Monserrat Dávila
El pasado 12 de julio se conmemoró en México el día de la abogacía. Personalmente abomino las efemérides, pero como es bastante evidente en mí, y cómo lo expone el título de esta columna, todavía más por las circunstancias en las que navega nuestro futuro jurídico, me es vital cuestionar, reflexionar y aterrizar ciertas -lamentables- consideraciones sobre la profesión legal.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2021) en México hay aproximadamente 442,000 abogados, de los cuales únicamente 40 por ciento son mujeres. Y según el Instituto Mexicano para la Competitividad, las licenciadas en Derecho ganan 18.58 por ciento menos que los hombres. ¿Por qué? La respuesta a esta pregunta tan debatible sigue sin ser respondida, pero por el momento podemos permitirnos responder: porque sí.
Sin embargo, el problema no sólo radica ahí, sino también en los lugares en los que podemos emplearnos. Entre 2016 y 2020, Carlos Viesca Lobatón y el Centro de Investigación y Docencia Económicas realizaron un diagnóstico inicial respecto del estatus de la equidad de género en el mercado de los servicios legales en México. En esa investigación se demostró que de las 28 firmas nacionales e internacionales consideradas, apenas tres están por encima del estándar internacional en cuanto a la contratación de socias. Por el contrario, casi el 40 por ciento de las firmas no tienen ni una sola socia. Además, se identifica que una de las características es la ausencia de transparencia, pues 19 de las 28 firmas nacionales no hacen público su código de ética ni su reglamentación sobre diversidad de género (Rodríguez, A., 2023)
EXCLUSIÓN POR EL LENGUAJE
De lo anterior no podemos descartar que el lenguaje abogañol ha generado divisiones, incomprensiones y limitaciones a múltiples sectores de la sociedad en situación de vulnerabilidad; quienes más han padecido no sólo del sistema de justicia acartonado sino de un gremio ajeno a la virtuosa comunicación y, por lo tanto, miope de las carencias estructurales de la propia formación y práctica jurídica. Es imprescindible para nuestra profesión percibir el lenguaje como un elemento significativo y trascendente a las necesidades sociales, realidades con las que las personas abogadas laboran día con día.
A caso, ¿buscamos alimentar el lenguaje poco entendible y con múltiples tecnicismos para simular la complejidad procesal o destacar una ficticia formación jurídica?, ¿En qué momento una profesión tan noble y cargada de servicio se volcó en la inaccesibilidad?, ¿Por qué a las mujeres abogadas se les reconoce en menor medida, y sin justificación razonable, su labor jurídica?, ¿La carrera de derecho es entonces una carrera excesivamente misógina y machista? Dejaré estas preguntas en el tintero.
DE LA ÓPTIMA COLEGIACIÓN
En años recientes se han presentado proyectos de reformas en los que se propone el establecimiento de controles en el ejercicio profesional de los abogados. En abril de 2004, el presidente, en ese momento, Vicente Fox, envió al Senado una iniciativa para la reforma integral del sistema de justicia penal, en la que se prevé un mecanismo, a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, para la certificación de los abogados defensores. A su vez, el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, presentado por el presidente Felipe Calderón, señala como uno de sus objetivos el fomento de una cultura de legalidad, y entre las múltiples estrategias destacan la promoción de la profesionalización, mejoras en códigos de ética, entre otros.
De manera global, el principal objetivo de la colegiación debe ser garantizar un acceso efectivo a la justicia para las personas a través de profesionales del derecho cargados no sólo de las herramientas técnico-jurídicas suficientes para una grata delegación, también conscientes de las circunstancias, contextos y elementos sustantivos que rodeen o limiten a las personas justiciables.
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En cuanto a mi perspectiva, la optimización de la labor jurídica radicada en representantes o asesores jurídicos, académicos e investigadores, servidores públicos y actores políticos se cumple no sólo de manera exclusiva con la constante capacitación y formación en la materia, se consigue en el establecimiento de principios idóneos, compromisos éticos, participaciones activas en asociaciones sociales y parlamentos abiertos que busquen una mejor impartición y acceso a la justicia.
Una de las razones por las que los abogados en el ejercicio independiente se rehúsan a pertenecer a un colegio de abogados, es porque no perciben la necesidad de pertenecer a ellos, al no encontrar mayores beneficios de los que pueden obtener sin ser miembro. A pesar de esto, la colegiación debiese ser percibida incluso como una obligación del servicio jurídico para dotar de mayores garantías a las personas justiciables, a quienes buscan acceder, de primera mano, a un profesional del derecho. Contar con la debida especialización, credenciales que lo acrediten como perito en la materia y además estar inscrito en el colegio de abogados podrá proporcionar mayor y mejor seguridad jurídica para todas y todos.
VISIÓN HUMANISTA
La Abogacía es una profesión centrada en la persona. El humanismo contribuye a que dispongamos de una sensibilidad muy acusada, que no puede confundirse con debilidad. (Fernández, L. 2017)
Aprovechando la mediatización del movimiento humanista con la llegada cuarta transformación en nuestro país, aunque esto represente para muchas y muchos una burla o polarización insignificante, hoy me gustaría centrarme exclusivamente en estas últimas cualidades que representan el lado humano de la profesión, es decir, en la puesta en valor de la persona como vértice de la profesión, faceta esta que guarda una enorme relación con ser profesional en el derecho. La razón de haber elegido dicho tema radica en que algo lógico y natural que todos podemos constatar fácilmente pero sobre lo que raramente reflexionamos, que la abogacía es una profesión centrada en la persona, condiciona ineludiblemente la forma de ser y de vivir la profesión.
De manera concreta, la perspectiva humanista en la abogacía radica también en la idea de que la práctica legal debe estar guiada por valores éticos y humanos, por ejemplo: la libertad, la dignidad, la igualdad y por supuesto, la justicia.
Además de esto, la visión humanista va más allá de la aplicación literal -y exclusiva- de la ley, aquí unos ejemplos:
- Énfasis en la justicia y equidad: Los profesionales del derecho con una perspectiva humanista reconocen en sus casos a las personas involucradas, las vulnerabilidades de cada contexto y el principio de justicia que se ve atropellado en la representación a consecuencia del Estado o de un propio particular.
- Respeto por la dignidad humana: Valorar la dignidad y libertad humana de cada persona se refleja, al menos en primer lugar, al momento del trato con el justiciable, claridad en los objetivos por reclamar y los riesgos del proceso mismo. Reitero, advertir que los casos y expedientes son el reflejo de reclamaciones que nacen en las personas, no en supuestos aislados o lejanos a nuestra realidad social.
- Ética profesional: Los profesionistas jurídicos se adhieren a altos estándares éticos, desde su propia estructura laboral hasta en el ejercicio de la práctica legal.
- Empatía y comprensión: El entendimiento de este punto suele ser ajeno a las y los abogados con una perspectiva cuadrada o limitada a la comprensión de las emociones y preocupaciones del justiciable o cliente, mismos que son cruciales para el discernimiento del caso. Así mismo, las emociones y condiciones experimentales o la situación individual de la persona -y lo que le intersecciona- es decisivo en un caso.
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En resumen, y no son exclusivos los anteriores puntos, la perspectiva humanista en la abogacía busca una práctica legal que no solo esté centrada en normas, códigos o procedimientos, sino también, asume el impacto humano y ético de las decisiones, acciones y repercusiones legales en las personas.
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