Una investigación de medios internacionales revela que los gobernadores de Sonora y Tamaulipas perdieron sus visas y cruzan la frontera bajo un programa especial para testificar ante un gran jurado
El tablero político y diplomático entre México y los Estados Unidos volvió a cimbrarse de manera violenta tras revelarse que el gobierno norteamericano mantiene abiertas investigaciones criminales en contra de otros dos mandatarios estatales de Morena: Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas.
De acuerdo con un reportaje de profundidad publicado por el consorcio de periodistas Puente News Collaborative y el diario Los Angeles Times, firmado por los reporteros Steve Fisher y Kate Linthicum, ambos funcionarios estarían vinculados en expedientes de delincuencia organizada y contrabando, lo que agudiza la crisis institucional que ya enfrenta la coalición gobernante en el país.
Alfonso Durazo: Bajo la lupa del gran jurado y con visa cancelada
A sus 71 años, Alfonso Durazo, actual gobernador del estado fronterizo de Sonora y exsecretario de Seguridad Pública Federal durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se convirtió en uno de los líderes políticos de más alto perfil investigados por la justicia estadounidense hasta la fecha.
El reporte periodístico —que retoma datos previamente expuestos por el periodista mexicano Luis Chaparro— confirma que cancelaron la visa estadounidense de Durazo el año pasado debido a presuntos vínculos con el crimen organizado. Sin embargo, fuentes cercanas al caso revelaron un mecanismo extraordinario: el mandatario sonorense sigue cruzando la frontera de manera regular bajo un programa especial de Washington.
Los periodistas detallan que Durazo viaja a EE. UU. para recibir atención médica amparado en el programa denominado Significant Public Benefit parole (Permiso humanitario por beneficio público significativo). Este esquema legal permite a ciudadanos extranjeros testificar ante un gran jurado con el fin de mitigar las consecuencias de cargos penales actuales o pendientes, ya sea contra ellos mismos o contra terceros. Hasta el momento, la oficina del gobernador de Sonora ha guardado silencio y no respondió a las solicitudes de comentarios.
Américo Villarreal y la conexión con el «huachicol»
El segundo frente de la investigación golpea directamente al noreste de México. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, se encuentra bajo indagatoria penal de las agencias de seguridad debido a sus presuntos nexos con el robo y contrabando de combustible, delito conocido popularmente como huachicol.
Las fuentes informaron a Fisher y Linthicum que Villarreal Anaya también posee un permiso especial Significant Public Benefit. De acuerdo con los testimonios recogidos, cada vez que el mandatario tamaulipeco cruza hacia los Estados Unidos, frecuentemente es escoltado por oficiales de seguridad norteamericanos. Al ser consultado sobre el expediente, el gobernador de Tamaulipas rechazó de forma tajante los señalamientos, calificando como falsa toda acusación en su contra.
Expedientes Abiertos en EE. UU. contra Gobernadores de Morena
| Funcionario Investigado | Entidad que Gobierna | Delito Presunto Asociado | Condición Migratoria Actual |
| Rubén Rocha Moya | Sinaloa (Con licencia) | Narcotráfico y protección al Cártel de Sinaloa. | Acusación formal emitida por un gran jurado en Nueva York; orden de extradición solicitada. |
| Alfonso Durazo Montaño | Sonora (En funciones) | Vínculos con el crimen organizado. | Visa cancelada; ingresa bajo Significant Public Benefit parole para testificar. |
| Américo Villarreal Anaya | Tamaulipas (En funciones) | Robo y contrabando de combustible (Huachicol). | Cuenta con un parole especial y es escoltado por agentes de EE. UU. al cruzar. |
El choque frontal entre Sheinbaum y el gobierno de Trump
El uso de un gran jurado en Estados Unidos es la antesala formal para emitir órdenes de arresto, tal como ocurrió en Nueva York con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuya extradición ya fue requerida formalmente. Ante este escenario, la tensión entre los palacios de gobierno de ambos países ha escalado a niveles críticos.
La investigación revela que durante una reunión bilateral celebrada en mayo, el secretario de Seguridad Interna de EE. UU., Markwayne Mullin, le notificó directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que el gobierno de Donald Trump espera que México envíe a Rocha Moya a la brevedad para enfrentar sus cargos.
Fiel a la postura nacionalista expresada en sus asambleas públicas, Sheinbaum Pardo descalificó las investigaciones norteamericanas, catalogándolas como una campaña de difamación «políticamente motivada contra el gobierno izquierdista». La mandataria mexicana le reviró a Mullin que el destino legal de Rocha se determinará estrictamente en territorio mexicano. Asimismo, la presidenta lanzó una advertencia directa al funcionario estadounidense: cualquier acusación adicional de EE. UU. contra líderes electos en México será considerada una interferencia política inaceptable en los asuntos internos del país.
¿Consideras que el uso del programa «Significant Public Benefit parole» confirma que los gobernadores están negociando con la justicia de EE. UU. o crees que es una estrategia de presión política de Washington? ¡Escribe tu opinión en los comentarios y comparte esta nota!
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