El INE aprobó recortes obligados tras la decisión de diputados, generando alertas por afectaciones operativas y riesgos para próximos procesos electorales
El Instituto Nacional Electoral aprobó ajustes al presupuesto del INE para 2026, tras el recorte de mil millones de pesos avalado por la Cámara de Diputados, decisión que generó reclamos internos debido al impacto directo en áreas clave del organismo.
Recortes sin explicación clara por parte del INE
Consejeros del INE recordaron que esta disminución presupuestal se suma a una tendencia constante desde 2017, donde cada año se aplican recortes mayores sin que el Poder Legislativo presente una justificación sólida, afectando la planeación institucional de largo plazo.
Norma de la Cruz, presidenta de la Comisión Temporal de Presupuesto, explicó que el ajuste golpea el 86% de la cartera institucional y reduce un 16% el presupuesto base, comprometiendo funciones esenciales relacionadas con organización, capacitación y actualización permanente de los procesos electorales.
En ese presupuesto base, las reducciones más sensibles recaen en Capacitación Electoral, con un recorte de 293 millones de pesos, el Registro Federal de Electores, con 187 millones menos, y la Dirección de Organización Electoral, que pierde 169 millones, según el informe oficial del Consejo General.
Advertencias sobre riesgos operativos
La consejera Dania Ravel advirtió que el presupuesto del INE para 2026 dejará sin recursos proyectos indispensables como el arrendamiento de plantas eléctricas para elecciones locales, medidas contra hostigamiento laboral en juntas estatales y contratación de auxiliares jurídicos distritales.
Señaló que estas limitaciones complican el escenario rumbo a 2027, año donde inicia el Proceso Electoral Federal 2026-2027 y se renovará por completo la Cámara de Diputaciones, además del inicio del proceso para el Poder Judicial Federal y los comicios locales en 32 entidades.
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La consejera Rita Bell López también cuestionó la asignación de 58 millones para contratar personal en la Unidad de Transparencia, al considerar que no existe sustento claro; aun así, no se logró mayoría para modificar la distribución de recursos en ese rubro.
El consejero Arturo Castillo lamentó que en México parezca que la democracia dejó de ser prioridad presupuestal y recordó que, por falta de recursos, en una elección judicial reciente el INE instaló solo la mitad de las casillas requeridas, generando deficiencias que podrían repetirse.
Finalmente, consejeros como Martín Faz y Uuc-kib Espadas expresaron preocupación por la falta de recursos para personal por honorarios y por la idea errónea de que se puede hacer más con menos, insistiendo en que el presupuesto del INE para 2026 debe garantizar racionalidad y operatividad.
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