Sheinbaum ha asegurado que “no se está espiando a nadie”, pero la desconfianza crece debido al acceso que tendrá el Centro Nacional de Inteligencia y a la falta de garantías en la protección de datos
El pasado 17 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un paquete de reformas a la Ley General de Desaparición Forzada y del Sistema Nacional de Búsqueda, con el objetivo de mejorar la localización de personas desaparecidas, un tema urgente en México, donde la cifra supera las 129 000 desaparecidos. Las modificaciones cuentan con el respaldo de la creación de una Plataforma Única de Identidad y el fortalecimiento de protocolos forenses, pero han generado controversia entre colectivos, especialistas y legisladores.
¿En qué consisten las reformas?
Las reformas incluyen los siguientes ejes principales: establecer una Plataforma Única de Identidad que vincula la CURP con datos biométricos (huellas dactilares, fotografía) y conectar múltiples bases de datos —Registro Nacional de Personas Desaparecidas, Banco Nacional de Datos Forenses, Base Nacional de Carpetas de Investigación— para generar alertas automáticas cuando se detecta movimiento de una persona desaparecida. Otro elemento clave es la Base Nacional de Carpetas de Investigación, que unifica carpetas iniciadas por desaparición forzada y no forzada en todas las fiscalías. Se obliga a los servicios periciales a realizar pruebas dactiloscópicas y genéticas en un plazo de tres días para acelerar la identificación de restos. Además, se establecen penas mayores para estos delitos y se impulsan unidades especializadas en cada fiscalía.
Impulso legal y tecnológico con fines de eficacia
El propósito declarado por el gobierno es mejorar la eficacia en la búsqueda e identificación inmediata. En su mañanera, Sheinbaum explicó que actualmente los registros son dispersos, duplicados y desactualizados, lo que retrasa la investigación y revictimiza a los familiares. Aseguró que la reforma es un esfuerzo de la Agencia de Transformación Digital y que podría estar lista para presentarse en un mes. Desde su perspectiva, todo esto implica un proceso transparente, urgente y eficaz sin intención de espionaje.
Polémica: vigilancia masiva o herramienta eficaz
La iniciativa ha sido rechazada por más de 100 colectivos y más de 200 familias, quienes consideran que la reforma convierte la Plataforma Única de Identidad en un sistema de vigilancia masiva, no en una herramienta de búsqueda. Alertan que con la integración obligatoria de la CURP biométrica en todos los trámites —desde comprar recursos de oficina hasta acceder a servicios—, se abre la posibilidad de seguimiento total de la población, sin garantizar la seguridad de la información.
Acceso irrestricto del CNi: el punto más criticado
Otro foco de crítica es el acceso que tendrá el Centro Nacional de Inteligencia (CNi). Durante los diálogos con colectivos familiares, se había acordado que la Plataforma serviría exclusivamente para la búsqueda, pero en el último momento se incorporó la autorización para que el CNi tenga consulta irrestricta, lo que quiebra acuerdos previos y genera desconfianza. El riesgo incluye vulneración de derechos digitales y uso indebido de datos, sin protección ni sanciones efectivas por abuso.
Vacíos en la protección de los datos
Las reformas plantean que se registrará quién accede a la plataforma, pero no detallan mecanismos eficaces de sanción ni el resguardo de la información personal. Los colectivos denuncian que el sistema actual no cuenta con tecnología capaz de alertar a una persona si alguien rastrea su CURP, lo que significa que el registro de acceso es insuficiente para garantizar transparencia y control social.
Fortalezas y debilidades técnicas
Aunque la reforma avanza en la integración tecnológica y forense —por ejemplo, incluye etiquetado de cuerpos y restricción de duplicidades—, carece aún de recursos, financiamiento adicional, y competencias claras para operar la plataforma. Por ejemplo, no se aborda con claridad los retrasos en investigación ni los rezagos forenses, un problema que involucra más de 72 000 cuerpos sin identificar, ni se fortalece significativamente a la Comisión Nacional de Búsqueda, cuya operatividad sigue limitada.
¿Por qué estas reformas son urgentes?
La terrible realidad en México incluye más de 5 600 fosas clandestinas y tasas de impunidad superiores al 99 % en casos de desaparición. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU activó el artículo 24, recabando atención internacional. Ante este escenario, el gobierno plantea que herramientas tecnológicas y legales inmediatas son esenciales. Sin ellas, la búsqueda sigue siendo fragmentada, lenta y, en muchos casos, ineficaz.
Diferentes voces en torno a la propuesta
De un lado, grupos como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México y otros más de 70 colectivos han logrado que su propuesta de mejorar protocolos, perspectivas LGBTTTIQ+ y mecanismos de alertas fueron incorporados. El alto comisionado de la ONU, Volker Türk, advirtió que sin la participación activa de las familias, estas reformas pierden legitimidad. En contraste, la oposición las calificó de iniciativa de un gobierno con vocación autoritaria, similar en estilo a reformas “digitales” recientes que han despertado suspicacia sobre vigilancia estatal.
¿Qué dijo Sheinbaum sobre el espionaje?
Durante una de sus conferencias matutinas, la presidenta declaró enfáticamente que “no están espiando a nadie”. Aseguró que no se trata de una reforma de vigilancia, sino de un sistema de coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y bases forenses, con protocolos para registrar accesos a la plataforma. Sheinbaum mencionó que esta fue diseñada para simplificar y agilizar la búsqueda, no para monitorizar ciudadanos.
Tensión legislativa: parlamento abierto y consenso
Aunque los mecanismos de entrega de la iniciativa fueron rápidos —con la versión final entregada la madrugada previa al debate—, el Senado aprobó el dictamen con modificaciones el día 26 de junio. A solicitud de colectivos, se incorporaron 30 ajustes, pero éstos no resolvieron las principales objeciones sobre el carácter masivo de la plataforma ni su alcance sin supervisión. Las familias exigen u parlamento abierto, donde se discuta públicamente con diálogo y empoderamiento de las víctimas.
¿Qué viene para México y las familias afectadas?
A la espera de la aprobación definitiva en el pleno, la discusión pública exige: reglamentos precisos, garantías tecnológicas, financiamiento y fiscalización eficaz. Si bien hay herramientas validadas para una mejor acción inmediata, subsisten deudas. Las familias piden comisiones de búsqueda operativas, fondos suficientes, identificación forense acelerada y, sobre todo, respeto a su derecho a participar.
Encrucijada entre eficacia y derechos
Las reformas presentadas pueden representar una oportunidad histórica para mejorar la búsqueda y localización de desaparecidos en México, siempre que se ajusten los protocolos y se explique bien su alcance. No obstante, la desconfianza de las familias y la falta de garantías robustas recuerdan que la tecnología sin controles puede convertirse en un instrumento de control, no de justicia. El siguiente paso será demostrar —con transparencia, fiscalización y diálogo— que la plataforma no es un sistema de espionaje, sino una herramienta confiable para acortar distancias entre victimas y justicia.
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