Sheinbaum evade hablar de Ayotzinapa en aniversario y canaliza las preguntas a Gobernación y FGR
Al cumplirse 11 años de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum evadió responder preguntas directas sobre el caso durante su conferencia matutina de hoy. La mandataria se limitó a canalizar la responsabilidad del caso a la Secretaría de Gobernación y a la Fiscalía General de la República (FGR), sin ofrecer detalles operativos ni nuevos compromisos.
La evasión se hizo explícita cuando, al intentar extender la sesión con preguntas sobre el sensible aniversario, la Presidenta optó por dar por terminada la conferencia. Su respuesta fue: “¿Ya fueron muchas preguntas no? Ya tienen suficientes notas”, y acto seguido procedió a mostrar tres videos, dando fin a la sesión. Este acto ha sido señalado por medios independientes como una falta de apertura al escrutinio público, en un caso que ha marcado dos sexenios.
El Patrón de Evasión Presidencial
La acción de hoy se alinea con un patrón de evasión que ha marcado la postura de la mandataria federal ante el caso Ayotzinapa. A pesar de haber prometido su resolución durante su campaña, al igual que su predecesor. Aunque Sheinbaum ha reiterado su compromiso con la “verdad y justicia”, ha evitado sistemáticamente entrar en detalles operativos o comprometerse con acciones concretas.
- Debate presidencial de 2024. Al ser cuestionada sobre justicia transicional y el caso Ayotzinapa, se limitó a decir que “la verdad es prioridad”. Sin comprometerse a reabrir investigaciones o a desclasificar documentos militares.
- Campaña presidencial (marzo 2024): Evitó comprometerse a mantener el equipo especial de Ayotzinapa, citando la “autonomía” de la Fiscalía.
- Toma de protesta (1 de octubre de 2024): Mencionó el caso como un pendiente histórico, pero no especificó ninguna línea de acción para su resolución.
Esta falta de detalles ha generado inconformidad entre los padres de los 43 normalistas. Quienes han declarado que sienten que “se está jugando otra vez con la verdad” y exigen avances concretos.
La verdad que no se resuelve: Ayotzinapa a 11 años
La exigencia de los familiares se basa en el estancamiento del caso tras el último avance sustancial, ocurrido en agosto de 2022 con el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Dicho informe reveló hallazgos clave que involucran directamente a las Fuerzas Armadas mexicanas.
El GIEI documentó que el Ejército (SEDENA) tuvo información en tiempo real sobre el ataque a los normalistas el 26 de septiembre de 2014 y no intervino para protegerlos. Además, se identificaron documentos internos que registraban los movimientos de los estudiantes hasta su desaparición. Y se confirmó el contacto de elementos del 27 Batallón de Infantería con grupos criminales involucrados.
A pesar de que el informe de 2022 derivó en la emisión de 83 órdenes de aprehensión contra militares, policías y funcionarios, muchas de estas fueron canceladas o no ejecutadas. Esta situación llevó al retiro del GIEI en septiembre de 2023, al considerar que no existían condiciones para continuar con independencia ni acceso pleno a la información, acusando obstrucción institucional.
En julio de 2025, Rosendo Gómez Piedra fue removido como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA). Aunque fue sustituido por Mauricio Pazarán, quien se comprometió a retomar las líneas de investigación del GIEI, los familiares han declarado que no hay avances sustanciales.
En este contexto, la presidenta Sheinbaum anunció en septiembre que pidió a la Secretaría de Gobernación explorar la posibilidad de integrar nuevos expertos en métodos de investigación. Sin embargo, no se ha retomado al GIEI, el grupo internacional que había logrado los avances más importantes en la investigación.
Más allá de Ayotzinapa: la crítica a la falta de apertura
Además de Ayotzinapa, la presidenta evitó responder preguntas sobre otro tema sensible: la presunta presión editorial o política del gobierno sobre medios de comunicación.
La pregunta hacía referencia a la reciente salida de la periodista Adriana Pérez Cañedo de un noticiero radiofónico, un caso que ha sido interpretado por el gremio periodístico como un ejemplo de censura indirecta o presiones políticas. La Presidenta omitió responder, cerrando la conferencia de prensa sin comentarios sobre la autonomía editorial.
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