FGR atrae investigación de feminicidio cometido en San Luis Potosí

Karla Pontigo fue asesinada en 2012, presuntamente por su jefe, a quien había denunciado por acoso

La Fiscalía General de la República (FGR) aceptó atraer la investigación del feminicidio de Karla Pontigo Luciotto, cometido en 2012 en San Luis Potosí.

A través de un comunicado, la organización Amnistía Internacional -que ha acompañado a la madre de Karla, Esperanza Luciotto– informó que la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) de la FGR retomará la investigación que inició la UEMI e investigará las irregularidades en que la entonces Procuraduría de Justicia de San Luis Potosí incurrió en la investigación original.

La decisión se da cinco meses después de que un juez federal confirmara la existencia de un conflicto de interés en la Fiscalía potosina. Y sienta un precedente hacia investigaciones más diligentes y apegadas a los procedimientos legales.

Como publicó A Tiempo.Tv en diciembre pasado, Karla Pontigo fue atacada física y sexualmente y murió el 29 de octubre de 2012. Su presunto feminicida, un conocido empresario del entretenimiento en la capital potosina, fue originalmente condenado por homicidio accidental tras una investigación llena de irregularidades: alteración de la escena del crimen, extravío de pruebas, supuesto tráfico de órganos, presión a los familiares y obstaculización de su derecho a la verdad.

Tras años de pleito legal, Esperanza Luciotto logró que la Fiscalía potosina creara la Unidad Especializada Multidisciplinaria e Itinerante en Materia de Género (UEMI) e investigara el feminicidio de su hija.

Fue la titular de esa área, Candy Martell, quien en 2021 denunció el conflicto de interés que la Fiscalía tenía en el caso: el Vice Fiscal Jurídico y Encargado del Despacho de la Fiscalía, José Luis Ruiz Contreras, es hermano de Julián Ruiz Contreras, el Juez que calificó el feminicidio como homicidio no intencional, en contra de lo que arrojaron los peritajes.

La facultad de atracción de la FGR, explicó la propia Martell, implica que la autoridades federal retomará el caso hasta donde la UEMI lo avanzó y continuará recabando pruebas hasta estar en condiciones de llevar la investigación ante un juez.

Colectivos de familias de otras mujeres asesinadas en San Luis Potosí respaldan el trabajo de Martell y la UEMI. Por eso, a la par de celebrar la decisión de la FGR en el caso Pontigo, exigen a la Fiscalía potosina robustecer esa Unidad Especializada y eliminar el candado que impide que se investigue más de un caso a la vez.

“Desde su creación, el 3 de abril de 2020, la UEMI, a cargo de la fiscal Candy Martell, ha realizado un trabajo de investigación extraordinario y sensible que como familias reconocemos. Lamentablemente, la Fiscalía de San Luis Potosí no supo leer la obligación colectiva que le dicta la sentencia y creó la unidad con un candado que reduce su actuación a la investigación de un caso a la vez, iniciando con el de Karla, constituyendo un escenario de discriminación (…)

Exigimos la continuación de la UEMI y la permanencia de la fiscal Candy Martell, así como la asignación de presupuesto y todos los recursos necesarios para que la unidad opere de forma eficiente y permita el acceso a la verdad y la justicia de todas las mujeres víctimas de feminicidio o muertes violentas, así como a sus familias”.

Comunicado de los familiares de mujeres asesinadas

Fiscalía de SLP sigue integrando investigaciones con irregularidades

Las madres de mujeres asesinadas en San Luis Potosí denunciaron que, casi una década después del feminicidio de Karla Pontigo, las investigaciones de la Fiscalía General del estado siguen presentando deficiencias e irregularidades.

En su comunicado, incluyeron testimonios de madres y padres que llevan años luchando por que se haga justicia a sus hijas.

“La perito que realizó la primera autopsia del cuerpo de Karla, quien perdió muestras fundamentales para la investigación y cuyo peritaje tuvo que repetirse, continúa en activo. Ella también realizó la autopsia de mi hija Fer Moran, desaparecida y víctima de feminicidio el 7 de septiembre del 2020. Desde que mi hija desapareció, yo di los datos exactos del lugar donde se encontraba, pero no me hicieron caso. Fer fue encontrada hasta el 5 abril del 2021”, relató una madre.

“El cuerpo de mi hija Odalys Hipólito fue encontrado en la vía pública el 11 de marzo del 2018. Ella fue criminalizada y revictimizada por las autoridades. El caso fue cerrado en su aniversario luctuoso y clasificado como suicidio. El año pasado fue reabierto, pues se asumió que la investigación no estuvo bien realizada”, denunció otra.

Las madres de Ale García, asesinada el 18 de enero del 2021; Nataly Alonso, asesinada el 15 de junio del 2019; Samantha Joselyn Rodríguez, asesinada el 6 de marzo del 2016, y de Lupita Viramontes, asesinada el 29 de junio del 2012 también denunciaron irregularidades: extravío de las carpetas completas, errores que han permitido la fuga de los presuntos responsables o sus cómplices y malos tratos del Ministerio Público.

Amnistía Internacional subrayó que, junto con la capital, los municipios potosinos de Rioverde y Soledad de Graciano Sánchez están entre los 100 más peligrosos para las mujeres en México. En 2021, el estado de San Luis Potosí registró 24 feminicidios, de acuerdo con las estadísticas oficiales, que no consideran las muertes violentas de mujeres no tipificadas como feminicidio.

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