El senador Gerardo Fernández Noroña fue captado usando una aeronave privada, a pesar de la política de austeridad de su partido
El senador por Morena, Gerardo Fernández Noroña, se encuentra en el centro de la polémica tras ser captado utilizando un avión privado para una serie de viajes en Coahuila. El hecho contraviene el discurso de austeridad y combate a los privilegios que enarbola su movimiento político, y ha generado cuestionamientos sobre el origen de los fondos para financiar sus traslados.
La controversia escaló cuando la presidenta Claudia Sheinbaum se mostró incómoda y evitó responder a las preguntas sobre el tema, limitándose a decir que “ya, ya, ya No voy a entrar en debate con él, ya que cada quien es libre de opinar y que a cada quien nos evalúe la gente”. La declaración de la mandataria federal se interpretó como una toma de distancia ante un caso que podría dañar la imagen de su administración.
La agenda política de Noroña y la opacidad del financiamiento
El senador Fernández Noroña confirmó públicamente el uso de la aeronave, defendiendo la acción como un recurso logístico necesario para cumplir con una agenda que lo llevó a Torreón, Francisco I. Madero, Piedras Negras y Acuña en solo dos días. Sin embargo, el aspecto más crítico desde la perspectiva ética y administrativa es la falta de transparencia en el financiamiento.
La aeronave, con matrícula N850KL, corresponde a un Socata TBM 700, propiedad de un fideicomiso creado en el Banco de Utah, de acuerdo con la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos. El Senador intentó evadir la cuestión del financiamiento con una declaración no verificada, sugiriendo irónicamente que «Me lo pagó Salinas Pliego», y argumentó que no tenía obligación de transparentar lo que consideraba «gastos personales».
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La Ley de Aviación Civil en México establece que “las permisionarias extranjeras que presten servicios aéreos a terceros tienen prohibido realizar prácticas de cabotaje en territorio nacional”. Esta restricción también aplica para las operadoras de aeronaves para uso particular. El itinerario del Senador —que incluyó vuelos entre Toluca, Torreón y Piedras Negras— constituye una práctica de cabotaje aéreo, lo que, según la Ley, es una violación que podría derivar en multas significativas y la prohibición de entrada de la aeronave a México en el futuro.
La falta de transparencia respecto al origen de los fondos o beneficios de transporte es fundamental para determinar si hubo un quebrantamiento de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA). El Artículo 52 de esta ley tipifica como falta administrativa grave la conducta de los servidores públicos que acepten u obtengan cualquier obsequio, regalo o dádiva indebida por motivo del ejercicio de sus funciones. La recepción de un servicio de transporte de alto costo, utilizado para cumplir tareas vinculadas a su posición de servidor público, sin que medie una declaración transparente, se considera la obtención de un «obsequio» o «dádiva».
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