El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) acordó por unanimidad trasladar al ámbito de la justicia penal los expedientes acumulados sobre anomalías operativas y financieras detectadas durante la administración de Guadalupe Taddei Zavala, quien formalizó su renuncia a la presidencia del organismo a finales de octubre de 2026.
Tras la dimisión de Guadalupe Taddei a la presidencia del Consejo General del INE, las diez consejerías electorales que integran el órgano colegiado determinaron unánimemente instruir a la Dirección Jurídica del instituto para presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con la presidenta provisional del organismo, Blanca Yassahara Cruz García, la querella se plantea sobre hechos delictivos generales para que el Ministerio Público Federal investigue a cualquier funcionario, exfuncionario o colaborador que resulte involucrado en las irregularidades observadas.
Hallazgos de auditoría y contratos bajo revisión
Las indagatorias internas y los informes presentados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) apuntan a diversas anomalías en esquemas de contratación y adjudicación, entre las que destacan:
- Producción de credenciales para votar: Un contrato con un importe superior a los 1,000 millones de pesos que enfrenta un proceso de auditoría y posible rescisión ante indicios de sobreprecio y simulación de competencia.
- Adjudicaciones directas y suministros: Se indagan contratos por 277 millones de pesos sin justificación aparente, así como asignaciones por 123 millones de pesos para insumos del proceso electoral judicial vinculadas al entorno de la expresidencia.
- Red de facturación simulada: Informes de la ASF señalan un esquema corporativo que operó de 2014 a 2026, triangulando recursos mediante empresas intermediarias y factureras tanto en el ámbito central como en Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) de 17 entidades federativas.
Reestructuración administrativa y éxodo de mandos
La profundización de las auditorías y la inminencia de las acciones legales derivaron en la renuncia de al menos 30 funcionarios de mandos medios y superiores, incluidos perfiles de la oficina de la expresidencia,la Secretaría Ejecutiva y diversas unidades técnicas y de comunicación.
Para evitar la parálisis operativa, el Pleno del Consejo General designó a encargados de despacho sin vínculos con la administración saliente y ordenó el aseguramiento inmediato de los repositorios de información y servidores institucionales, garantizando la cadena de custodia para los peritajes de la FGR y de la ASF.
Proceso de sustitución y debate sobre facultades
La crisis institucional ha reabierto el debate legislativo en torno a la concentración de atribuciones unipersonales conferidas a la presidencia del organismo. Diversos consejeros señalaron que el diseño normativo anterior limitaba los contrapesos colegiados, por lo que se impulsan reformas para restituir la toma de decisiones por mayoría calificada en el nombramiento de direcciones ejecutivas.
En paralelo, la Cámara de Diputados deberá desahogar el proceso de selección y designación de la nueva presidencia definitiva que concluirá el periodo constitucional hasta 2032, conforme a los mecanismos previstos en la Constitución y con la participación de un Comité Técnico de Evaluación.
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