Un informe reciente revela la intensa actividad en la gestión de solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales, destacando miles de recursos de revisión y un incremento significativo en las medidas de apremio contra instituciones incumplidas.
Garantizar el derecho a saber y proteger los datos personales sigue siendo un reto constante en el servicio público. Cifras reveladoras sobre el funcionamiento de los Organos Garantes (OG) exponen el volumen de trámites, las tensiones en la rendición de cuentas y las sanciones aplicadas a quienes ignoran las resoluciones oficiales.
Acceso a la información y datos personales: Radiografía de trámites
Durante el periodo analizado, los Organos Garantes atendieron una alta demanda de información por parte de la ciudadanía:
- Solicitudes de acceso a la información: Se recibieron 12,488 solicitudes, de las cuales se respondieron exitosamente 12,437, quedando 147 pendientes al cierre del año. Al comparar estos números con el ejercicio de 2022, se observa una disminución del 32.1% en las peticiones recibidas, lo que apunta a un cambio en la dinámica de consulta ciudadana.
- Protección de datos personales: Se contabilizaron 685 solicitudes, respondiendo 681 y dejando solo seis pendientes al concluir el año, registrando también una baja del 18.6% frente a 2022.
El pulso de los recursos de revisión
Cuando las dependencias no responden adecuadamente o niegan la información, entra en juego el recurso de revisión.En este rubro, los Organos Garantes recibieron 48,045 recursos, logrando resolver 46,034 de ellos.
Un dato clave es que el 97.9% de estos recursos estuvieron vinculados directamente con solicitudes de acceso a la información pública, mientras que el 2.1% restante correspondió a la protección de datos personales. Aunque la cifra de recursos recibidos disminuyó un 33.7% en comparación con 2022, el volumen de trabajo sigue exigiendo una alta capacidad de respuesta institucional.
Mano firme: Incrementan las medidas de apremio
Ante el desacato a las determinaciones de los Órganos Garantes, la ley contempla sanciones para obligar a las autoridades a cumplir. Durante el año se impusieron 5,383 medidas de apremio, lo que representa un aumento del 40.2% en comparación con 2022.
- El 99.7% de estas sanciones (5,367) derivaron de incumplimientos en materia de acceso a la información pública.
- Del total de medidas aplicadas, la amonestación pública concentró el 43.8% de los casos, evidenciando las acciones legales para combatir la opacidad y el retraso en la entrega de información a los ciudadanos.
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