El nuevo modelo no excluye la participación privada de empresas e inversionistas
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha impulsado un decreto para que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) retomen su estatus como empresas públicas del Estado. Este cambio busca revertir la reforma energética de 2013, que, bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, convirtió a Pemex y CFE en «empresas productivas del Estado» sujetas a regímenes mercantiles y mayor apertura a la inversión privada.
¿Quién privatizó a ambas instituciones?
La reforma de Peña Nieto promovía la competencia y la inversión privada en sectores energéticos para fomentar la eficiencia y reducir costos; sin embargo, la administración de MORENA consideró que esta reforma debilitó por completo el control estatal sobre los recursos estratégicos para la nación.
Enrique Peña Nieto presentó en agosto de 2013 la reforma energética como la solución para que Petróleos Mexicanos (Pemex) se modernizara, ganara competitividad en el mercado nacional e internacional, e impulsara la economía de sus trabajadores y de las regiones ricas en hidrocarburos.
El objetivo de la reforma energética de Peña Nieto era que México creciera más rápido, lo que iba a generar empleos y elevaría la competitividad de la industria. Además de que se podrían explotar los recursos energéticos sin que el país obtuviera una deuda.
¿Cuál es el beneficio de que sean públicas?
Sheinbaum, planteó que este cambio forma parte de su compromiso con la «soberanía energética», esta reforma incluye ajustes en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, permitiendo que el Estado regrese a ser el principal responsable del petróleo y la electricidad, con Pemex liderando la producción de combustibles fósiles y la CFE dominando la generación de electricidad.
Se planea que CFE controle al menos el 54% del mercado eléctrico, dejando el 46% para inversión privada bajo una estricta regulación. Los próximos pasos involucran reorganizar la operación de ambas empresas, coordinadas desde la Secretaría de Energía bajo la dirección de Luz Elena González.
Este cambio busca mejorar las finanzas de Pemex y CFE, optimizando sus operaciones para evitar pérdidas y asegurar un suministro constante de energía para la población mexicana. La administración también contempla medidas para el desarrollo de infraestructura eléctrica y la reducción de los precios al consumidor, sin fines de lucro, con la intención de preservar la seguridad y autosuficiencia energética.
CFE y Pemex recuperarán su capacidad para trabajar exclusivamente bajo el derecho público en lugar de derecho mercantil, reforzando su rol como entidades públicas y limitando la participación de inversionistas privados a sectores específicos.
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Este cambio ha generado debate, con algunos críticos advirtiendo que la medida podría limitar la innovación y eficiencia que la competencia privada solía incentivar. Sin embargo, Sheinbaum ha asegurado que el objetivo es fortalecer el papel del Estado en estos sectores estratégicos y promover una administración sostenible y de bajo costo para los ciudadanos.
Con esta reforma, el gobierno mexicano busca también reducir su dependencia de empresas extranjeras en la explotación y distribución de energía, alineándose con una política de “soberanía energética” en la que el control de estos recursos permanezca en manos mexicanas.
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