Con el propósito de reducir su carga tributaria, en 2025 PEMEX sólo estará obligado a pagar un único gravamen: el Derecho Petrolero para el Bienestar
El 1 de noviembre de 2024 entró en vigor la reforma constitucional que modificó el régimen jurídico de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), al cambiar su estatus de Empresas Productivas del Estado a Empresas Públicas del Estado. Esta transformación tiene como objetivo fortalecer el papel de ambas instituciones dentro del sector energético nacional, bajo un marco jurídico distinto.
Como parte de esta reforma, el Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, implementó un nuevo régimen fiscal para PEMEX, con el objetivo de simplificar su esquema tributario y contribuir a mejorar su situación financiera, caracterizada por un elevado nivel de endeudamiento que ha limitado su capacidad operativa y de inversión.
El cambio más relevante consiste en la sustitución de los diversos derechos que anteriormente pagaba PEMEX por un solo gravamen denominado Derecho Petrolero para el Bienestar (DPB).
RENTA PETROLERA EN DECLIVE
La renta petrolera, entendida como la diferencia entre el valor de los hidrocarburos extraídos y el costo de su extracción, ha sido históricamente una de las principales fuentes de ingresos del Estado mexicano. Este concepto alcanzó su máximo esplendor en la década de los 70, durante el auge de la producción petrolera, cuando México experimentó un verdadero boom económico gracias a este recurso.
Según datos del Banco de México, entre 1977 y 2024, el sector público federal recaudó 23.9 billones de pesos corrientes provenientes de los ingresos petroleros. En su punto más alto, entre 1983 y 2008, los ingresos derivados del petróleo representaron aproximadamente el 45% de los ingresos totales del gobierno mexicano, siendo una fuente vital para el financiamiento de proyectos nacionales.
Sin embargo, a lo largo de las últimas décadas, la situación ha cambiado drásticamente. El declive en la producción y los problemas financieros de Petróleos Mexicanos han reducido considerablemente la importancia de la renta petrolera.
En 2024, los ingresos petroleros solo representaron el 12.8% de los ingresos totales del gobierno, lo que refleja una disminución significativa de la aportación histórica del sector. Esta caída no solo ha mermado el flujo de recursos disponibles para el Estado, sino que ha puesto en evidencia la creciente dependencia de PEMEX del subsidio gubernamental para su operación, una situación insostenible a largo plazo.
Este panorama resalta la urgencia de replantear el modelo energético del país, buscando alternativas que permitan garantizar la estabilidad financiera del sector y, al mismo tiempo, disminuir la vulnerabilidad del Estado a los altibajos de los precios internacionales del petróleo.
REFORMA ENERGÉTICA 2013
La Reforma Energética de 2013, aprobada durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, modificó el régimen fiscal de PEMEX. Como resultado de esta reforma, se consolidaron nueve derechos previamente aplicados a las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en tan solo tres, simplificando el esquema fiscal de la empresa (véase Diagrama 1).
De acuerdo con la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LISH), que entró en vigor en enero de 2015, PEMEX pasó a estar obligado a pagar tres derechos clave, cada uno de ellos con implicaciones significativas para la empresa y las finanzas del Estado mexicano:
- Derecho por la Utilidad Compartida (DUC): Un gravamen que se aplicaba sobre la utilidad neta obtenida de la extracción de hidrocarburos. Este derecho estaba diseñado para asegurar que una parte significativa de las ganancias de PEMEX se destinara al beneficio público.
- Derecho de Extracción de Hidrocarburos (DEXTH): Un pago establecido sobre el volumen de hidrocarburos extraídos, cuyo objetivo era regular la cantidad de recursos obtenidos y garantizar que las actividades de extracción fueran rentables para el Estado, sin comprometer la sostenibilidad de los recursos naturales.
- Derecho de Exploración de Hidrocarburos (DEXPH): Este derecho gravaba las actividades de exploración en busca de nuevos yacimientos, asegurando que PEMEX contribuyera al financiamiento de los costos asociados con la búsqueda de nuevos recursos energéticos en el país.
Además de estos derechos, PEMEX tenía otras obligaciones fiscales, como el pago del Impuesto por la Actividad de Exploración y Extracción de Hidrocarburos (IAEEH), el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el Impuesto sobre la Renta (ISR) y un dividendo estatal.
Entre enero de 2015 y diciembre de 2024, PEMEX pagó por los tres derechos un total de 3.63 billones de pesos, es decir, un promedio de 363.1 miles de millones de pesos al año (mmdp). La participación fue la siguiente:
- DUC: 2.98 billones de pesos, equivalentes al 82.2% del total.
- DEXTH: 634.0 mmdp, 17.5%.
- DEXPH: 13.1 mmdp, 0.4%.
Diagrama 1. Derechos aplicables a PEMEX por régimen fiscal.
Fuente: Elaboración propia con información de IMCO.
REDUCCIÓN DEL DUC
En los últimos años, se ha registrado una disminución en el pago del Derecho por la Utilidad Compartida, como resultado de los desafíos fiscales que ha enfrentado PEMEX. La tasa del DUC se redujo en 35 puntos porcentuales, pasando del 65% en 2019 al 30% en 2024.
