Resistencia, infidencia y el juicio de las élite en Saltillo en la independencia
El estallido de la insurrección novohispana acaecido en septiembre de 1810 bajo el liderazgo de Miguel Hidalgo y Costilla desencadenó una fractura estructural en la arquitectura política e institucional de la Nueva España. Tras las severas derrotas militares sufridas por el ejército insurgente en el centro del virreinato —particularmente la dispersión de sus fuerzas tras la Batalla del Puente de Calderón—, los mandos rebeldes emprendieron un repliegue estratégico hacia las Provincias Internas de Oriente. En este complejo escenario geográfico, la villa de Santiago del Saltillo emergió como un eje militar, fiscal y logístico determinante.
La reacción de las autoridades institucionales ante la inminente amenaza revolucionaria fue inmediata y enérgica. El 28 de septiembre de 1810, la autoridad colonial emitió desde San Luis Potosí una real provisión resguardada en el Archivo Municipal de Saltillo. Este documento ordenaba a todas las justicias locales de la jurisdicción dar aviso oportuno y vigilar celosamente cualquier movimiento o manifestación de simpatía hacia la rebelión. Ese mismo día, en la Junta Provincial de Real Hacienda, se dispuso la extracción de doscientos mil pesos de las cajas reales, así como la requisición de 104 escopetas y 84 pistolas almacenadas en las bodegas locales. Estos recursos fueron puestos bajo la responsabilidad directa del ministro tesorero Manuel Royuela, con el objetivo explícito de pertrechar al ejército realista comandado por el general Félix María Calleja en su avance para sofocar la sublevación iniciada en el pueblo de Dolores y en San Miguel el Grande.
A pesar de estas medidas preventivas, el análisis comparativo de los fondos documentales de la sección Presidencia Municipal del Archivo Municipal de Saltillo revela una profunda brecha entre la conducta de la población común y la de las élites locales. Mientras los sectores populares de la villa y del colindante pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala observaban la incursión armada con una mezcla de expectativa, temor y resignación, las oligarquías mercantiles, los dueños de latifundios y los miembros del Cabildo registraron la presencia insurgente como un periodo de caos e inestabilidad. Para estos grupos hegemónicos, la llegada de las tropas no representó la promesa de la libertad, sino la vulneración del orden corporativo, el colapso del crédito comercial y la ruptura violenta de sus compromisos de fidelidad con la Monarquía Hispánica.
LA CAMPAÑA SEPTENTRIONAL Y LA OCUPACIÓN DE SALTILLO EN 1811
La expansión de la insurrección hacia el norte de la Nueva España no obedeció a un repliegue caótico, sino a un plan de operaciones diseñado a finales de 1810 por el coronel e ingeniero de minas José Mariano Jiménez. Comisionado por Miguel Hidalgo para extender el movimiento revolucionario hacia San Luis Potosí, el Nuevo Reino de León y las provincias de Coahuila y Texas, Jiménez logró someter a vastas regiones gracias a la adhesión espontánea de las milicias locales.
El destino de Coahuila se decidió el 7 de enero de 1811 en el combate de Puerto del Carnero, una estrecha garganta montañosa situada al sur de la villa de Saltillo. En dicho paraje, una columna realista de aproximadamente 700 hombres al mando del gobernador Antonio Cordero y Bustamante fue derrotada por las fuerzas de Jiménez. La rápida disolución de la columna virreinal y la deserción masiva de los milicianos coahuilenses, quienes prefirieron sumarse a las filas insurgentes, culminaron con la captura del propio gobernador Cordero.
El 8 de enero de 1811, Mariano Jiménez hizo su entrada triunfal en Saltillo, estableciendo el primer gobierno rebelde en la zona y detonando un reordenamiento político sin precedentes. La caída de la villa facilitó la inmediata capitulación de poblaciones como Parras y Monclova, e impulsó a las autoridades civiles y eclesiásticas de Monterrey a proclamar su adhesión a la insurgencia el 26 de enero del mismo año. La posición estratégica de Saltillo se consolidó definitivamente con la llegada del general Ignacio Allende el 24 de febrero y el posterior arribo del Generalísimo Miguel Hidalgo y Costilla el 5 de marzo de 1811, transformando a la villa en la capital política y militar provisional de la revolución novohispana.
