INE, ATERM y AMFE firman convenio para fortalecer tribunales locales y tipificar nuevos delitos electorales graves
El Instituto Nacional Electoral (INE) recibió formalmente la propuesta conjunta de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana (ATERM) y de la Asociación Mexicana de Fiscalías Electorales (AMFE). Este documento será entregado a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral y al Poder Legislativo con el objetivo de integrar cambios sustanciales en la normativa vigente.
De manera simultánea, las tres instituciones firmaron un Convenio Marco de Colaboración. Este acuerdo establece las bases para promover la cooperación interinstitucional, fortalecer la cultura democrática y profesionalizar a los integrantes de los órganos jurisdiccionales del país. El Consejero Jorge Montaño Ventura refrendó el compromiso del “trípode electoral” (penal, administrativo y jurisdiccional) para proteger los derechos de la ciudadanía.
Defensa del federalismo y permanencia de órganos locales
Ante la inminente discusión de una reforma electoral, el Consejero Montaño se pronunció firmemente por la permanencia de los institutos electorales locales, los tribunales electorales locales y las fiscalías electorales.
Acompañado por la Secretaria Ejecutiva, Claudia Arlett Espino, Montaño aclaró que la postura institucional no busca una simple supervivencia burocrática.
Norma Angélica Sandoval Sánchez, presidenta de la ATERM, coincidió en que los procesos de reforma deben construirse con visión de Estado y respeto a la autonomía. La magistrada subrayó que la reforma no debe temerse, sino entenderse como una oportunidad para innovar. Asimismo, la ATERM propuso establecer una base presupuestal constitucional para los tribunales locales, tras analizar la disparidad de recursos en elecciones recientes.
Exigen tipificar nuevos delitos electorales
El punto central de la propuesta radica en la ampliación y actualización del catálogo de delitos electorales. Daniel Omar Gutiérrez Ruvalcaba, presidente de la AMFE, sostuvo que un marco penal actualizado es indispensable para garantizar el respeto a la voluntad ciudadana.
Las fiscalías electorales señalaron la urgencia de sancionar fenómenos recientes que la Ley General actual no contempla expresamente. Entre las nuevas conductas que buscan tipificar como delitos se encuentran:
- Violencia política contra mujeres y grupos vulnerables (física o digital).
- Usurpación de acciones afirmativas y candidaturas de grupos vulnerables.
- Manipulación de propaganda en redes sociales.
- Coacción del voto de personas en prisión preventiva.
- Uso de «acordeones» o guías de votación como método de coacción.
El objetivo es dotar a las autoridades de herramientas legales para que quienes atenten contra la democracia enfrenten consecuencias penales reales.
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