Esta medida cautelar se aplicaría para delitos como: Feminicidio, violencia sexual contra menores, desaparición forzada y corrupción
El Pleno del Senado aprobó, la propuesta de reforma que permite instaurar la prisión preventiva oficiosa en ciertos delitos graves. Con 53 votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones, los legisladores aprobaron esta medida para las siguientes conductas delictivas:
- Feminicidio,
- Robo de casa habitación,
- Uso de programas sociales con fines electorales,
- Violencia sexual contra menores,
- Corrupción,
- Desaparición forzada,
- Robo al transporte de carga y,
- Huachicol
De igual forma, esta figura aplicará en delitos violentos cometidos con “armas replica” y no funcionales, la portación de armas de uso exclusivo del ejército; los ilícitos cometidos en contra de las vías generales de comunicación y medios de transporte, así como la captura ilegal de la totoaba (pez).
La propuesta prevé la posibilidad de sustituir la prisión preventiva oficiosa cuando exista voluntad de las partes de celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato; siempre que se trate de uno de los delitos en los que sea procedente dicha forma de solución alterna de procedimiento, aún y cuando dicha medida haya sido impuesta.
La propuesta avalada por el Senado, reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; también prevé reformas adiciones a diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales; y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, entre otras.
Posicionamientos políticos
A Favor
La senadora Ana Lilia Rivera Rivera, presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, fue la encargada de presentar el dictamen.
Ahí invitó a los legisladores de las distintas fracciones parlamentarias a poner el “torniquete a la herida que sangra diario por la impunidad y la corrupción”, sobre todo en el sistema de impartición de justicia. “No castigar los delitos, es en sí un delito”, sentenció.
Por su parte, senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, del enfatizó que era importante dar cumplimiento a la reforma al artículo 19 constitucional, ya que la demora en la regulación ha generado diferencia de criterios entre los juzgadores.
“Se tenía que regular con toda precisión, porque en materia penal no puede haber interpretación, se tiene que cumplir con un principio de exacta aplicación de la ley”, precisó.
En el mismo sentido se pronunció el senador Miguel Ángel Lucero Olivas, del Partido del Trabajo. El legislador expuso que la reforma a la Ley de Delitos Electorales ayudará a “expulsar del sistema político aquellas prácticas corruptas endémicas del periodo neoliberal”.
Y es que la reforma, prevé prisión de cuatro a nueve años a personas que cometan delitos electorales, como compra del voto o que utilicen recursos públicos para incidir en la intención del voto.
En contra
Claudia Edith Anaya Mota, senadora del PRI, destacó que a la fecha hay más de 30 tipos penales en el catálogo de prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, algunos no tienen necesidad real de estar en esa lista, como los delitos editoriales; pues según la legisladora basta dictar una medida cautelar para evitar la fuga “porque no se pone en peligro a ninguna víctima”.
Además, consideró que la reforma abona a que se cometan más violaciones a los derechos humanos de los acusados.
De igual forma, la senadora Claudia Ruiz Massieu Salinas, del Grupo Parlamentario del PRI, señaló que el problema de la impunidad no se va a solucionar con la ampliación de los tipos penales que implican la prisión preventiva de oficio.
“Claro que nos preocupa la situación de inseguridad que priva en el país, pero este problema no se va a resolver violentando los derechos humanos”, dijo.
La reforma fue remitida a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
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