La pena actual se incrementaría cuando sea cometido por dos o más personas, algún familiar directo o que cohabite con la víctima
El senador José Ramón Enríquez Herrera presentó una iniciativa para aumentar, hasta en una mitad, las penas para el feminicidio cuando este delito sea cometido por dos o más personas, algún familiar directo o que cohabite con la víctima o por algún servidor público.
El legislador de Morena propone adicionar el artículo 326 al Código Penal Federal para establecer que, en caso de que este ilícito sea cometido por un servidor público, además de la prisión, el condenado sea destituido del cargo o empleo o suspendido por cinco años para desempeñar el ejercicio de la profesión.
Actualmente, el artículo artículo 325 fracción VI del Código Penal Federal prevé una pena de entre 40 y 60 años de prisión, así como de 500 a mil días de multa, a quien cometa el delito de feminicidio
Falta de circunstancias agravantes
Enríquez Herrera explicó las marcadas diferencias entre el homicidio y el feminicidio; mismas que han contribuido a un sentimiento de impunidad porque no existen agravantes contra los victimarios.
De acuerdo con datos del INEGI, las mujeres son asesinadas con mayor violencia y saña que los hombres; lo cual se agrava cuando se utilizan medios que incrementan el dolor, prolongan el sufrimiento y conllevan la aplicación de la fuerza corporal para someter a las víctimas.
El senador destacó que la sanción para quien le quita la vida a una mujer no considera circunstancias como los deseos del feminicida, el parentesco con la víctima o el poder ejercido. Además, Subrayó que el mayor peligro para las mujeres se encuentra en sus propios hogares, al registrarse en ese sitio uno de cada cinco feminicidios, cometidos en un 40 por ciento por la pareja de la víctima.
En lo que respeta a los servidores públicos, el legislador señaló que como garantes de la Ley deben predicar con el ejemplo, por lo que dentro de la regulación vigente es necesario considerar una agravante para quienes no respeten el servicio público.
La iniciativa se turnó a las Comisiones Unidas de Justicia; y de Estudios Legislativos, Primera.
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