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Durante los once días que Miguel Hidalgo permaneció en Saltillo, la cúpula insurgente se hospedó en las Casas Reales y en la propia residencia del tesorero Manuel Royuela. En este breve lapso se tomaron decisiones políticas fundamentales. Entre ellas destaca la respuesta formal emitida ante el decreto del virrey Francisco Xavier Venegas del 11 de febrero de 1811, en el cual el gobierno colonial ofrecía un indulto general a los jefes rebeldes. Los caudillos reunidos en Saltillo rechazaron la propuesta virreinal, argumentando célebremente que la gracia del indulto era un beneficio reservado para los delincuentes comunes y de ningún modo para los defensores legítimos de los derechos de la patria.
Ante el avance inminente del ejército realista de Félix María Calleja, los mandos insurgentes celebraron trascendentales Juntas de Guerra en la Hacienda de Buena Vista entre el 15 y el 16 de marzo de 1811. En esas reuniones se resolvió retirar el mando militar supremo a Miguel Hidalgo para otorgárselo a Ignacio Allende, nombramiento que fue ratificado mediante una función religiosa de Te Deum en la Parroquia de Santiago Apóstol. Asimismo, se acordó conferir al licenciado Ignacio López Rayón el cargo de general en jefe de las fuerzas continentales, asistido por José María Liceaga, con la responsabilidad de mantener la resistencia en la plaza de Saltillo y sostener la contienda en el centro del país.
El 16 de marzo de 1811, la caravana insurgente principal, integrada por los líderes fundadores y una escolta de más de mil hombres, abandonó Saltillo con dirección a San Antonio de Béjar. El objetivo supremo de la expedición era alcanzar la frontera con los Estados Unidos para adquirir armamento, pertrechos y respaldo diplomático. No obstante, este proyecto político y militar se truncó trágicamente el 21 de marzo de 1811 en las Norias de Acatita de Baján. Afectados por el cansancio extremo, la falta de agua y la traición orquestada por el capitán retirado Ignacio Elizondo, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez fueron apresados sin capacidad de defensa, conducidos a Monclova y posteriormente trasladados a Chihuahua para ser juzgados y ejecutados.
DESARTICULACIÓN ECONÓMICA, FINANZAS PÚBLICAS Y EL QUEBRANTO MERCANTIL
Para las oligarquías de la villa de Saltillo, la experiencia de la ocupación insurgente estuvo marcada por el colapso de sus estructuras productivas y financieras. Saltillo actuaba como el motor comercial del noreste novohispano principalmente por la celebración anual de su afamada Feria. Este espacio mercantil no solo permitía la circulación de manufacturas, ganado, textiles y metales preciosos entre el centro del virreinato y las provincias del norte, sino que funcionaba como el pilar del crédito regional.
La ocupación del ejército rebelde desarticuló por completo este circuito económico mediante requisiciones forzosas, la incautación de cosechas en las haciendas periféricas y el secuestro de los fondos de la Real Hacienda. Además, la inseguridad en los caminos que conectaban a Saltillo con Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas paralizó el tráfico de los arrieros y provocó la quiebra de numerosas casas comerciales que operaban mediante libranzas y compromisos crediticios a largo plazo.
La urgencia por financiar la guerra afectó las finanzas locales en ambas direcciones. Tras la restitución del control realista, las autoridades virreinales impusieron fuertes cargas fiscales sobre la golpeada población. Muestra de ello es el bando emitido desde Monterrey el 19 de junio de 1815 mediante el cual el gobernador de la provincia exigió un préstamo forzoso de 100 mil pesos a los comerciantes y corporaciones de la jurisdicción para sostener el presupuesto militar y erradicar los núcleos guerrilleros que aún operaban en las sierras limítrofes.
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El impacto sobre las grandes familias propietarias, como la dinastía Sánchez Navarro —titular de inmensas extensiones ganaderas y agrícolas en la provincia—, derivó en una alianza defensiva e inmediata con las autoridades contrainsurgentes. Las medidas promulgadas por los insurgentes, tales como la abolición de tributos y la liberación de reos, fueron interpretadas por las élites locales como el preludio de un levantamiento de peones e indígenas que amenazaba con destruir la jerarquía estamental y la propiedad privada.
