Estudios confirman que el IEPS salva 240 mil casos de obesidad y reduce 7.6% el consumo de refrescos en México.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que el objetivo del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios a Bebidas Azucaradas (IEPS-BA) y comida chatarra “no es recaudar dinero sino que se consuma menos ese tipo de productos”,. El propósito, subrayó, es “cuidar la salud de los mexicanos”. Esta postura se sustenta en la evidencia académica que confirma la efectividad del impuesto como herramienta de salud pública, y en compromisos de la industria para modificar sus productos.
El IEPS-BA fue implementado originalmente en 2014 como una respuesta fiscal directa a la emergencia epidemiológica que enfrenta México, un país con una de las tasas de consumo per cápita de bebidas azucaradas más altas del mundo.
La evidencia: el impuesto sí funciona y genera ahorros
La clave para determinar si el aumento de costos realmente reduce el consumo reside en la Elasticidad Precio de la Demanda (EPD). Estudios académicos han estimado que la demanda de refrescos en México es sensible al precio. En términos prácticos, un aumento del 10% en el precio final resulta en una caída del consumo que oscila entre el 8.5% y el 11.6%.
La evidencia empírica posterior a la implementación del impuesto en 2014 corrobora esta relación:
- Reducción Sostenida: Análisis académicos demostraron que la reducción promedio en las compras de bebidas gravadas alcanzó el 7.6% durante los dos primeros años (2014–2015).
- Cambio Conductual: Tres años después de la entrada en vigor del IEPS, la proporción de consumidores medios y altos de refrescos se había reducido en 6.8 y 6.1 puntos porcentuales, respectivamente. Este patrón sugiere que el impuesto catalizó un cambio conductual y cultural sostenido en la dieta mexicana.
Ganancia en salud y economía
La validez del mandato presidencial de que el IEPS tiene como fin último la salud pública se sustenta en el análisis de costo-efectividad.
- Salud: Modelos de simulación proyectaron que esta política podría prevenir alrededor de 240 mil casos de obesidad (casi 4 de cada 10 en niños) y 61 mil casos de diabetes en un horizonte de diez años.
- Retorno de Inversión (ROI): Se calcula que por cada dólar invertido en la implementación y gestión del impuesto, se ahorrarían aproximadamente 3.98 dólares en gastos directos de atención de las enfermedades relacionadas.
Equidad y el efecto redistributivo
La evidencia en México desmantela la crítica de que los impuestos al consumo son regresivos al demostrar un efecto redistributivo positivo en términos de salud. Los estudios confirman que los hogares de menores ingresos son, generalmente, los más sensibles a los cambios de precio y fueron quienes más redujeron su consumo. Dado que estos segmentos son los más vulnerables a desarrollar enfermedades crónicas, la política fiscal actúa como un mecanismo de prevención primaria que beneficia desproporcionadamente a los más pobres, transformando el impuesto en un instrumento de equidad sanitaria.
Compromiso de la industria
La Industria Mexicana de Coca-Cola se alineó con las prioridades de salud pública, anunciando compromisos concretos:
- Reducción de Calorías: Se trabajará para reducir en un 30% las calorías en sus productos durante los próximos cinco años.
- Mayor Oferta: Se incrementará la disponibilidad de bebidas con bajo o nulo contenido calórico.
- Etiquetado: Se mejorará el etiquetado nutricional para facilitar decisiones informadas por parte de los consumidores.
La Insuficiencia de la Política Unilateral
A pesar de los resultados positivos, expertos en nutrición advierten que la eliminación del refresco de la dieta mexicana no será suficiente por sí sola para revertir significativamente los niveles de obesidad y diabetes.
Existe un riesgo de sustitución (efecto compensatorio) si los consumidores migran su gasto hacia otras categorías de alimentos ultra-procesados que no están gravados, como galletas, frituras o pan dulce, que son igualmente ricos en grasas y sodio. Por lo tanto, para alcanzar el impacto completo, se requiere una estrategia regulatoria y fiscal paralela que aborde de forma integral los múltiples nutrientes críticos presentes en toda la «comida chatarra».
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