El futuro energético de México depende del equilibrio entre el sector público y la inversión privada
El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) se encuentra en un momento crucial de transformación, impulsado por las nuevas demandas energéticas de los sectores económicos y de la población, la urgente necesidad de proteger el medio ambiente y la adaptación a la nueva política energética establecida por la primera presidenta de la República Mexicana, la Dra. Claudia Sheinbaum.
Por lo tanto, cualquier decisión que altere el funcionamiento de la industria eléctrica tendrá un impacto directo en la forma en que se abordan los desafíos energéticos del país.
Esto es especialmente relevante en el contexto de los compromisos ambientales asumidos tanto a nivel nacional como internacional, que buscan mitigar el cambio climático y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
En los últimos años, el Gobierno Federal ha implementado una serie de iniciativas con el objetivo de limitar la participación de productores privados en la generación de energía eléctrica. Estas acciones han incluido propuestas de reformas constitucionales y cambios en diversas leyes que regulan el sector energético.
Sin embargo, no fue sino hasta el pasado 10 de octubre de 2024, bajo el mandato de Claudia Sheinbaum, que la Reforma Energética fue finalmente aprobada en la Cámara de Diputados.
Esta decisión, que marca un punto de inflexión en la política energética del país, podría tener implicaciones de gran alcance. No solo afectaría el panorama energético, sino que también influiría en la competitividad del sector eléctrico, la atracción de inversiones en tecnologías limpias y sostenibles, y, por lo tanto, en el medio ambiente y el bienestar de la población.
Si deseas conocer más sobre los detalles de esta reforma y sus posibles implicaciones en el futuro eléctrico y ambiental de México, te invitamos a seguir leyendo.
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA EN EL SEN
La evolución de la participación privada en el SEN de México ha sido un proceso marcado por distintas etapas y transformaciones significativas. Hasta 1910, en la época pre-revolucionaria, el sector eléctrico estaba dominado por empresas privadas extranjeras, principalmente estadounidenses.
Este control generaba inquietudes en la población debido a los altos costos y la limitada accesibilidad a la electricidad. La situación cambió drásticamente en 1937, cuando el presidente Lázaro Cárdenas expropió las empresas eléctricas extranjeras y estableció la Comisión Federal de Electricidad (CFE), creando un monopolio estatal que administraría la generación, transmisión y distribución eléctrica en el país durante varias décadas.
A partir de 1990, se iniciaron reformas constitucionales y legales que permitieron una apertura parcial al sector privado, especialmente en áreas específicas de la generación de electricidad.
Durante este periodo, se facilitó la participación del sector privado en la construcción y operación de centrales eléctricas, así como en la prestación de servicios auxiliares al SEN.
Sin embargo, fue la Reforma Energética de 2013 la que marcó un hito importante al ampliar significativamente la participación privada, abriendo la puerta a una variedad más amplia de actividades que incluían generación, algunos proyectos de transmisión, distribución y comercialización de electricidad.
Este cambio llevó a la creación de un mercado eléctrico mayorista y la implementación de subastas de energía, incentivando la competencia y atrayendo inversiones significativas del sector privado.
PANORAMA ACTUAL
Recientemente, el marco legal y regulatorio para la inversión privada en el sector eléctrico en México ha continuado evolucionando, enfrentando numerosos retos y desafíos. En octubre de 2021, Andrés Manuel López Obrador presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa de Reforma Constitucional que buscaba modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Dicha propuesta tenía como objetivo restablecer el papel rector de la CFE, dándole prioridad en el despacho de energía y relegando la generación privada a un segundo plano.
Sin embargo, esta propuesta no logró ser aprobada, lo que llevó al gobierno a explorar alternativas para fortalecer a la CFE. En este marco, se llevó a cabo la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica en 2021, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declaró inconstitucional.
El 5 de febrero de 2024, López Obrador volvió a presentar una iniciativa para modificar la Constitución, con el fin de afianzar los cambios necesarios para fortalecer a la CFE.
Pero no fue sino hasta el mandato de Claudia Sheinbaum, apenas nueve días después de asumir la presidencia, que la reforma fue enviada a la Cámara de Diputados para su debate. Tras más de 14 horas de discusión, en la madrugada del 10 de octubre de 2024, la Reforma Energética fue finalmente aprobada con 350 votos a favor, 111 en contra y una abstención.
CAMBIOS SIGNIFICATIVOS
Entre los cambios más significativos que implica esta reforma constitucional se encuentran los siguientes:
- Regreso del estatus de Empresas Públicas del Estado a PEMEX y la CFE: Ambas entidades, que en la Reforma Energética de 2013 habían sido transformadas en Empresas Productivas del Estado y reguladas bajo el derecho mercantil y civil, retornan a su condición original de Empresas Públicas del Estado, bajo un esquema de mayor control y supervisión estatal.
- Preponderancia de la CFE en el despacho de energía: Esto significa que la electricidad generada por la CFE será la primera en ingresar a la red de transmisión, dejando para después la producida por empresas privadas, lo que contrasta con el esquema actual donde tienen prioridad los productores independientes.
- Cumplimiento del esquema 54-46: Con esta reforma se establece que la CFE generará al menos el 54% de la electricidad, mientras que los productores privados verán limitada su participación a un máximo del 46%. Este esquema tiene como objetivo asegurar que la mayoría de la energía eléctrica provenga de fuentes controladas por el Estado.
Este nuevo panorama genera incertidumbre sobre el futuro del sector eléctrico, la capacidad de atraer inversiones privadas y las posibles repercusiones de limitar la participación privada en la generación de electricidad, tanto en términos de costos como en el avance hacia la transición energética.
