Trabajadores suspendieron actividades desde el primer minuto del viernes 6 de noviembre para rechazar las nuevas evaluaciones de desempeño.
El paro de labores en el Poder Judicial de la Federación (PJF) comenzó durante los primeros minutos de este viernes 6 de noviembre. Cuando trabajadores de juzgados y tribunales suspendieron actividades en protesta por el nuevo sistema de evaluación de desempeño aprobado por el Órgano de Administración Judicial (OAJ). La movilización se extendió a 17 estados y cuatro sedes de la Ciudad de México.
La protesta surgió después de que el OAJ publicara el jueves 5 de noviembre, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), un acuerdo que establece evaluaciones periódicas para el personal judicial. Los inconformes consideran que el mecanismo podría utilizarse para separar trabajadores de sus cargos o modificar sus adscripciones.
¿En qué estados hay paro del Poder Judicial?
La suspensión de actividades se extendió a Chiapas, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. En la Ciudad de México también se registraron movilizaciones y cierres en las sedes de San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma.
En Morelos, las protestas comenzaron desde el mediodía del jueves 5 de noviembre, con cierres en instalaciones de Cuernavaca y Xochitepec. En Nuevo León, trabajadores convocaron a una manifestación en el cruce de las avenidas Constitución y Cuauhtémoc, en Monterrey. En San Lázaro, Patricia Aguayo Bernal, secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Laboral, encabezó una protesta acompañada de alrededor de 100 trabajadores. La representante sostuvo que la inconformidad no responde a una negativa a ser evaluados. Sino al temor de que los resultados se utilicen para afectar sus derechos laborales.
¿Por qué protestan los trabajadores del Poder Judicial?
El conflicto tiene su origen en el acuerdo del Órgano de Administración Judicial. Que establece un mecanismo para medir los conocimientos, la preparación profesional y el desempeño de los trabajadores. Uno de los principales cuestionamientos es que las evaluaciones podrían determinar la permanencia del personal en sus puestos. Los inconformes advierten que una calificación negativa podría comprometer empleos de trabajadores que acumulan décadas de servicio.
También cuestionan la participación de los titulares de los órganos jurisdiccionales en las valoraciones. Pues consideran que este componente podría dar lugar a decisiones subjetivas o represalias laborales. La preocupación alcanza particularmente a secretarios, actuarios y oficiales judiciales. Plazas que, de acuerdo con los manifestantes, podrían quedar disponibles para incorporar a personas cercanas a los actuales integrantes del Poder Judicial.
¿Cómo serán las evaluaciones y cuándo comienzan?
El esquema contempla una calificación de cero a 100 puntos. Integrada por un examen de conocimientos que representa el 40 por ciento y otros indicadores de desempeño que concentran el 60 por ciento restante.
Los resultados se dividen en cinco categorías:
- Sobresaliente: de 90 a 100 puntos, con constancia de permanencia por dos años.
- Satisfactorio: de 80 a 89 puntos, con constancia por dos años.
- Regular: de 70 a 79 puntos, con constancia por un año y acciones de fortalecimiento.
- Suficiente: de 60 a 69 puntos, con constancia por un año y acciones de fortalecimiento.
- Insuficiente: 59 puntos o menos, con posibilidad de presentar un examen extraordinario.
El calendario contempla la publicación de temarios los días 17 y 18 de noviembre. Los exámenes están programados para diciembre: el 4 de diciembre para secretarios, el 8 para actuarios y los días 14 y 15 para oficiales judiciales. Sin embargo, el OAJ aclaró que esta primera aplicación tendrá carácter exclusivamente diagnóstico. Esto significa que las evaluaciones de diciembre de 2026 no implicarán aprobación, reprobación ni consecuencias inmediatas sobre la permanencia laboral.
¿Qué responde el Órgano de Administración Judicial?
El OAJ defendió el mecanismo al señalar que las evaluaciones forman parte de sus atribuciones y buscan fortalecer la preparación profesional, identificar áreas de oportunidad y mejorar el servicio de impartición de justicia. La institución también manifestó su disposición al diálogo y reconoció el derecho de los trabajadores a expresar sus inconformidades.
Por su parte, los manifestantes mantienen su exigencia de dejar sin efectos el acuerdo publicado el 5 de noviembre y elaborar uno nuevo que garantice que las evaluaciones tengan fines de capacitación y no se conviertan en un instrumento para poner en riesgo la estabilidad laboral. Los trabajadores advirtieron que el paro continuará por tiempo indefinido hasta obtener una respuesta de las autoridades judiciales.
El conflicto mantiene en incertidumbre la operación de juzgados y tribunales en distintas entidades. ¿Consideras que estas evaluaciones deben aplicarse para mejorar el desempeño o representan un riesgo para los derechos laborales? Déjanos tu opinión en los comentarios.
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