El crimen organizado ya no solo extorsiona tortillerías. En varias regiones del país controla el maíz, los insumos y la distribución, lo que encarece uno de los alimentos básicos de millones de mexicanos.
El control del crimen organizado sobre la industria de la tortilla se ha extendido a prácticamente toda la cadena de producción en distintas regiones de México. Organizaciones delictivas ya no solo cobran derecho de piso a las tortillerías, sino que también intervienen en el cultivo del maíz, el transporte del grano, la venta de insumos y la distribución del producto. De acuerdo con representantes del sector, esta situación ha provocado incrementos de entre 6 y 12 pesos por kilogramo de tortilla, afectando directamente a consumidores y pequeños negocios.
Cárteles controlan el maíz y el transporte
Según Homero López, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, la intervención criminal comienza desde la producción agrícola. En estados como Sinaloa, grupos delictivos controlan el acceso al agua utilizada para los cultivos de maíz y llegan a interceptar tráileres que transportan el grano hacia distintos puntos del país. En algunos casos, los transportistas deben pagar cuotas para recuperar la mercancía o continuar con sus rutas de distribución.
Tortillerías enfrentan extorsiones y amenazas
La presión criminal también alcanza a los negocios dedicados a la elaboración de tortilla. En diversas entidades, los delincuentes obligan a los propietarios a comprar exclusivamente con determinados proveedores de maíz, harina o gas. Esta práctica genera aumentos artificiales en los costos de producción. Mientras una tonelada de maíz ronda normalmente los 7 mil 500 pesos, grupos criminales llegan a revenderla hasta en 12 mil pesos, elevando los costos para los productores.
Se estima que entre 15 y 24 por ciento de las tortillerías del país, equivalentes a cerca de 20 mil establecimientos, enfrentan actualmente cobro de piso o extorsiones.
Guerrero, Edomex y Sinaloa concentran los casos
Los reportes ubican los principales focos rojos en municipios del sur del Estado de México, así como en diversas regiones de Guerrero y Sinaloa. Autoridades y representantes del sector señalan principalmente a organizaciones como La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por imponer cuotas, controlar proveedores y fijar condiciones para la comercialización del producto.
En Guerrero también han sido señalados grupos como Los Tlacos y Los Ardillos, relacionados con amenazas a comerciantes y presiones para modificar precios.
El impacto llega a la mesa de los mexicanos
Especialistas advierten que el problema ya supera el tradicional cobro de piso. Ahora, las organizaciones criminales buscan controlar proveedores, rutas de distribución y costos de producción de uno de los alimentos más importantes para la dieta nacional.
Cuando grupos delictivos influyen en el precio del maíz, el suministro de gas o la distribución de la tortilla, las consecuencias afectan directamente la economía de millones de familias mexicanas. ¿Crees que las autoridades están haciendo lo suficiente para frenar la infiltración del crimen organizado en actividades económicas? Déjanos tu opinión en los comentarios.
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