La renuncia de Vidulfo Rosales deja un vacío político y jurídico en la defensa de los 43 normalistas
El caso Ayotzinapa atraviesa un momento crítico. La renuncia de Vidulfo Rosales —quien durante casi 11 años fue el principal referente legal, político y emocional de las familias de los 43 normalistas desaparecidos— marca un punto de inflexión en la lucha por la verdad y la justicia. Su salida, oficializada el 21 de agosto de 2025, no solo deja un vacío simbólico, sino también operativo. Aunque organizaciones como Tlachinollan y el Centro Prodh seguirán con la defensa, no hay una figura con el mismo peso político ni legitimidad comunitaria.
Rosales fue el puente entre las familias y el Estado. Su capacidad de interlocución, presión jurídica y narrativa pública permitió sostener el caso en momentos de desgaste institucional y retrocesos políticos. Sin él, el riesgo de que el caso se debilite es real, especialmente en un contexto donde la desconfianza hacia el nuevo gobierno y la Fiscalía va en aumento.
¿Qué avances hay… o no hay?
A casi 11 años de la desaparición de los estudiantes:
- No se ha esclarecido el paradero de los 43.
- 800 folios del Ejército siguen desaparecidos.
- No se ha concretado la extradición de figuras clave como Tomás Zerón.
- El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se retiró, denunciando obstrucción por parte de las Fuerzas Armadas.
- Las familias han sostenido cuatro reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum, pero sin avances sustanciales.
La narrativa oficial corre el riesgo de regresar a la “verdad histórica” del basurero de Cocula, una versión desacreditada por organismos internacionales y por el propio GIEI.
¿Qué podría evitar que el caso se hunda?
Rosales, en sus últimas declaraciones, insistió en tres pilares fundamentales para sostener la lucha:
- Unidad de las familias: La organización y firmeza de los padres y madres es clave para mantener la presión social y política.
- Movilización pública: Se ha convocado una jornada de lucha del 17 al 28 de septiembre, con marchas en Guerrero y Ciudad de México.
- Nuevas líneas de investigación: El gobierno prometió presentar un informe el 4 de septiembre, aunque persiste el escepticismo sobre su contenido y profundidad.
Sin una figura articuladora con legitimidad comunitaria y capacidad jurídica, sin avances concretos en las líneas más sensibles —como la implicación del Ejército, el trasiego de droga y las cámaras desaparecidas—, el caso enfrenta una encrucijada peligrosa.
¿Por qué renunció Rosales?
En una carta titulada “En otras trincheras de lucha”, Rosales explicó que su decisión responde a un cambio de etapa personal y profesional, y también a las dificultades para sostener la defensa de manera individual:
“No cuento ni con los recursos ni con la cobertura política… es sumamente difícil poder llevar este tipo de defensas solo.”
También mencionó haber enfrentado amenazas, presiones y desgaste emocional. Aseguró que la defensa continuará a través de Tlachinollan, el Centro Prodh y otras organizaciones, pero reconoció que el caso requiere respaldo institucional más amplio.
¿A dónde va ahora?
Rosales se integrará como coordinador de asesores del próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, quien asumirá el cargo el 1 de septiembre. Ya ha participado en reuniones preparatorias con los nuevos ministros, y se espera que su experiencia en derechos humanos aporte una visión crítica al máximo tribunal del país.
En su mensaje de despedida, Rosales reafirmó su compromiso:
“Desde otras trincheras seguiré exigiendo que los pueblos indígenas y afromexicanos tengan una vida digna y no seamos tratados como personas de segunda.”
También agradeció a las madres y padres de los 43, a Abel Barrera (director de Tlachinollan), y a las organizaciones comunitarias que lo acompañaron en su trayectoria.
¿Qué sigue para Ayotzinapa?
La defensa legal continuará con respaldo colectivo. Hay una reunión pendiente entre las familias y el gobierno de Claudia Sheinbaum el 3 de septiembre, para revisar avances y nuevas líneas de investigación. Sin embargo, el caso sigue enfrentando obstáculos estructurales, falta de voluntad política y una narrativa oficial que amenaza con diluir la verdad.
La salida de Rosales no significa el fin de la lucha, pero sí exige una reorganización urgente, una estrategia renovada y un compromiso firme por parte de las organizaciones que aún sostienen el caso. Ayotzinapa no está a la deriva, pero sí en riesgo. Y ese riesgo, como siempre, lo enfrentan las familias en primera línea.
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