El rescate de la montaña: Crónica de la crisis en el Refugio Franciscano

Refugio Franciscano
Perritos en el Refugio Franciscano en Cuajimalpa. / Foto: SSC

La intervención del gobierno en el Refugio Franciscano rescató a 936 animales tras hallar graves omisiones

En las redes sociales, la imagen es desoladora: cientos de caninos tras las rejas de un predio boscoso, acompañados de mensajes que señalan a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, de haber «robado un predio». Sin embargo, tras el ruido digital y las consignas políticas, subyace una de las crisis de bienestar animal más profundas en la historia de la Ciudad de México. El conflicto por el Refugio Franciscano, ubicado en el kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca, en Cuajimalpa, ha dejado de ser una disputa entre particulares para convertirse en un caso emblemático de ética urbana, presión inmobiliaria y soberanía sobre los seres sintientes.

Un modelo en agotamiento

El Refugio Franciscano A.C. no era un albergue improvisado; era una institución con 48 años de trayectoria. Fundado bajo la dirección de Gina Rivara Reyes, su modelo de gestión se basaba en el concepto de «santuario de vida»: un espacio donde los animales rescatados del abandono y el maltrato podían vivir hasta su muerte natural.

Hacia finales de 2025, el refugio albergaba una población de entre 1,100 y 1,500 ejemplares. Operado por un grupo reducido de cuidadores conocidos internamente como «apóstoles», el sitio dependía de donativos privados. No obstante, el crecimiento desmedido de la población animal y la falta de modernización institucional comenzaron a chocar con la realidad operativa y sanitaria del siglo XXI.

Dimensión operativa del refugio (Cierre de 2025)

IndicadorDato Clave
Trayectoria48 años de operación ininterrumpida
Población Estimada~1,100 perros y 40 gatos
UbicaciónZona boscosa de Cuajimalpa (Alta plusvalía)
Régimen de PropiedadPredio en comodato (Fundación Haghenbeck)

El corazón del conflicto: ¿Bienestar animal o plusvalía?

La crisis del refugio es inseparable de la presión inmobiliaria que rodea a las zonas de Cuajimalpa y Santa Fe. El predio, propiedad de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P., fue cedido al refugio bajo un contrato de comodato. Sin embargo, a partir de 2022, la relación institucional se fracturó.

La Fundación argumentó que el refugio no cumplía con los estándares mínimos de bienestar y propuso un traslado a un nuevo complejo en Xalatlaco, Estado de México, con una inversión de 15 millones de pesos. El refugio rechazó la oferta, denunciando que el nuevo sitio carecía de infraestructura y que el desalojo era una maniobra para liberar tierras de alta plusvalía para desarrollos inmobiliarios.

Refugio Franciscano en Cuajimalpa
Refugio Franciscano en Cuajimalpa /Jorge Becerril

La guerra de fallos

El conflicto escaló a una confrontación directa entre el Tribunal Superior de Justicia local y el Poder Judicial de la Federación:

  1. 11 de diciembre de 2025: Un tribunal local ordena el desalojo forzoso, permitiendo que la Fundación Haghenbeck tome control del predio.
  2. 21-25 de diciembre de 2025: El refugio obtiene amparos federales que ordenan la restitución inmediata del terreno.
  3. Enero 2026: El refugio acusa a la Fundación de desacato y de mantener a los animales en «estado de pánico» al impedir el reingreso de los cuidadores originales.

La intervención de Clara Brugada: El rescate del 7 de Enero

Ante la parálisis jurídica y los reportes de negligencia, la administración de Clara Brugada intervino bajo la premisa de la protección de los «seres sintientes», categoría reconocida por la Constitución de la CDMX. El 7 de enero de 2026, un operativo masivo coordinado por la Fiscalía (FGJCDMX), la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) y la PAOT ejecutó una orden de cateo.

La Jefa de Gobierno fue enfática: al Estado no le interesa la disputa por la tierra entre particulares, sino detener el maltrato. Un peritaje realizado apenas un día antes reveló condiciones que hacían insostenible la permanencia de los animales bajo cualquier custodia privada en el sitio.

Hallazgos del operativo de rescate

CategoríaCifra Reportada
Total de animales asegurados936
Ejemplares con signos de crueldad798
Cadáveres hallados en el sitio21
Traslados de urgencia hospitalaria20

A pesar de que la defensa del refugio argumentó que las imágenes fueron sacadas de contexto, la presencia de 21 cadáveres y casi 800 animales con afectaciones físicas directas proporcionó el sustento legal para que el Gobierno de la Ciudad asumiera la custodia total.

El destino de los 936: ¿hacia dónde van?

El gran reto tras el operativo es la capacidad de absorción del sistema público. Los 936 animales rescatados representan casi el 60% del volumen operativo anual de la Brigada de Vigilancia Animal, lo que ha llevado al sistema al límite de su capacidad.

El plan de Clara Brugada contempla una distribución en tres niveles:

  1. Urgencias: Atención inmediata en el Hospital Veterinario de la CDMX.
  2. Resguardo de Largo Plazo: El Albergue del Ajusco (SEDEMA) ha sido designado como el receptor principal de esta población.
  3. Adopción y Convenios: Debido a la saturación, se buscan convenios con clínicas privadas y organizaciones certificadas.

Capacidad operativa frente a la crisis

Espacio de ResguardoEstado Actual
Brigada de Vigilancia AnimalSaturación total; operando al límite anual.
Albergue Ajusco (SEDEMA)Designado como el núcleo de resguardo de largo plazo.
Refugios de AlcaldíasFalta de presupuesto; operan mayoritariamente en la irregularidad.

Una lección de ética urbana

El caso del Refugio Franciscano es un recordatorio de que la Ciudad de México carece de una regulación robusta para los albergues a gran escala. Mientras la Jefa de Gobierno anuncia una nueva normativa para evitar el hacinamiento en refugios privados, el destino de los animales de Cuajimalpa sigue siendo una incertidumre.

Más allá de la disputa por los metros cuadrados en la carretera a Toluca, la intervención del 7 de enero de 2026 marca un precedente: el Estado ha decidido que el bienestar de los animales es un asunto de orden público que prevalece sobre los contratos de comodato y los intereses inmobiliarios. El éxito de esta política se medirá no en el desalojo, sino en la capacidad de asegurar que estos 936 seres sintientes no pasen del abandono privado a la negligencia institucional.

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