Revelan condonación fiscal a empresa con nexos criminales; crecen dudas sobre complicidad institucional en México
Una condonación fiscal por 92 millones de pesos otorgada en 2018 a una empresa ligada al sector energético ha reactivado el debate sobre el narcoempresariado en México. El caso, revelado por investigaciones periodísticas y confirmado por fuentes oficiales, involucra a una marca con antecedentes judiciales en el extranjero y vínculos con redes de distribución de combustible ilegal.
Condonación millonaria en la mira
Pese a los señalamientos, las autoridades fiscales otorgaron el beneficio sin oposición pública, lo que especialistas consideran una señal de tolerancia institucional frente a estructuras económicas opacas. Mientras tanto, la empresa continúa operando más de 300 estaciones de servicio en el país, algunas de ellas cateadas recientemente por autoridades federales.
En paralelo, se registró el mayor decomiso de huachicol fiscal del sexenio, con más de 17 millones de litros asegurados en Saltillo y Ramos Arizpe. Varias estaciones ligadas a esta empresa fueron clausuradas el 2 de julio y permanecen inactivas.
Narcoempresariado: el crimen disfrazado de legalidad
El caso ha puesto en evidencia un fenómeno cada vez más documentado: el narcoempresariado, donde consorcios aparentemente legales crecen gracias a:
- Omisiones regulatorias deliberadas,
- Vacíos fiscales aprovechados estratégicamente,
- Concesiones de larga duración,
- Permisos traspasados a empresas fachada.
“La tolerancia oficial permitió que ciertos consorcios se volvieran gigantes, aún con antecedentes oscuros”, advirtió un experto en seguridad energética.
Este modelo convierte capital ilícito en infraestructura visible: gasolineras, marcas comerciales, redes de transporte. Todo bajo la complicidad activa o pasiva de funcionarios, reguladores y políticos.
La contradicción del Estado
A pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum ha lanzado una ofensiva nacional contra el huachicol, con:
- 39 millones de litros de combustible decomisado en ocho meses,
- Plataforma de trazabilidad digital para rastrear el combustible,
- Coordinación interinstitucional entre SAT, Pemex, Sedena, Marina, FGR y UIF,
- Investigación a funcionarios coludidos con redes de contrabando,
…el beneficio fiscal concedido en 2018 sigue vigente en 2025.
Esto ha generado fuertes críticas sobre la coherencia del combate al huachicol y la persistencia de fisuras entre fiscalización, política y crimen económico.
¿Qué sigue?
Los analistas coinciden en que incautaciones y tecnología no bastan. El reto es desmontar las redes institucionales que permiten operar a consorcios criminales bajo apariencia legal.
La ciudadanía exige una verdadera justicia fiscal, donde los beneficios tributarios no terminen fortaleciendo estructuras ilegales y donde el Estado actúe con congruencia frente a quienes socavan sus propias políticas.
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