INE impone sanciones por propaganda ilegal; Sheinbaum y Taddei cuestionan legalidad y contradicción institucional
Las elecciones extraordinarias del Poder Judicial, celebradas el pasado 1 de junio, siguen generando polémica, esta vez por las multas millonarias impuestas por el uso de “acordeones” —guías de votación con listas de candidatos— utilizadas por ciudadanos en las casillas.
Aunque inicialmente se consideraron como recordatorios personales, el Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó que estos acordeones fueron distribuidos masivamente como propaganda no reportada, lo que representa una falta grave a la fiscalización electoral. Por ello, el 28 de julio se aprobó una resolución para multar a más de 120 candidatos, incluidos futuros ministros de la Suprema Corte y magistrados, con sanciones que superan los 18 millones de pesos.
Esta decisión fue altamente controversial dentro del Consejo General del INE. La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, votó en contra, argumentando que no existe una base jurídica sólida para sancionar, ya que no se pudo probar quién los imprimió ni cómo se distribuyeron. “No hay pruebas ni responsables claros”, dijo.
Resolución contradictoria
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum respondió con dureza en “La Mañanera del Pueblo”. Cuestionó la lógica de las sanciones al señalar que el propio INE había dicho antes que los acordeones no influían en el voto. “Un día deciden una cosa y otro día otra. Quieren desvirtuar la elección”, expresó. Añadió que, de haber sido determinantes, no habría tantas diferencias de votos entre candidatos de una misma lista.
El INE impuso también multas a candidaturas perdedoras, elevando el monto total de sanciones a más de 21 millones de pesos. La resolución plantea que los materiales, tanto físicos como digitales, funcionaron como propaganda ilegal al promover de manera dirigida a ciertos aspirantes judiciales.
La contradicción es clara: anteriormente, el INE había afirmado que los acordeones formaban parte del ejercicio libre del voto, sin un impacto demostrable. Hoy, su postura cambia radicalmente, generando dudas sobre la coherencia institucional y la imparcialidad del proceso.
Mientras tanto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) será el encargado de revisar la validez de las sanciones. El caso podría sentar un precedente sobre los límites entre la organización ciudadana y la propaganda electoral, y determinar cómo regular sin restringir los derechos de los votantes.
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