LA CONSTRUCCIÓN DOCUMENTAL DE LA INFIDENCIA
El examen compulsado de las fuentes manuscritas resguardadas en el Archivo Municipal de Saltillo permite rastrear cómo el aparato gubernamental novohispano persiguió, juzgó y penalizó los actos de infidencia o colaboración con los insurgentes entre 1810 y 1815. La documentación muestra que la política de la Corona osciló permanentemente entre la concesión de amnistías condicionales y la aplicación severa de confiscaciones judiciales.
Un documento central en esta dinámica es la real cédula expedida en Chihuahua el 20 de abril de 1811 por el comandante general Nemesio Salcedo y Salcedo. En este manuscrito se ordenó la publicación de la amnistía general y extraordinaria decretada por las Cortes Generales en España para beneficiar a todos aquellos vecinos que hubiesen militado o auxiliado a los ejércitos rebeldes. Sin embargo, el indulto incluía una condición coercitiva: para recibir la gracia del rey, los involucrados debían presentarse de forma obligatoria ante los jueces locales, delatar a los cabecillas de la insurrección en sus localidades y revelar la ubicación de las armas, caudales y pertrechos que permanecieran ocultos.
A la par de los indultos, las autoridades del fuero militar y civil ejecutaron secuestros de bienes contra los patriotas sublevados. El 5 de agosto de 1811, el juez José Manuel Ruiz de Aguirre hizo circular la orden transmitida por el comandante Nemesio Salcedo para proceder a la inmediata confiscación de los bienes pertenecientes a los jefes insurgentes Nicolás Zapata y Francisco Lanzagorta.
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La aplicación práctica de esta orden quedó registrada en las actuaciones judiciales del 25 de octubre de 1811. En esa fecha, el subdelegado de Saltillo, José María de Loo, se trasladó personalmente a la Hacienda de Santa María para notificar el auto de embargo a Luisa Osorio, esposa de Nicolás Zapata. El expediente muestra el drama humano derivado de estos procesos: al ser interrogada bajo juramento para que pusiera de manifiesto sus alhajas, ropa y bienes, Luisa Osorio declaró que desde la aprehensión de su marido en tierras de Coahuila había sido despojada de su coche, mulas, equipaje y vestuario de uso personal. Afirmó que únicamente conservaba un baúl con prendas indispensables para vestir y que su traslado a la villa de Saltillo se había logrado gracias a un acto de caridad del coronel Ignacio Elizondo, siendo su estado de penuria y miseria un hecho de conocimiento público entre los vecinos de la comarca.
El clima de sospecha e infidencia que dominó a la sociedad saltillense tras el retorno del gobierno realista dio lugar a amargos litigios por el honor y la reputación pública. Muestra representativa de esta tensión es la causa iniciada el 2 de julio de 1812, en la que los miembros de la Junta de Seguridad y Buen Orden de la Villa del Saltillo formularon una denuncia formal contra el individuo Alejandro Cerraton. La querella respondía a un escrito difamatorio presentado por Cerraton ante el subdelegado del Real de Catorce, en el cual acusaba abiertamente a la totalidad de los habitantes de Saltillo de haberse enriquecido y beneficiado directamente de los robos, saqueos y despojos cometidos por los insurgentes durante los meses de ocupación. Para el Cabildo y los vecinos distinguidos, la acusación de Cerraton representaba una injuria infamante que ponía en duda la lealtad irrestricta que la villa juraba profesar al rey Fernando VII.
Las secuelas financieras del conflicto se extendieron durante varios años en los juzgados locales. Un caso que ilustra la complejidad de los reclamos por bienes incautados es la solicitud incoada el 9 de febrero de 1814 por el capitán Pedro de Imaz, teniente coronel del Regimiento de Dragones de San Luis. Como apoderado de la fianza mortuoria de su difunto suegro, el regidor Tadeo Cortina, Imaz compareció ante el juzgado para exigir la devolución de cuatro barras de plata (tres de plata pura y una con ley de oro) que habían sido arrebatadas a las tropas insurgentes durante la aprehensión en Baján y depositadas en las Cajas Reales de la Soledad de Pinos.
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En su escrito, el capitán Imaz denunció que, pese a contar con la certificación oficial de la propiedad de las barras expedida en la Tesorería Divisional de Saltillo, el ministro tesorero Manuel Royuela rehusaba entregarle el dinero o expedirle un pagaré formal respaldado por el gobierno. Royuela justificaba su negativa alegando que las cuatro barras de plata habían sido fundidas y gastadas de urgencia en el «purgamento» y pago de la tropa realista durante las emergencias militares libradas por la Real Hacienda. Imaz acusó al tesorero de sostener una morosidad reprensible mediante evasivas de enfermedad, afectando su honor personal y comprometiendo gravemente los intereses financieros de los herederos menores de edad de la testamentaría.
