70,041 VÍCTIMAS INVISIBLES: La violencia obstétrica lacera a 3 de cada 10 mujeres en Coahuila y revela una herida estructural en el sector salud
La violencia obstétrica se refiere a cualquier acción u omisión del personal de salud que cause daño físico o emocional a las mujeres durante el embarazo, el parto o el posparto. Este fenómeno incluye desde maltrato verbal o físico, hasta la aplicación de tratamientos médicos sin consentimiento informado.
En México, lejos de ser un asunto aislado, se ha convertido en un problema de salud pública que afecta a miles de mujeres y que vulnera no solo sus cuerpos y su autonomía, sino también su integridad emocional en uno de los momentos más significativos de la vida: el nacimiento de un hijo.
Aunque suele asociarse principalmente a instituciones públicas, la violencia obstétrica también se presenta —aunque con menor frecuencia— en entornos privados, lo que evidencia que se trata de una práctica que trasciende niveles socioeconómicos y modelos de atención.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, celebrado el pasado 25 de noviembre (25N), se acostumbra a hablar de agresiones físicas, psicológicas, económicas, laborales o sexuales. Sin embargo, la violencia obstétrica continúa siendo una de las expresiones más invisibilizadas, pese a su crecimiento y a la magnitud de las consecuencias que provoca.
Este artículo busca dimensionar el problema en el estado de Coahuila, aportando un análisis económico-social y, sobre todo, con el fin de evitar que las experiencias de miles de mujeres queden relegadas del debate público.
LA MAGNITUD DEL PROBLEMA EN COAHUILA
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del INEGI, en Coahuila se estima que 230,971 mujeres de entre 15 y 49 años tuvieron su último parto entre 2016 y 2021 (información más actual disponible). De ellas, el 69.7% no reportó incidentes de maltrato, mientras que el 30.3% sí experimentó algún tipo de violencia durante su última atención obstétrica.
Esto significa que 3 de cada 10 mujeres coahuilenses fueron víctimas de algún tipo de abuso o negligencia en un momento altamente vulnerable. En términos absolutos, se trata de 70,041 mujeres violentadas al momento del parto.
Desde una perspectiva económica, esto representa una presión adicional sobre el sistema de salud y sobre las familias, pues los efectos físicos y emocionales derivados de estas experiencias suelen incrementar la demanda de servicios médicos posteriores, terapias o acompañamientos psicológicos.
A nivel nacional, la tasa de violencia obstétrica es ligeramente mayor (31.4%), por lo que Coahuila se sitúa en la posición 23 del ranking estatal. Si bien no se encuentra entre las entidades con mayor prevalencia, la incidencia sigue siendo considerable.
Los estados con mayor proporción de casos son San Luis Potosí (38.9%), Tlaxcala (38.5%) y Ciudad de México (38.5%), mientras que las menores tasas se observan en Tamaulipas (25.4%), Tabasco (24.4%) y Chiapas (18.8%).
HETEROGENEIDAD MUNICIPAL EN LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA
A pesar de que la ENDIREH solo recopiló información en 21 de los 38 municipios de Coahuila, los datos disponibles permiten observar una marcada disparidad territorial en la incidencia de violencia obstétrica.
El caso más crítico es Nava, que encabeza la lista con una tasa de 15.9%, lo que equivale a 2,377 mujeres afectadas de un total de 14,925 partos. Las limitaciones estructurales en la atención obstétrica y las deficiencias en la supervisión de prácticas clínicas son factores que suelen amplificarse en municipios con menor capacidad institucional.
A Nava le sigue Francisco I. Madero, con una incidencia de 13.5%. En un rango intermedio se ubican Ramos Arizpe (11.1%), Piedras Negras (9.8%) y Monclova (9.3%), aunque sus tasas son menores, siguen reflejando fallas importantes en la atención hospitalaria. En estos episodios, la saturación de servicios asociada al crecimiento urbano, la demanda laboral y los flujos poblacionales pueden generar entornos donde la atención médica se brinda en condiciones de estrés operativo, afectando la calidad del trato hacia las mujeres durante el parto.
