Una nueva ley en la CDMX prohíbe negar la renta o venta de viviendas a familias que cohabiten con menores de edad o animales de compañía, elevando la protección de los «seres sintientes» a nivel de derecho
El Congreso de la Ciudad de México ha aprobado una modificación legislativa crucial que aborda una problemática social de larga data: la dificultad sistémica que enfrentan miles de familias e inquilinos para acceder a una vivienda digna por cohabitar con menores de edad («infancias») o animales de compañía («seres sintientes»).
La iniciativa, impulsada por diputados del Congreso capitalino, tuvo como objetivo central reforzar el principio constitucional del derecho humano a una vivienda adecuada, alineándolo con los principios de igualdad y no discriminación. La legisladora promovente, Diana Barragán Sánchez, citó que las restricciones inmobiliarias son responsables de aproximadamente el 40% del abandono de animales, lo que subraya la función social de la medida.
La Ley: Prohibición total de la discriminación
El marco legal de la Ciudad de México fue modificado mediante un decreto publicado en la Gaceta Oficial, enfocándose en la Ley de Vivienda para la Ciudad de México.
El eje central es el Artículo 4 de la Ley de Vivienda, que ahora establece que «Por ningún motivo será obstáculo para el ejercicio del derecho a la vivienda, la condición económica, el origen étnico o nacional… así como la cohabitación con infancias y seres sintientes».
- Alcance Doble: La prohibición se aplica no solo al arrendamiento de una vivienda sino también a la compraventa de propiedades.
- Invalidez Contractual: La inclusión de estas causales anula cualquier validez de las cláusulas contractuales o de los reglamentos internos que las contengan. Cualquier estipulación contractual que la contravenga se considera nula de pleno derecho.
- Lenguaje Legal: La selección del término «seres sintientes» es clave, ya que confiere a los animales de compañía una protección de rango superior y dificulta que los propietarios busquen futuras excepciones basadas en la raza o el tipo de animal.
Implicaciones Legales y la Batalla de Condominios
La reforma introduce restricciones directas sobre las garantías económicas, al tiempo que establece las responsabilidades del inquilino ante los daños.
Prohibición de Depósitos Adicionales
La nueva legislación prohíbe explícitamente solicitar depósitos o fianzas incrementadas por la presencia de infancias o seres sintientes.
- Garantía Estándar: La ley obliga al arrendador a adherirse al estándar de un solo mes de renta para el depósito de garantía, sin exigir montos extras por la composición familiar o animal del inquilino.
- Mitigación de Riesgos: Ante la prohibición de solicitar depósitos adicionales, la contratación de un Seguro de Responsabilidad Civil (SRC) para la mascota se convierte en una herramienta estratégica vital para la mitigación de riesgos por parte del propietario.
Prevalencia sobre Reglamentos de Condominio
El principio de jerarquía normativa resuelve la tensión a favor del inquilino: la Ley de Vivienda, al proteger un derecho fundamental, prevalece sobre cualquier disposición interna de un condominio.
- Reglas Internas: Si un Reglamento Interno de Condominio prohíbe la tenencia de animales o menores de edad, esta cláusula es inoponible y nula.
- Límites de Convivencia: No obstante, el condominio mantiene la facultad legal de regular la conducta y el uso de áreas comunes. Si el animal causa daños reiterados que van más allá del desgaste normal, o si las molestias son persistentes y documentadas, esto puede constituir un incumplimiento contractual legítimo.
Mecanismos de Denuncia y Sanciones
La ley establece mecanismos claros para la denuncia de actos discriminatorios y un régimen de sanciones administrativas severas.
- Denuncia Primaria: El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX (COPRED) es la instancia primaria para denunciar la negativa de acceso a la vivienda por estas causales.
- Régimen de Multas: Las agencias inmobiliarias y administradores de propiedades que incurran en discriminación enfrentan penalizaciones. Las multas por actos discriminatorios se establecen en un rango de 126 a 25,000 veces la UMA diaria vigente.
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