A la par de estos litigios por la restitución de bienes patrimoniales, la Corona procuró consolidar la lealtad militar mediante la atención de las víctimas de la contienda. El 8 de noviembre de 1812, las autoridades provinciales recibieron desde Chihuahua una real cédula mediante la cual se dictaban las instrucciones y requisitos legales para que las viudas y huérfanos de los soldados realistas caídos en combate contra los insurreccionados pudieran solicitar pensiones de gracia ante la Real Hacienda.
La pacificación definitiva de la región siguió siendo una meta esquiva para el virreinato. Incluso hacia finales de 1815, tras la derrota de los principales focos rebeldes en el centro del país, la autoridad colonial continuó recurriendo a la combinación de indultos y fuerza militar. El 22 de diciembre de 1815, el virrey Félix María Calleja promulgó en la villa de Saltillo un nuevo bando de indulto dirigido a los insurgentes que aún permanecían levantados en armas en las zonas serranas de Coahuila y el Nuevo Reino de León, ofreciéndoles el perdón real a cambio de depositar las armas y someterse a la autoridad virreinal.
EL DISCURSO CAPITULAR COMO ESTRATEGIA DE AUTODEFENSA LEGAL
El uso sistemático de un lenguaje condenatorio en las actas de cabildo, causas judiciales y bandos emitidos en Saltillo entre 1811 y 1815 —donde los combatientes insurgentes son tachados indefectiblemente de «gavillas de sediciosos», «facciosos», «turba rebelde» o «malhechores»— no debe leerse como una simple manifestación de convicción absolutista por parte de los redactores. El empleo de este aparato retórico obedeció a una cuidada estrategia de autodefensa jurídica formulada por las élites locales ante las autoridades del virreinato.
Puesto que la villa de Santiago del Saltillo permaneció bajo la ocupación directa del ejército insurgente por más de dos meses, sus autoridades capitulares, comerciantes y propietarios de fincas se vieron forzados a colaborar de forma operativa mediante el alojamiento de tropas, la facilitación de suministros y la entrega de recursos a los jefes rebeldes. Tras la restauración del orden colonial a partir de abril de 1811, los miembros del ayuntamiento necesitaban asentar documentalmente que cualquier auxilio prestado a las fuerzas de Mariano Jiménez, Ignacio Allende o Miguel Hidalgo se había realizado bajo la amenaza coercitiva de las armas y la inminencia del saqueo.
De este modo, acentuar la adjetivación denigrante contra los caudillos de la independencia en las causas de infidencia permitía a las familias prominentes de Saltillo y de San Esteban de la Nueva Tlaxcala desmarcarse de las sospechas de traición a la Corona. Este manejo del discurso instrumental sirvió para proteger sus vidas, asegurar la continuidad de sus cargos en la administración municipal y blindar sus haciendas y tiendas de las confiscaciones ejecutadas por la Junta de Secuestros.
CONSIDERACIONES FINALES
El examen integral y compulsado de las fuentes documentales custodiadas en el Archivo Municipal de Saltillo demuestra que el proceso de independencia en el septentrión novohispano constituyó un conflicto dinámico, donde se cruzaron la geopolítica militar, la devastación de la economía regional y las luchas por la preservación del poder local.
La villa de Saltillo no fue un escenario secundario en la contienda, sino la plaza estratégica donde la cúpula revolucionaria reorganizó el mando político y militar de la nación, rechazó categóricamente la oferta de indulto dictada por el régimen virreinal y encomendó a Ignacio López Rayón la continuidad de la insurgencia en el interior del país.
Al mismo tiempo, la compulsa de los expedientes de la sección Presidencia Municipal revela cómo la oligarquía mercantil y terrateniente de la región reaccionó para proteger sus intereses de clase. A través del uso deliberado de las causas de infidencia, los embargos judiciales y el manejo del discurso de fidelidad al rey Fernando VII, las élites saltillenses lograron sortear la crisis del orden colonial, adaptándose a las exigencias fiscales y militares de la contrainsurgencia para afianzar su hegemonía en la estructura política de las Provincias Internas de Oriente.
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