Andrés Manuel López Obrador prometió durante su campaña una sociedad más justa, donde todos tuvieran acceso a buenas oportunidades; para cumplir esta promesa, implementó los programas de Bienestar
El 20 de enero es conocido como el Día Mundial de la Justicia Social. Este día se dedica a promover la idea de que nadie debe estar limitado en su acceso a un buen ingreso, educación, salud y servicios de calidad. En otras palabras, los gobiernos deben trabajar para garantizar que los ciudadanos tengan acceso a buenas oportunidades de vida y bienestar.
Esto implica, en cierta medida, trabajar para reducir los índices de pobreza en el país. Desde que Andrés Manuel López Obrador inició sus campañas para la Presidencia, prometió que su gobierno sería para todos. Una vez que ganó la Presidencia, puso en marcha los programas de Bienestar, que han ido en aumento hasta llegar a un total de ocho. Pero, ¿han ayudado estos programas a reducir la pobreza y a permitir el acceso a mejores oportunidades para las personas?
ÍNDICE DE POBREZA EN MÉXICO
Según el último estudio del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), México ha logrado reducir su número de pobres en 8.9 millones, llegando a un total de 46.8 millones de personas. Esto es casi un 16% menos que las 55.7 millones de personas en 2020.
El periodo de análisis es de 2018 a 2022 ya que permite tomar en cuenta las implicaciones económicas y sociales de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). Durante este tiempo, el porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional a nivel nacional pasó de 41.9% a 36.3%. Esto significa que, en 2022, 36 de cada 100 personas en México presentaban al menos una privación en sus derechos sociales y tenían un ingreso mensual por persona insuficiente para adquirir una canasta alimentaria, así como bienes y servicios necesarios. El porcentaje de la población en situación de pobreza extrema permaneció en niveles similares entre 2018 y 2022: 7.0% en 2018 y 7.1% en 2022. Esto indica que el número de personas en pobreza extrema pasó de 8.7 a 9.1 millones de personas entre 2018 y 2022.
¿Cómo se mide la pobreza por ingresos?
Entre 2018 y 2022, el porcentaje de la población con un ingreso inferior a la Línea de Pobreza por Ingresos (valor monetario de la canasta alimentaria más la canasta no alimentaria) pasó de 49.9% a 43.5%. Esto significa que el número de personas en esta situación pasó de 61.8 a 56.1 millones. En agosto de 2022, el valor de las Línea de Pobreza por Ingreso por persona al mes fue de $4,158.35 mensuales para las zonas urbanas y $2,970.76 mensuales para zonas rurales.
¿Y la pobreza extrema por ingresos?
El porcentaje de la población con un ingreso inferior a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (valor monetario de la canasta alimentaria) pasó de 14.0% a 12.1%, entre 2018 y 2022. Esto representó un cambio de 17.3 a 15.5 millones de personas que no tienen el ingreso suficiente para adquirir los productos de la canasta alimentaria. El valor monetario de referencia para la Línea de Pobreza Extrema por Ingreso por persona al mes fue de $2,086.21 y $1,600.18 en zonas urbanas y rurales, respectivamente.
¿QUÉ PASA CON EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL?
El porcentaje de personas con carencia por acceso a los servicios de salud pasó de 16.2% a 39.1% entre 2018 y 2022, lo cual representa un cambio de 20.1 a 50.4 millones de personas en esta situación, respectivamente.
El porcentaje de personas con carencia por acceso a la seguridad social pasó de 53.5% a 50.2% entre 2018 y 2022; lo que equivale en número de personas, pasar de 66.2 a 64.7 millones en esta situación, respectivamente, sigue siendo la carencia con mayor incidencia en pobreza.
¿CÓMO HA CAMBIADO EL ACCESO A LA ALIMENTACIÓN NUTRITIVA Y DE CALIDAD EN MÉXICO?
El porcentaje de la población que presentó carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad pasó de 22.2% a 18.2% entre 2018 y 2022. Esto significa que el número de personas en esta situación pasó de 27.5 a 23.4 millones en este periodo.
Ante este contexto, los resultados de la medición de pobreza multidimensional 2022 permiten orientar y fortalecer la implementación de programas o acciones de política de desarrollo social. Estos están enfocados a fomentar la recuperación del ingreso de las personas y la atención del conjunto de carencias sociales, con la coordinación interinstitucional de los tres niveles de Gobierno.
PROGRAMAS DE BIENESTAR
Y a todo esto ¿los programas de Bienestar qué? Resulta que los quisimos traer a colación porque con ellos el presidente busca que esta justicia social exista en México, son en total ocho y están destinados a diferentes sectores de la sociedad:
1. Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores
2. Sembrando vida
3. Jóvenes Construyendo el Futuro
4. Beca para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica
5. Beca Universal para el Bienestar Benito Juárez de Educación Media Superior
6. Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad
7. Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras
8. Jóvenes Escribiendo el Futuro
¿CUÁNTO GASTA EL GOBIERNO FEDERAL EN ESTOS PROGRAMAS Y DE DÓNDE VIENE EL DINERO?
