La militarización en México ha dejado una estela de violencia, impunidad y desconfianza en las instituciones civiles
Desde que el presidente Felipe Calderón lanzó la guerra contra el narcotráfico en 2006, México ha experimentado una militarización constante en la lucha contra el crimen organizado. Esta estrategia implicó el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, con la esperanza de reducir la violencia y desmantelar los cárteles de la droga. Sin embargo, la militarización también trajo consigo un aumento en los enfrentamientos violentos y las violaciones a los derechos humanos, generando un debate sobre su efectividad y consecuencias a largo plazo.
El informe sexenal recién liberado de la organización Causa Común afirma que presidencia de Andrés Manuel López Obrador no fue la excepción, sino que amplió y formalizó esta militarización. En 2019, se creó la Guardia Nacional, inicialmente concebida como una fuerza civil, pero rápidamente convertida en una entidad predominantemente militar bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Durante su sexenio, las Fuerzas Armadas asumieron un papel cada vez más prominente en diversas áreas de la administración pública, desde la gestión de aduanas hasta la construcción de proyectos de infraestructura, consolidando su presencia en la vida cotidiana de los mexicanos.
El actual gobierno de Claudia Sheinbaum ha continuado y profundizado esta tendencia, consolidando la militarización como una política de Estado. A pesar de las críticas y los desafíos, la administración de Sheinbaum ha mantenido un alto presupuesto para las Fuerzas Armadas y ha asignado nuevas funciones a estas instituciones, perpetuando la militarización como una estrategia central en la lucha contra el crimen y la inseguridad en México.
MILITARIZACIÓN EN EL SEXENIO DE LÓPEZ OBRADOR
Durante el sexenio de López Obrador (2018-2024), la militarización se intensificó significativamente. Un componente esencial de esta estrategia fue la creación de la Guardia Nacional en 2019, inicialmente concebida como un cuerpo civil, pero rápidamente convertida en una fuerza predominantemente militar bajo el control de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La administración de López Obrador asignó al Ejército y la Marina tareas que iban más allá de la seguridad, incluyendo la gestión de aduanas, puertos y aeropuertos, y la construcción de proyectos de infraestructura.
El presupuesto para las Fuerzas Armadas alcanzó niveles históricos, superando los 67 mil millones de pesos para la Guardia Nacional en 2024, más de 247 mil millones para la Sedena y 68 mil millones para la Secretaría de Marina (Semar). Sin embargo, estos recursos no se tradujeron en una mejora significativa en la seguridad pública. Durante este sexenio, México registró el mayor número de homicidios desde que existen registros, con 196,523 víctimas de homicidio doloso y una cifra alarmante de 5,804 víctimas de secuestro.
ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
La inseguridad, la impunidad y la injusticia fueron constantes durante el sexenio de López Obrador. La Policía Federal fue desmantelada, y las policías estatales y municipales sufrieron un deterioro significativo, operando en condiciones de precariedad extrema. Los salarios bajos, la falta de pago de bonos, las condiciones inseguras y la insuficiencia en capacitación y equipamiento llevaron a numerosas movilizaciones y paros policiales. Al menos 2,456 policías fueron asesinados durante este periodo, reflejando la violencia y el riesgo que enfrentan los cuerpos de seguridad.
Causa en Común, una organización dedicada a la transparencia y la justicia, ha documentado extensamente estas deficiencias. Sus informes destacan el debilitamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y la ineficacia del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), que apenas se reunió seis veces y formuló acuerdos mayoritariamente administrativos, dejando de lado la urgente tarea de fortalecer las instituciones de seguridad.
El abandono y la precariedad laboral en las policías locales son alarmantes. Desapareció el FORTASEG, fondo que apoyaba a los municipios en materia de seguridad, y el fondo de apoyo a las entidades, el FASP, no tuvo mayor impacto en favor de las policías estatales. Estas condiciones explican que en el sexenio se registraran al menos 413 movilizaciones de policías, incluyendo 183 paros, 165 manifestaciones y 65 emplazamientos a paro, abarcando la mayoría de los estados del país.