CONSECUENCIAS DE LA REFORMA ENERGÉTICA 2024
En el ámbito de la generación de electricidad, aproximadamente un tercio proviene de permisionarios independientes.
La propuesta de limitar su participación a un máximo del 46%—con un rango que puede variar entre cero y 46%—implicaría que la CFE necesariamente tendría que generar por sí misma la energía que estarían dejando de producir los privados, para así garantizar el suministro eléctrico sin afectar a los hogares y empresas en el país.
Esta situación conllevaría costos adicionales significativos, estimados entre 141.6 y 382.8 mil millones de pesos (mmdp), según el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO). Dichas estimaciones se basan en simulaciones que analizan el impacto de reducir la participación de los productores privados a porcentajes de cero y 50%.
Estos gastos adicionales representarían una carga financiera significativa para la CFE, recursos que podrían destinarse a áreas más críticas, donde el Estado tiene la responsabilidad exclusiva, como en la transmisión y distribución de energía eléctrica.
La falta de modernización de las redes se evidenció recientemente con los apagones que ocurrieron en varias ocasiones durante mayo de este año, lo que dificultó hacer frente al aumento en la demanda de electricidad.
Te puede interesar: Con la Reforma Energética, PEMEX y CFE volverán a ser empresas públicas: Sheinbaum
Por ejemplo, el costo de eliminar por completo la participación de los privados alcanzaría los 382.8 mil millones de pesos (mmdp), una cifra que equivale a más de tres veces la inversión total que la CFE tenía proyectada para el área de transmisión y distribución de electricidad entre 2021 y 2024, que era de 114.9 mmdp, según su Plan de Negocios 2021-2025.
Los costos que la CFE tendría que asumir al reducir la participación de los privados estarían relacionados con los siguientes aspectos:
- Costos de operación: Utilizar completamente su capacidad instalada de la CFE para generar la electricidad adicional implica gastos operativos y de mantenimiento en sus centrales eléctricas.
- Costos de nueva infraestructura: Para satisfacer el aumento proyectado en la demanda eléctrica, será necesario construir nuevas centrales, lo que conlleva costos de construcción, operación y mantenimiento.
- Costos de generación de electricidad: Al prescindir de la electricidad generada por los privados, el precio de la electricidad aumentaría, dado que aproximadamente dos tercios de la capacidad instalada de la CFE proviene de centrales convencionales, cuyo costo promedio es más alto que el de las instalaciones que utilizan tecnologías limpias.
- Costos de indemnización a los privados: Esto incluiría compensaciones por la cancelación de su despacho de energía.
Según el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2024-2038 (PRODESEN), la capacidad instalada alcanzó los 89,008 MW al 31 de diciembre de 2023. De esta capacidad, el 36.46% correspondió a centrales de energía limpia, mientras que el 63.5% a unidades convencionales basadas en combustibles fósiles.
En términos de propiedad, el 51.2% de la capacidad instalada del SEN perteneció a la CFE, mientras que el 48.8% restante a empresas privadas. Del total de capacidad en energías limpias a nivel nacional, los productores independientes poseyeron el 52.9%, en contraste con el 47.1% de la paraestatal.
Te puede interesar: Regresa subsidio a gasolina Magna del 12 al 18 de octubre: SHCP
Es importante destacar que, si se reduce la participación del capital privado, se podría obstaculizar la transición energética del país. Esto se debe a que los actores privados son los que cuentan con una mayor capacidad instalada en centrales que utilizan energías limpias, destacando principalmente en unidades eoloeléctricas, fotovoltaicas y de cogeneración eficiente, tal como se ilustra en el Mapa 1.
Mapa 1. Principales 49 centrales eléctricas propiedad de empresas privadas. 2023.
Fuente: PRODESEN 2024-2038.
En contraste, la CFE tiene una estructura interna en la que solo el 33.5% de su capacidad corresponde a energías limpias. Esta proporción se compone principalmente de centrales hidroeléctricas y una planta nucleoeléctrica, cuyos costos de generación suelen ser más altos que los de otras fuentes renovables (véase Mapa 2).
Mapa 2. Principales 74 centrales eléctricas propiedad de la CFE. 2023.
Fuente: PRODESEN 2024-2038.
Encuentra este y otros contenidos en nuestros Semanarios A Tiempo.Tv
Esto implicaría un incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero y una menor penetración de fuentes limpias en la matriz de generación, alejando al país aún más de las metas establecidas en la Ley General de Cambio Climático.
La cual estipula que, para 2024, al menos el 35% de la electricidad en México debería ser limpia. Sin embargo, los datos preliminares de 2023 indican que sólo el 23.2% de los 346,501 GWh producidos fueron libres de emisiones de GEI, ubicándose en más de 10 puntos porcentuales por debajo de la meta.
El panorama descrito resalta la necesidad de mantener un equilibrio entre la participación del sector público y privado. Esto es crucial no sólo para asegurar la estabilidad del suministro eléctrico, sino también para avanzar hacia un modelo energético más sostenible y menos dependiente de los combustibles fósiles.
El futuro del sistema energético mexicano depende de una colaboración efectiva entre ambos sectores, que incentive la inversión en tecnologías limpias y promueva prácticas de generación más eficientes.
ATiempo.Tv es el primer medio de comunicación nativo digital e independiente en Coahuila, caracterizado por su compromiso y responsabilidad de contribuir a la sociedad; brindando información verificada de manera profesional, ética y confiable. Es por eso que te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que tengas acceso a las noticias más relevantes a nivel local, nacional e internacional.