Gobernadores de Sonora y Tamaulipas niegan acusaciones de LA Times 

Gobernadores de Sonora y Tamaulipas niegan acusaciones de LA Times 

Los voceros oficiales de Alfonso Durazo y Américo Villarreal califican como falsos y sin pruebas los señalamientos de investigaciones penales en Estados Unidos

Los Gobiernos Estatales de Sonora y Tamaulipas desmintieron categóricamente la información publicada por el diario estadounidense Los Angeles Times. El reportaje, difundido este miércoles 3 de junio de 2026, señalaba que los gobernadores Alfonso Durazo Montaño y Américo Villarreal Anaya se encontraban bajo investigación penal por parte del gobierno de los Estados Unidos y que habían sido despojados de sus visas norteamericanas.

Las coordinaciones de Comunicación Social de ambas entidades federativas emitieron pronunciamientos públicos para frenar el impacto político de la publicación, la cual calificaron como una campaña basada en rumores y especulaciones sin sustento documental.

Sonora desmiente retiro de visa a Alfonso Durazo

Paloma Terán, titular de Comunicación Social del Gobierno de Sonora, utilizó sus redes sociales oficiales para fijar la postura del mandatario sonorense. La funcionaria aclaró la situación migratoria y legal del exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, echando por tierra las afirmaciones del medio estadounidense que lo vinculaban con presuntos nexos con el crimen organizado.

“El gobernador cuenta con una visa vigente y no ha sido notificado de investigación alguna por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Rechazamos categóricamente cualquier señalamiento sin sustento y reiteramos nuestro compromiso con la verdad y la transparencia”, indicó Terán en su comunicado.

Tamaulipas exige pruebas ante señalamientos de «huachicol»

Por su parte, Gerardo Algarin, coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, rechazó con firmeza los señalamientos que implican a Américo Villarreal en una supuesta indagatoria relacionada con el contrabando de combustible, delito conocido en México como huachicol.

A través de su cuenta en la plataforma X, Algarin denunció la falta de rigor ético del reportaje internacional:

  • Falta de evidencia: Sostuvo que se pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde.
  • Inexistencia de expedientes: Precisó que no hay documentos, expedientes, resoluciones ni evidencia verificable que acredite lo publicado por el diario.
  • Uso de rumores: Sentenció que nadie puede convertir rumores, versiones anónimas o especulaciones en hechos.
  • Defensa institucional: Concluyó afirmando que «la verdad se demuestra con evidencia; las insinuaciones jamás sustituyen a las pruebas».

El contraste de las versiones sobre la situación de los gobernadores

Eje del Conflicto PeriodísticoVersión Publicada por Los Angeles TimesRéplica Oficial de los Gobiernos Estatales
Estatus MigratorioAfirman que ambos mandatarios fueron despojados de sus visas de EE. UU..Sonora confirma que Alfonso Durazo mantiene su visa totalmente vigente.
Mecanismo de IngresoAseguran que operan bajo el programa Significant Public Benefit parole para cooperar.Califican la versión como un rumor anónimo y una especulación sin documentos.
Notificaciones LegalesAseguran la existencia de investigaciones de carácter penal en curso.Confirman que ningún gobernador ha sido notificado por autoridades de EE. UU..
Cargos ImputadosSeñalan a Durazo por crimen organizado y a Villarreal por huachicol.Rechazan categóricamente los señalamientos por carecer de evidencia verificable.

El fantasma del caso Sinaloa y la presión internacional

La publicación de Los Angeles Times advertía que las medidas contra los funcionarios en funciones amenazan con socavar al partido gobernante (Morena) y tensar aún más la relación bilateral entre México y los Estados Unidos. Para sustentar la viabilidad de sus afirmaciones, el medio extranjero citó a la especialista Vanda Brown, de la Brookings Institution, quien explicó que el programa de libertad condicional por beneficio público significativo —en el que supuestamente estarían los gobernadores— está diseñado en realidad como una herramienta para obtener información y pruebas de los investigados.

Este escándalo se suma al sismo político ocurrido en abril pasado, cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó formalmente al hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios de su administración de recibir millones de dólares en sobornos y favores electorales a cambio de brindar protección a la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa para el contrabando de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina.

Entre los implicados de ese estado figuran el senador Enrique Inzunza y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil. Sin embargo, la entrega voluntaria en la frontera del exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez —quien ya fue presentado ante un tribunal de Nueva York— mantiene las alertas encendidas en los gabinetes del norte del país, mientras las dirigencias locales de Sonora y Tamaulipas exigen un freno a las filtraciones sin sustento jurídico.

¿Consideras que los desmentidos de los voceros estatales son suficientes para apagar la crisis diplomática o crees que las investigaciones de EE. UU. terminarán por judicializarse como ocurrió en Sinaloa? ¡Escribe tu opinión en los comentarios y comparte esta nota!

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