La capital del estado, Saltillo, presenta una de las tasas más bajas (5.2%). No obstante, su peso demográfico convierte a este municipio en el principal concentrador de hechos en términos absolutos: 18,466 mujeres documentaron haber vivido violencia obstétrica, lo que representa 26.4% del total estatal.
Esta cifra constata un fenómeno crucial en el análisis socioeconómico regional: las tasas bajas no siempre implican menor gravedad, ya que, en zonas de gran concentración poblacional, incluso porcentajes reducidos se traducen en un volumen significativo de afectaciones.
Dicho panorama pone de manifiesto que la violencia obstétrica en Coahuila no solo expone diferencias demográficas, sino también variaciones en la infraestructura de salud, la disponibilidad de personal capacitado y las desigualdades socioeconómicas entre municipios.
TIPOS DE VIOLENCIA OBSTÉTRICA: FORMAS VISIBLES E INVISIBLES
La violencia obstétrica se manifiesta mediante diversas prácticas que van desde comentarios ofensivos hasta intervenciones quirúrgicas sin autorización. En Coahuila, la ENDIREH permite identificar con precisión el tipo de maltrato que vivieron las mujeres.
1.MALTRATO PSICOLÓGICO Y FÍSICO
El maltrato psicológico y físico durante el parto abarca un amplio espectro de conductas que van desde la descalificación verbal hasta la agresión directa, pasando por actos de negligencia que comprometen la seguridad y el bienestar emocional de las mujeres.
Ignorar a la paciente es la forma de violencia más extendida, con una incidencia de 32.1%, lo que significa que casi una de cada tres mujeres experimentó indiferencia o falta de respuesta a sus inquietudes. Le siguen los gritos o regaños con 28.5%, una expresión de autoridad punitiva que refuerza relaciones verticales en entornos donde debería prevalecer el acompañamiento.
Otra manifestación relevante es la imposición de posiciones incómodas o forzadas, reportada por 25.1% de las mujeres coahuilenses, lo que hace visible prácticas que priorizan la comodidad del personal por encima del bienestar de la paciente.
Asimismo, la negligencia en la atención, con un 25.3%, muestra que uno de cada cuatro partos experimentó retrasos o desatención injustificada. Este tipo de omisiones no solo compromete la seguridad materno-fetal, sino que implica costos adicionales al sistema de salud cuando los retrasos derivan en complicaciones que requieren intervenciones más complejas y caras.
Las ofensas y humillaciones (18.7%), los pellizcos o jaloneos (2.4%) y el impedimento para ver o estar con el bebé (7.2%) constituyen violaciones graves de los derechos reproductivos y del derecho al acompañamiento temprano, esencial para el apego y la salud emocional.
Gráfica 1. Formas de violencia obstétricas reportadas por las mujeres coahuilenses.
Fuente: Elaboración propia con información de ENDUTIH.
2.TRATAMIENTOS MÉDICOS SIN AUTORIZACIÓN
Este tipo de violencia resulta especialmente grave porque vulnera directamente el derecho al consentimiento informado, un principio esencial de la práctica médica y de los derechos reproductivos.
En Coahuila, el 21.5% de las mujeres enfrentó presión para ser operada para ya no tener hijos o para aceptar un método anticonceptivo sin una decisión plenamente voluntaria, mientras que el 17.5% fue esterilizada de manera forzada.
Estas estadísticas exhiben prácticas coercitivas que buscan controlar la autonomía reproductiva de las mujeres, lo que no solo implica un agravio ético y jurídico, sino que también puede modificar de forma abrupta sus perspectivas de vida, proyectos familiares y posibilidades de desarrollo económico.
Además, la negativa injustificada de analgésicos, notificada por el 15.3% de las mujeres, y las amenazas para que firmaran documentos sin explicación, señaladas por el 5.6%, plasman un entorno de atención donde prevalece la asimetría de poder y la falta de información clara.