La Secretaría de Bienestar este año alcanzará un nuevo máximo histórico, ascendiendo a 543 mil 920 millones de pesos. Comparado con el presupuesto de 2023, este cambio implica un crecimiento de su presupuesto de 109 mil 398 millones de pesos, equivalente a un 25.2% real. Esta Secretaría es la que más recursos tiene a su cargo, con un 6% del total del gasto neto en el PPEF 2024.
Entre 2015 y 2018, el programa Pensión para Adultos Mayores representó, en promedio, el 37% del total de la Secretaría; sin embargo, en 2024, esta proporción será del 85.5%, la más alta registrada en un Presupuesto de Egresos de la Federación.
Aunque los recursos para el programa Pensión para Adultos Mayores están clasificados dentro de una categoría del gasto programable –aquel que se destina a proveer bienes y servicios públicos a la población–, en la práctica, los recursos destinados para este propósito adquieren un carácter de obligación de pago para el Gobierno federal. En este sentido, el 8 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 4° que elevó a rango constitucional los programas sociales impulsados por el presidente López Obrador.
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En el PEF 2024, destaca el presupuesto agregado de los Programas Sociales prioritarios para este sexenio. La suma del presupuesto propuesto de ocho programas alcanza los 646 mil 785 millones de pesos. Esta cifra representa una variación en términos reales del 21% anual. Los principales cambios de los programas prioritarios son: Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (30.8%) y Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente (10.4%).
El aumento del presupuesto para desarrollo social se da en un contexto de finanzas públicas ajustadas, en donde se tendrá que incurrir en endeudamiento para cubrir el incremento en el gasto gubernamental.
MÁS DINERO A PENSIONES DE ADULTOS MAYORES
Este año, el presupuesto federal para los programas de Bienestar aumentó a 109 mil 398 millones de pesos debido al incremento en el monto de la pensión para adultos mayores. Este programa ha generado cierta polémica. ¿Por qué? Bueno, cuando se publicó el decreto de pago de este programa en el Diario Oficial de la Federación, se estableció que se trataría de un trato justo y proporcional para las personas adultas mayores, sin distinción por sexo, situación económica, identidad étnica, fenotipo, credo, religión o cualquier otra circunstancia.
Lo que resulta polémico no es que sea equitativo, sino que el monto que reciben en las pensiones es mucho mayor al que reciben quienes tienen pensión por discapacidad, considerando que estas personas tienen gastos médicos constantes y permanentes.
Además, no existe un estudio socioeconómico para otorgar la pensión del Bienestar, basta únicamente con comprobar que es un adulto mayor de 65 años. Mientras que para apoyos como el de Bienestar de niñas y niños hijos de madres trabajadoras es necesario comprobar ingresos. Esto es polémico porque existen adultos mayores que reciben la pensión que merecen por ley, trabajan y además reciben la pensión del Bienestar.
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Los adultos mayores reciben seis mil pesos bimestrales, mientras que las personas con discapacidad reciben solo tres mil pesos bimestrales y en el programa de niñas y niños hijos de mujeres trabajadoras son tres mil doscientos pesos bimestrales. Además, la Secretaría del Bienestar declaró a finales de 2023 que los adultos mayores recibirían un bono del Bienestar (una especie de aguinaldo); beneficio que no fue otorgado a ningún otro beneficiario de los programas de Bienestar.
Desde que iniciaron los programas de Bienestar en 2015, la mayor parte de los recursos federales destinados a estos, se han ido directamente a las pensiones de adultos mayores.
El presupuesto para desarrollo social está aumentando, pero esto sucede en un contexto donde las finanzas públicas están ajustadas. Esto significa que el gobierno tendrá que endeudarse para cubrir el incremento en el gasto gubernamental.
El Gobierno federal está otorgando a nivel histórico apoyos a la población. Esto coincide con el proceso electoral de 2024, en el que se renovarán cargos públicos en las 32 entidades federativas y a nivel federal.
Las instituciones de fiscalización tendrán la tarea de vigilar que estos apoyos financieros y el gasto en desarrollo social promuevan un México más justo e incluyente. Esto significa que deben asegurarse de que el dinero se utilice para ayudar a las personas que más lo necesitan y para hacer de México un país más equitativo.
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En resumen, los programas de bienestar en México, implementados con la intención de promover la justicia social y reducir la pobreza, han tenido un impacto significativo en la vida de muchas personas; sin embargo, la distribución de estos recursos ha generado cierta polémica. A pesar de que el índice de pobreza ha disminuido, no todo es gracias a estos programas, ya que no están repartidos equitativamente entre quienes más lo necesitan debido a la falta de estudios socioeconómicos adecuados para su repartición.
El hecho de que los adultos mayores reciban una pensión significativamente mayor que las personas con discapacidad, a pesar de que estas últimas tienen gastos médicos constantes y permanentes, es un claro ejemplo de esta desigualdad. Además, la falta de un estudio socioeconómico para otorgar la pensión del Bienestar ha permitido que algunos adultos mayores que ya reciben una pensión por ley y que trabajan, también reciban este apoyo.
Estos hallazgos nos llevan a cuestionar si los ideales de justicia social están siendo verdaderamente alcanzados. Es crucial que se realicen más investigaciones y se implementen políticas más efectivas para garantizar que los recursos se distribuyan de manera más equitativa y se dirijan a quienes más los necesitan. Solo entonces podremos acercarnos a la verdadera justicia social en México.
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