espacio para montajes, y mucho menos para verdades a medias o falsificaciones. Necesitamos claridad y evidencia contundente para confirmar cualquier denuncia». Mientras pronunciaba estas palabras, las madres buscadoras, en Jalisco y en varios puntos del país, observaban incrédulas desde sus hogares, preguntándose si alguna vez la evidencia que ellas mismas encontraron será considerada suficiente para ser verdad ante el poder político.
DETALLES DE LA NUEVA VERSIÓN
La historia de esta semana inició con la denuncia realizada por colectivos como Guerreros Buscadores de Jalisco. El grupo reportó haber encontrado restos óseos calcinados, prendas de vestir y objetos personales en un rancho llamado Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Pero la Fiscalía General de la República rápidamente lanzó un comunicado negando la existencia de «evidencia concluyente». Gertz Manero, en la Fiscalía General de la República, emitía declaraciones contundentes: «Para llevar un tema de delincuencia organizada ante un juez federal debe haber una claridad absoluta. Este hallazgo lo hizo un grupo ciudadano».
Al día siguiente, el tono desde Palacio Nacional fue incluso más enfático. Claudia Sheinbaum, nuevamente al frente, respaldada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien hasta entonces había permanecido en silencio, reforzó el mensaje oficial. Harfuch tomó la palabra para detallar que tras una exhaustiva inspección realizada por peritos forenses federales, «no se encontraron elementos que permitieran concluir que el sitio reportado fue utilizado para cremaciones clandestinas». La declaración resonó con fuerza en los medios y redes sociales, despertando en algunos sectores la duda sobre la veracidad de las denuncias hechas por las madres buscadoras.
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No obstante, mientras la administración federal insistía en su narrativa, los colectivos se mantuvieron firmes, mostrando fotografías y videos de los hallazgos. Las madres buscadoras señalaban abiertamente que no era la primera vez que ocurría algo así, recordando episodios similares en los casos de Ayotzinapa y Allende, donde la «verdad histórica» se había impuesto sin reflejar la realidad vivida por las víctimas y sus familias.
Mientras la semana avanzaba, la controversia adquiría nuevos matices. Un video difundido en redes sociales, supuestamente atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación, negó categóricamente que el rancho Izaguirre hubiese sido usado como crematorio clandestino. «No somos monstruos, nosotros no incineramos gente», declaraba la voz detrás de la cámara con una tranquilidad inquietante. Pero la precisión del lenguaje y la formalidad del video generaron sospechas entre analistas y observadores, quienes rápidamente lo señalaron como un montaje destinado a respaldar la versión oficial y desacreditar a los colectivos.
¿LAS MADRES INVENTARON…?
Las madres buscadoras, en cambio, continuaban recibiendo amenazas y presiones en las redes sociales, acusadas de «buscar protagonismo» o incluso de «alterar evidencia». Estas acusaciones crecieron rápidamente, alentadas por ciertos sectores políticos y mediáticos que intentaban respaldar la versión gubernamental. Para muchas de estas mujeres, madres y hermanas que han convertido la búsqueda de restos humanos en una dolorosa rutina. Estas difamaciones eran un golpe adicional en su lucha constante por la justicia y verdad.
Graciela Maya, abogada que asesora legalmente a diversos colectivos de búsqueda, cuestionó duramente las declaraciones oficiales: «¿Cuánto más necesitan para aceptar la realidad? Los colectivos tienen que hacer lo que las autoridades deberían haber hecho desde el principio. Es humillante que todavía pongan en duda estos hallazgos cuando se tienen tantas pruebas evidentes». Mientras pronunciaba estas palabras, recordó el caso de Puebla. Donde una madre buscadora fue asesinada tras haber proporcionado información clave sobre la ubicación del cuerpo de su hija.
En contraste, Omar García Harfuch insistía desde la conferencia matutina en que se mantenían abiertas todas las líneas de investigación, pero «sin caer en especulaciones». «Nosotros trabajamos con evidencia científica, no con percepciones», afirmó enfático, recibiendo la aprobación inmediata de Sheinbaum, quien añadía que «la verdad absoluta debe prevalecer siempre, sin importar a quién incomode».
Para las madres buscadoras, sin embargo, esta verdad parece alejarse cada vez más. «¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más quieren que encontremos para aceptar que nuestros hijos están ahí, quemados, enterrados como animales?», declaraba al borde de las lágrimas una de ellas ante los micrófonos de un medio local.
NO HAY INDICIOS
Mientras tanto, el fiscal Alejandro Gertz Manero añadía una nueva capa de escepticismo sobre las denuncias: «Lo que hay hasta ahora es insuficiente. Nosotros necesitamos pruebas contundentes y verificables, no solamente indicios». Esta declaración cayó como un balde de agua fría sobre las esperanzas de justicia de los colectivos.
El discurso oficial, al final de la semana, parecía claro y unificado. No había crematorio clandestino en Teuchitlán, o al menos no se había demostrado con evidencia científica suficiente. La presidenta Sheinbaum cerró su última conferencia con un tono solemne, pero decidido: «Este gobierno jamás participará en montajes o en fabricar verdades históricas. Necesitamos que la población confíe en nosotros, porque trabajamos con seriedad y transparencia».
A pesar de esta aparente seguridad en las palabras de la mandataria, en el terreno, las madres continuaron excavando, recogiendo fragmentos de ropa, huesos quemados, objetos personales que, para ellas, son evidencia suficiente de la tragedia que viven a diario. «Esto no es política, esto es nuestra realidad», afirmaron varias en respuesta a las declaraciones oficiales.
¿AHORA QUE MÁS LE VAN A AGREGAR?
La historia de esta semana no es nueva en México. Es el eco de tantas otras historias, la repetición de patrones donde la verdad oficial busca imponerse a toda costa. Pero las madres buscadoras, con su resistencia y dignidad, nos recuerdan que la verdad no se construye en los despachos del poder, sino que se encuentra en la tierra, entre el dolor y la memoria colectiva.
Finalmente, la «verdad histórica» que esta semana intentó imponerse desde las mañaneras podría no ser más que otra versión efímera destinada a ser cuestionada, investigada y posiblemente desmentida. Porque la verdadera historia, la de las víctimas y las familias que las buscan incansablemente, nunca podrá ser borrada con discursos desde el poder.
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