La presidenta Claudia Sheinbaum firmó la iniciativa que busca homologar el castigo y la investigación del feminicidio en todo el país, eliminando las asimetrías que facilitaban la impunidad.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este 15 de julio la Ley General para Sancionar y Reparar el Daño por Feminicidio. La iniciativa, que será enviada al Congreso de la Unión, establece un estándar único para investigar, juzgar y castigar la violencia extrema contra las mujeres. Poniendo fin a la dispersión normativa que existía entre los estados.
Endurecimiento de penas y homologación
El proyecto, coordinado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, establece una pena de prisión de 50 a 70 años para el delito consumado. En el caso de tentativa de feminicidio, las sanciones oscilarán entre los 25 y 46.6 años de prisión. Eliminando cualquier posibilidad de beneficios procesales o libertad anticipada para los agresores.
Entre los puntos clave de la reforma, destaca:
- Investigación obligatoria: Todo fallecimiento violento de una mujer deberá ser investigado bajo el protocolo de feminicidio desde el primer momento.
- Razones de género: Se definen nueve criterios claros —como violencia sexual, antecedentes de maltrato o incomunicación— para acreditar el dolo por cuestiones de género.
- Agravantes: Se incluye un catálogo de 21 agravantes, entre ellos si la víctima era una niña, mujer embarazada, periodista o defensora de derechos humanos.
- Sanciones administrativas: El agresor perderá automáticamente la patria potestad y derechos sucesorios sobre la víctima.
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Protección integral y Registro Nacional de Orfandad
La ley pone especial énfasis en la reparación del daño. Además de la atención médica y psicológica inmediata para víctimas indirectas, la iniciativa crea el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio. Este padrón permitirá que los menores afectados tengan acceso prioritario a becas, seguridad social y esquemas de tutela, buscando mitigar el impacto social de estos crímenes.
Asimismo, se prohíbe estrictamente la difusión o comercialización de imágenes y datos sensibles de las víctimas en medios de comunicación y redes sociales, sancionando el amarillismo que revictimiza a las familias.
El reto: De la ley a la práctica
Durante la presentación, figuras clave como Ingrid Gómez Saracíbar y Maribel Borjes Beltrán explicaron que la ley contempla mecanismos de «turno continuado» en las fiscalías, asegurando que la investigación no se detenga en fines de semana o días inhábiles, un periodo donde históricamente se perdían pruebas críticas.
Pese a la solidez técnica de la propuesta, organizaciones sociales como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio han advertido que el endurecimiento penal por sí solo no garantiza justicia. Señalan que la brecha real se encuentra en la capacidad de las fiscalías: actualmente, solo el 15% de las carpetas por feminicidio llegan a ser judicializadas.
La exigencia de los colectivos es clara: la nueva Ley General deberá ir acompañada de un presupuesto real y una capacitación científica intensiva para los ministerios públicos. Evitando que la norma se convierta en una declaración de buenas intenciones frente a la persistencia de la impunidad.
¿Consideras que endurecer las penas es la solución definitiva para erradicar el feminicidio en México, o el esfuerzo debería centrarse principalmente en mejorar la eficacia de las investigaciones? ¡Participa en la conversación!
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