Más de 15 millones de litros robados involucran a empresarios, transportistas y firmas locales
El mayor decomiso de huachicol en la historia reciente de México encendió las alertas en el norte del país. Autoridades federales aseguraron 129 carrotanques con más de 15.4 millones de litros de combustible robado en operativos simultáneos realizados en Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila.
El despliegue fue encabezado por la Secretaría de Seguridad, en coordinación con el Ejército, la Marina y la FGR así como con autoridades estatales. Sin embargo, lo que más sorprendió fue la implicación directa de empresas coahuilenses del ramo gasolinero y transportistas principalmente de carga que estan involucrados.
Allegados al caso comentan que se investiga la instalación de gasolineras en los últimos años que tienen un gran consumo de hidrocarburos pero que no presentan el movimiento tradicional de empresas del ramo, algunas de estas están instaladas incluso en patios de resguardo de cajas de transporte.
Empresarios en la mira
Entre las firmas bajo investigación se encuentra Industriales Fundentes, con sede en Saltillo, además de Lambrucar, Ingemar, Crismon Hidrocarburos y Belar Fuels. Todas han sido vinculadas al transporte, almacenamiento y comercialización ilícita de combustible, mediante esquemas fiscales irregulares para evadir ISR e IVA. Los carrotanques asegurados portaban sellos de estas compañías, lo que llevó a la Fiscalía General de la República (FGR)a abrir una carpeta de investigación.
La investigación ya analiza la posible complicidad de transportistas coahuilenses. Ya que se aseguraron 20 pipas, 12 cisternas ferroviarias y varios tractocamiones usados para mover el huachicol.
Consecuencias inminentes
La presidenta Claudia Sheinbaum fue tajante: “Se cancelarán concesiones a gasolineros que resulten implicados”. En los próximos días se esperan más órdenes de cateo, aprehensión y clausuras administrativas. Especialmente en estaciones ubicadas en Saltillo y municipios colindantes.
El Gobierno Federal ha echado mano de la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que permite cruzar información financiera, logística y operativa para desmantelar redes del crimen organizado.
Mientras tanto, la industria gasolinera de Coahuila enfrenta una crisis de credibilidad, y cientos de transportistas y empresarios temen que la investigación revele aún más conexiones con el huachicol que durante años operó con impunidad en la región.
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