Entre 2013 y 2018, el Gobierno Federal captó el 54.2% de los ingresos generados por el petróleo a través de diversas contribuciones. Sin embargo, entre 2019 y 2024, esta cifra se desplomó al 34.7%, lo que refleja una reducción sustancial en la recaudación derivada del sector energético. El punto más crítico de este descenso se alcanzó en 2024, cuando los ingresos petroleros representaron solo el 21.8% del total de la recaudación fiscal, el porcentaje más bajo en los últimos 48 años.
A pesar de la disminución en la carga fiscal, que teóricamente debía aliviar las finanzas de PEMEX al permitirle retener una mayor parte de la renta petrolera, los resultados han sido contrarios a lo esperado, ya que no ha sido capaz de revertir su deterioro financiero y operativo. Esta medida sólo condujo a una reducción significativa de los recursos que ingresan a las arcas federales.
REFORMA ENERGÉTICA 2024: DERECHO PETROLERO PARA EL BIENESTAR
Con la Reforma Energética aprobada en noviembre de 2024 bajo el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, PEMEX dejó de operar bajo el modelo de empresa productiva del Estado para ser regulada conforme al derecho público, lo que implicó también una reconfiguración de su estructura fiscal.
El 5 de marzo de 2025, se aprobó una modificación a la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos (LISH), cuyo objetivo central fue simplificar el régimen fiscal aplicable a PEMEX. Con este nuevo esquema, la empresa dejará de pagar los tres derechos establecidos desde el 2015 y en su lugar se establece una única contribución: el Derecho Petrolero para el Bienestar (DPB).
Además del reemplazo de estos derechos, se eliminó la obligación de PEMEX de pagar ISR, aunque continuará sujeta al resto de los gravámenes como el IAEEH, IVA y IEPS. El nuevo DPB grava directamente el valor de los hidrocarburos extraídos —petróleo crudo, gas natural asociado, gas natural no asociado y condensados— con tasas variables que se ajustan conforme al tipo de hidrocarburo y su precio de mercado, según fórmulas preestablecidas.
Para el petróleo crudo y el gas natural, la tasa aplicable a su valor ronda el 30%. Mientras que para el gas natural no asociado y sus condensados, la tasa es de alrededor del 11.6%.
POSIBLES EFECTOS DEL DPB
A diferencia del DUC, que permitía deducir inversiones y costos relacionados con las actividades de exploración y extracción, el DPB no contempla este tipo de deducciones. Esta modificación podría marcar un giro en los objetivos estratégicos de la empresa, al reducir los incentivos para invertir en nuevos proyectos de exploración y orientar sus esfuerzos hacia la explotación de campos ya desarrollados, maduros o con menor riesgo financiero.
A largo plazo, esta lógica podría limitar la incorporación de nuevas reservas, comprometer la sostenibilidad de la producción y reforzar una tendencia a la baja que se ha mantenido en esta variable desde mediados de la década de los 2000. La falta de inversión en exploración representa un riesgo para la autosuficiencia y soberanía energética del país.
Diagrama 2. Estimación del Derecho Petrolero para el Bienestar.
Fuente: Elaboración propia con información de IMCO.
Desde una perspectiva fiscal, el impacto también es considerable. El DPB reducirá aún más las aportaciones de PEMEX a las finanzas públicas, lo que podría traducirse en menores recursos para financiar áreas clave del gasto público como salud, educación, seguridad o infraestructura, pilares esenciales para el desarrollo económico y social del país.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) estimó las implicaciones de este nuevo esquema. En un escenario hipotético en el que el DPB hubiera estado vigente durante 2024, PEMEX habría pagado aproximadamente 225.4 mmdp. Una cifra 10.6% menor (equivalente a 26.6 mmdp) en comparación con los 252 mmdp que la empresa declaró ese año bajo el régimen anterior: DUC (187.5 mmdp), DEXTH (61.6 mmdp), DEXPH (2.4 mmdp) e ISR (439.8 millones de pesos).
¿LA SALVACIÓN DE PEMEX?
La contracción en la captación de ingresos petroleros bajo el DPB plantea una pregunta central: ¿serán suficientes los recursos liberados por el nuevo régimen fiscal para revertir la situación financiera de PEMEX, o se repetirá el ciclo de ineficiencia que ha caracterizado a la empresa durante décadas?
De acuerdo con los estados financieros dictaminados, PEMEX cerró el 2024 con pérdidas netas en todos sus segmentos de negocio, acumulando un déficit total de 620.6 mil millones de pesos. Estas cifras reflejan una tendencia de largo plazo: la reducción de la carga tributaria no se ha traducido en una mejora sustancial, en gran parte porque no ha ido acompañada de transformaciones estructurales en la gestión de la empresa.
Persisten desafíos importantes: una deuda elevada, operaciones con baja rentabilidad y deficiencias en eficiencia operativa. Sin atender estos aspectos, el alivio fiscal por sí solo resulta insuficiente.
No obstante, el nuevo enfoque del gobierno federal plantea un cambio de rumbo. Se propone una integración vertical de PEMEX que elimine la fragmentación actual —más de 40 filiales— con el objetivo de consolidar su estructura e incrementar su productividad. A ello se suma un programa de austeridad interna que prevé ahorros por aproximadamente 50 mil millones de pesos, como parte de una estrategia para mejorar su desempeño operativo.
La simplificación del esquema fiscal, junto con esta reorganización administrativa, representa una oportunidad para optimizar el uso de los recursos disponibles. Pero su éxito dependerá de una gestión eficiente, capaz de canalizar las inversiones hacia las actividades más rentables y de fortalecer áreas clave como la exploración y extracción de hidrocarburos.
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