INCIDENCIA DELICTIVA Y MANIPULACIÓN DE DATOS
Los datos sobre incidencia delictiva durante el sexenio de López Obrador son alarmantes. Se registraron 56,607 víctimas de extorsión, 472,589 casos de narcomenudeo y 1,441,838 casos de violencia familiar. Causa en Común ha señalado que estos números, por alarmantes que sean, no reflejan la realidad completa, ya que sólo se denuncia el 7% de los delitos. Además, hay indicios de manipulación en los registros, con casos de homicidios dolosos trasladados a categorías de homicidios culposos o «otros delitos contra la vida».
La organización Causa en Común, también ha llevado un seguimiento de las atrocidades cometidas durante este periodo, registrando 26,614 casos, incluyendo 6,501 de tortura y 2,469 masacres. La opacidad del gobierno de López Obrador ha dificultado la obtención de información confiable, con respuestas evasivas o parciales a solicitudes de transparencia y una manipulación sistemática de la información en las conferencias de prensa matutinas.
El impacto de estos eventos en la percepción pública de la seguridad es profundo. La constante manipulación de datos y la falta de información veraz han generado desconfianza en las instituciones encargadas de la seguridad pública. Las conferencias de prensa matutinas, que se convirtieron en un esfuerzo sistemático para ocultar y tergiversar la información, no abordaron nunca de manera clara la estrategia de seguridad, ni el desarrollo de las policías locales, las fiscalías o los centros penitenciarios.
CONTINUIDAD EN EL GOBIERNO DE CLAUDIA SHEINBAUM
El actual gobierno de Claudia Sheinbaum ha continuado y profundizado la militarización. El Congreso mexicano aprobó una reforma que extiende hasta 2028 la participación del Ejército y la Marina en operativos de seguridad ciudadana. La Guardia Nacional sigue operando bajo el control de la Sedena, consolidando la militarización como una política de Estado.
La administración de Sheinbaum ha mantenido un alto presupuesto para las Fuerzas Armadas y ha asignado nuevas funciones a estas instituciones. Sin embargo, la seguridad pública sigue siendo un desafío. Organizaciones como Causa en Común critican que la militarización no ha mejorado significativamente la situación de violencia e inseguridad, y que ha debilitado las instituciones civiles, como las policías locales y las fiscalías.
En términos presupuestales, el gobierno de Sheinbaum ha continuado con la tendencia de asignar recursos significativos a las Fuerzas Armadas. Esta estrategia ha sido criticada por su impacto negativo en las instituciones civiles de seguridad, que siguen operando en condiciones de precariedad y falta de recursos.
IMPACTO Y DESAFÍOS
La militarización en México ha tenido un impacto profundo en la sociedad. Aunque la presencia militar busca disuadir la actividad criminal, los resultados han sido mixtos y la violencia sigue siendo un problema grave. La desconfianza en las instituciones civiles se ha incrementado, y la militarización ha generado críticas por el debilitamiento de la democracia y los derechos humanos.
La inseguridad, la impunidad y la injusticia continúan siendo problemas estructurales en México. A pesar de los esfuerzos por mejorar la situación, la militarización no ha logrado resolver estos desafíos de manera efectiva. La sociedad mexicana enfrenta el reto de encontrar un equilibrio entre la seguridad y el respeto a los derechos humanos, y de fortalecer las instituciones civiles para garantizar la justicia y la paz.
La continuidad de la militarización en el gobierno de Sheinbaum plantea la necesidad urgente de revisar y fortalecer las estrategias de seguridad. Es fundamental que se priorice el desarrollo de las policías locales, las fiscalías y los centros penitenciarios, y que se implemente una política de seguridad que respete los derechos humanos y fortalezca la confianza en las instituciones civiles.
Esto ha dejado una estela de violencia, impunidad y desconfianza en las instituciones. La continuidad de esta política en el gobierno actual plantea la necesidad urgente de revisar y fortalecer las estrategias de seguridad, con un enfoque en la justicia y los derechos humanos.
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