En un país donde la verdad se manipula y la historia se distorsiona, ¿es posible conocer realmente lo que ocurrió en crímenes como Ayotzinapa, Allende o Teuchitlán?
El 24 de marzo se conmemora el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con las Violaciones de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas. Suena irónico, pero en México, donde la verdad es un espectro que el poder acomoda a conveniencia, la conmemoración resulta un chiste.
¿Cómo honrar el derecho a la verdad en un país donde todos los días se viola? Donde los desaparecidos se cuentan por miles, los feminicidios son rutina y los responsables rara vez pagan. ¿Cómo conmemoramos este día en una nación donde la historia no es un registro fidedigno de los hechos, sino una construcción a modo de quien la dicta?
Este no es un fenómeno nuevo. La mentira institucionalizada es un viejo hábito del Estado mexicano. No importa el gobierno en turno, la fórmula se repite: se construye una versión oficial de los hechos, se ignoran las pruebas que la contradicen y se cierra el caso con un sello de «verdad histórica». Así sucedió con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Ocurrió en la masacre de Allende en 2011. Hoy, el rancho Izaguirre en Teuchitlán se encamina a convertirse en el siguiente episodio de este ciclo perverso de desinformación y encubrimiento.
¿QUÉ VERDAD QUEREMOS RECORDAR?
Si le preguntas a la academia, seguramente dirán que la historia no solo permite entender el pasado, sino también analizar las estructuras y procesos que influyen en la sociedad actual. Ayuda a la formación del pensamiento crítico, la construcción de identidad y fortalece la comprensión de la cultura y las tradiciones.
Pero, ¿qué identidad vamos a tener y cuál es la que queremos que adquieran las próximas generaciones? ¿La de vivir escondidos, con miedo, buscando en fosas clandestinas?
No debería ser una preocupación el legado que nos deje la historia. Al final de cuentas, la escuela mexicana nos da una historia patria llena de héroes, de situaciones que debieran hacernos sentir «verdaderos mexicanos», orgullosos de nuestras raíces. Pero es justo ahí donde se abre esta preocupación.
Para quienes nos dedicamos a la historia, es inevitable preguntarnos: en algún momento, quienes nos siguen serán los encargados de plasmar estos horrores que existen en el país. ¿Pero quién va a leerlos?
Aquí es donde los historiadores debemos bajarnos a escribir para todos y no solo para la academia, llevar la difusión de una manera más cercana a los lectores. Hacer que esta materia deje de ser “aburrida”. Tampoco digo que seamos crudos al narrar los sucesos, estaríamos cayendo en el amarillismo y el sensacionalismo; pero sí podemos legar ese cambio de contar los hechos sin matices, sin blanco y negro.
Porque para evitar que los hechos se repitan, lamentablemente no contamos con los gobiernos. Contamos con la sociedad.
LA VERDAD HISTÓRICA: CUANDO LA MENTIRA SE INSTITUCIONALIZA
El término «verdad histórica» no es un concepto académico. Es un eufemismo que encierra una construcción oficial de los hechos, una narrativa diseñada para dar carpetazo a los casos incómodos. En México, su significado se consolidó con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014.
Jesús Murillo Karam, entonces Procurador General de la República, presentó una versión de los hechos que intentaba cerrar el caso: según la versión oficial, los estudiantes fueron detenidos por policías municipales en Iguala, entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, asesinados y calcinados en un basurero en Cocula. Los restos habrían sido arrojados a un río cercano.
El problema con esta narrativa es que no resistió el más mínimo análisis. Peritajes independientes demostraron que en Cocula no hubo un fuego lo suficientemente intenso como para incinerar 43 cuerpos. Además, se descubrió que los testimonios en los que se basó la investigación oficial fueron obtenidos mediante tortura. Con el tiempo, la versión de la «verdad histórica» colapsó.
Pero Ayotzinapa no fue el primer caso, ni sería el último.
ALLENDE 2011: LA HISTORIA QUE EL ESTADO QUISO OLVIDAR
Si en Ayotzinapa se impuso una «verdad histórica», en Allende se aplicó el olvido deliberado.
En marzo de 2011, sicarios de Los Zetas tomaron el pueblo de Allende, Coahuila, y desaparecieron a decenas de personas. La cifra oficial reconoció 42 desaparecidos, pero investigaciones independientes sugieren que pudieron haber sido más de 300. Durante un fin de semana de terror, las familias de los acusados de traición fueron ejecutadas sin distinción, incluidos niños y ancianos.
Las familias denunciaron. Suplicaron ayuda. Exigieron justicia. Las autoridades no hicieron nada. La policía municipal recibió órdenes de no patrullar ni responder a llamadas de auxilio. Los Zetas operaron con total impunidad.
La masacre de Allende quedó enterrada hasta que, en 2014, la presión mediática forzó al gobierno a reconocer el caso. Pero el daño ya estaba hecho. Las familias siguen buscando los restos de sus seres queridos, mientras los principales responsables nunca fueron llevados ante la justicia.
TEUCHITLÁN 2025: ¿LA NUEVA «VERDAD HISTÓRICA»?
El 17 de marzo de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró en su conferencia matutina que «en su gobierno no habrá construcción oscura de verdades históricas».
Las palabras suenan bien. Pero la realidad es otra.
El rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, ha sido señalado por colectivos de búsqueda como un crematorio clandestino del Cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, las autoridades federales han minimizado los hallazgos. La Fiscalía General de la República declaró que «no hay evidencia definitiva de un crematorio clandestino», a pesar de que se han encontrado cenizas humanas y restos calcinados.
Mientras tanto, videos atribuidos al crimen organizado niegan la existencia del crematorio en mensajes que parecen comunicados oficiales. Las autoridades no contradicen esa versión.
Los colectivos de búsqueda siguen encontrando evidencia, pero el Estado duda, posterga y evade. Teuchitlán está en disputa: ¿se dirá la verdad o se fabricará otra versión oficial?
EL DERECHO A LA VERDAD: UNA LUCHA DE LA SOCIEDAD, NO DEL ESTADO
El derecho a la verdad no es un favor que el gobierno otorga. Es un derecho que la sociedad exige.
Ni en Ayotzinapa, ni en Allende, ni en Teuchitlán fueron las instituciones quienes buscaron la verdad. Fueron las madres que siguen buscando a sus hijos, los colectivos de búsqueda que cavan en fosas clandestinas, los periodistas y activistas que se niegan a olvidar.
Los gobiernos cambian, las versiones oficiales se reescriben, pero la verdad real no depende de ellos.
Mientras haya quienes sigan preguntando ¿dónde están?, mientras haya quienes sigan escarbando en la tierra para encontrar los restos de los desaparecidos, la historia no podrá ser borrada.
Y en un país donde la impunidad es la norma, la memoria es el único acto de resistencia.
LA HISTORIA LA ESCRIBEN LOS SOBREVIVIENTES
El Estado quiere controlar la narrativa, pero la memoria no le pertenece.
Ayotzinapa tuvo su «verdad histórica», pero no la real. Allende fue borrado del mapa hasta que las familias lo trajeron de vuelta. Teuchitlán está en disputa. La historia de México no solo la cuentan los gobiernos. También la cuentan los que resisten, los que buscan, los que se niegan a aceptar la mentira como destino.
Este 24 de marzo, el Día Internacional del Derecho a la Verdad no es una conmemoración vacía. Es un recordatorio de que la verdad sigue secuestrada. Y que solo con la lucha colectiva podrá ser recuperada.
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