MODALIDAD DEL PARTO Y CONSENTIMIENTO INFORMADO
En la entidad se registraron 232,118 partos y casi la totalidad (99.5%) ocurrió con algún tipo de ayuda médica. Solo 1,147 mujeres (0.5%) dieron a luz sin asistencia, lo que enuncia una cobertura relativamente amplia de servicios obstétricos, aunque no necesariamente su calidad.
Por su parte, de los 230,971 nacimientos atendidos, el 47.7% fue por cesárea (110,135 casos) y el 52.3% por parto natural (120,836). Este porcentaje de cesáreas supera el 30% recomendado por la Organización Mundial de la Salud, lo que sugiere un uso excesivo de esta intervención en la entidad, implicando costos adicionales para el sistema sanitario y un incremento en los riesgos asociados a intervenciones innecesarias.
Respecto al consentimiento informado, aunque el 91.8% de las mujeres que tuvieron cesárea recibieron una explicación sobre la necesidad del procedimiento y el 91.6% otorgó su autorización, aún persiste un 8% de eventos —equivalente a alrededor de 9,000 mujeres— en los que no hubo claridad en la información o no se obtuvo consentimiento pleno.
En términos de política pública, esto es relevante porque el consentimiento informado no solo es un derecho legal, sino un requisito para garantizar seguridad, transparencia y eficiencia en la atención médica.
¿DÓNDE OCURRE LA VIOLENCIA OBSTÉTRICA EN COAHUILA?
Los lugares donde con mayor frecuencia se presentó la violencia obstétrica permiten dimensionar la profundidad del problema: de los 70,041 incidentes documentados, la mayoría ocurrió en hospitales o clínicas del IMSS, que concentran el 60.9% del total (42,655).
A continuación, se encuentran las instituciones públicas del estado con 13.7% (9,582) y los hospitales privados con 11.8% (8,298). También se notificaron sucesos en centros de salud (10.1%), instalaciones del ISSSTE (1.3%), consultorios particulares (0.9%) y otros espacios (1.2%).
Esta distribución revela un patrón claro: la violencia obstétrica está presente en prácticamente todos los tipos de instituciones, lo que indica que se trata de un problema estructural y no de una falla aislada.
La enorme concentración en el IMSS no implica necesariamente que esta institución sea más violenta per se, sino que refleja su amplia cobertura en el estado. No obstante, el hecho de que más de seis de cada diez casos se registren ahí muestra la necesidad urgente de replantear sus protocolos de atención obstétrica, mejorar la capacitación en trato digno y supervisar los mecanismos de rendición de cuentas.
La proporción del 11.8% en hospitales privados demuestra que la violencia obstétrica no se limita a la saturación o falta de recursos del sector público. La presencia de maltrato incluso en entornos de mayor capacidad económica indica que el fenómeno está arraigado en patrones de conducta, sesgos institucionales y prácticas médicas normalizadas.
Gráfica 2. Lugares donde se presentó violencia obstétrica.
Fuente: Elaboración propia con información de ENDUTIH.
UNA DEUDA PENDIENTE CON LAS MUJERES
Más de 70 mil mujeres violentadas en un periodo de cinco años corroboran fallas estructurales en la atención médica, así como una normalización del maltrato que no puede seguir ignorándose.
Abordar este problema requiere:
- Fortalecer la capacitación del personal de salud en trato digno.
- Implementar protocolos de consentimiento informado estrictos.
- Mejorar la supervisión en instituciones públicas y privadas.
- Crear mecanismos accesibles de denuncia y acompañamiento.
- Integrar indicadores de calidad obstétrica en las evaluaciones institucionales.
El 25N ofrece un recordatorio anual de las múltiples formas de violencia que enfrentan las mujeres. Sin embargo, la obstétrica exige un lugar permanente en la agenda pública. Reconocerla, medirla y atenderla no solo es un acto de justicia, sino una inversión social y económica indispensable para garantizar un sistema de salud respetuoso, eficiente y centrado en la dignidad humana.
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