El fallecimiento de Pancho Barrio Terrazas reabre el debate sobre la crisis de feminicidios iniciada en Ciudad Juárez durante su sexenio
El fallecimiento de Francisco «Pancho» Barrio Terrazas esta mañana en Houston, Texas, a los 75 años, no solo cierra un capítulo en la historia política de la transición democrática en México. Para miles de familias en el norte del país, su partida es un recordatorio inevitable de una de las épocas más oscuras de Chihuahua: el nacimiento de la barbarie feminicida en Ciudad Juárez durante su sexenio (1992-1998).
Si bien Barrio es recordado por el panismo como el «profeta» de la alternancia, su legado quedó indisolublemente marcado por el surgimiento de un patrón de violencia sistemática contra la mujer que el Estado, en su momento, prefirió negar, estigmatizar y burocratizar.
El Génesis de la barbarie y el contexto Estructural
La historia del horror en Juárez no comenzó con el vacío. Sino con una visibilidad atroz en 1993, año que marca el comienzo de un patrón específico de exterminio. Mientras el gobierno de Barrio se consolidaba bajo la promesa de un cambio democrático, el desierto de Ciudad Juárez comenzó a escupir cuerpos. Revelando un escenario de pesadilla que contrastaba con la retórica de progreso oficial. Bajo la vigilancia del Estado, mujeres jóvenes, de tez morena y cabello largo, empezaron a aparecer con signos de tortura prolongada y violencia sexual extrema antes de ser desechadas como basura en zonas como Lote Bravo, Lomas de Poleo y el Cerro del Cristo Negro.
El primer caso documentado que encendió las alarmas fue el de Alma Chavira Farel en enero de 1993. La brutalidad de los hallazgos desafiaba la comprensión convencional del crimen pasional. Los cuerpos eran abandonados en espacios públicos como un mensaje de poder absoluto sobre el cuerpo femenino, lo que la academia definiría más tarde como el feminicidio sexual sistémico.
La industrialización desregulada y el caldo de cultivo
No es posible disociar estos crímenes del contexto socioeconómico de los años noventa. La explosión de la industria maquiladora, impulsada por la firma del TLCAN, transformó la demografía juarense pero a un costo humano devastador. La ciudad creció de manera desordenada hacia el desierto, sin infraestructura básica, alumbrado ni transporte seguro para su nueva fuerza laboral femenina.
Las obreras, piezas fundamentales del engranaje económico transnacional, eran obligadas a transitar por rutas de la muerte para llegar a sus turnos de madrugada. El modelo económico neoliberal valoraba la mano de obra barata, pero devaluaba la identidad de la mujer. Convirtiéndola en un objeto desechable tanto en la fábrica como en el espacio público.
La respuesta del estado: estigmatización y negación institucional
La crítica más punzante a la gestión de Francisco Barrio radica en la misoginia institucional flagrante que caracterizó la respuesta oficial. En lugar de investigaciones científicas, los funcionarios de Chihuahua iniciaron una campaña de difamación contra las propias víctimas. Se popularizó la narrativa de la «doble vida«, donde se culpaba a las mujeres por su vestimenta «provocativa«, sus horarios o por frecuentar lugares de diversión nocturna.
Esta «doble victimización» cumplía una función política estratégica: al cuestionar la moralidad de las víctimas, el Estado se eximía de su responsabilidad de protegerlas. Frases como «eran voladas» se convirtieron en la excusa oficial para no resguardar escenas del crimen ni realizar pruebas de ADN, permitiendo que la impunidad se consolidara como la norma.
La fabricación de culpables: Los «chivos expiatorios»
Ante la creciente presión social y mediática que trascendía fronteras, la Procuraduría de Justicia de Chihuahua recurrió a la simulación para fingir eficacia. Entre 1995 y 1998, se presentaron diversas bandas como las responsables de todos los crímenes:
- «Los Rebeldes»: Un grupo de pandilleros acusados de varios homicidios sin pruebas sólidas.
- El Egipcio (Abdel Latif Sharif Sharif): Presentado como el autor intelectual que supuestamente pagaba a otros desde la cárcel para seguir matando.
- La Banda de los Choferes: Casos como el de Víctor García «El Cerillo», cuya confesión fue obtenida bajo tortura.
Mientras el gobierno de Barrio celebraba estas capturas mediáticas, los cuerpos seguían apareciendo en el desierto, demostrando que las verdaderas estructuras de poder —posiblemente vinculadas a altos niveles políticos y empresariales— permanecían intactas y protegidas.
De «Las Muertas» al «Feminicidio»
Durante los noventa, la prensa utilizaba el término pasivo «Las Muertas de Juárez«, invisibilizando la violencia activa. Fue la lucha intelectual de feministas como Marcela Lagarde y Julia Monárrez lo que permitió acuñar el término Feminicidio. Lagarde lo definió como un Crimen de Estado, argumentando que la negligencia de las autoridades es un componente necesario para que el fenómeno persista.
Por su parte, la antropóloga Rita Segato interpretó estos actos como «crímenes expresivos»: mensajes enviados entre grupos de poder para demostrar soberanía sobre el territorio. El cuerpo de la mujer fue el lienzo donde se escribió un mensaje de dominio absoluto e impunidad.
La insurgencia cívica: El legado de las madres
Frente a un Estado indolente, el dolor privado se transformó en activismo político. Organizaciones pioneras como Nuestras Hijas de Regreso a Casa (fundada por Norma Andrade) y Justicia para Nuestras Hijas (por Norma Ledezma) surgieron para exigir lo que el gobierno negaba.
Mención especial merece Esther Chávez Cano, quien desde su centro Casa Amiga comenzó a llevar una contabilidad meticulosa de los crímenes cuando el gobierno de Barrio ocultaba las cifras. Estas mujeres implementaron tácticas de resistencia que hoy son estándar: rastreos ciudadanos en el desierto, toma de puentes internacionales y la presentación de «Informes Sombra» ante la ONU para desmentir las versiones oficiales.
El campo algodonero y la realidad al 2025
En 2001, tras el hallazgo de ocho cuerpos en un predio frente a la asociación de maquiladoras, el caso escaló al ámbito internacional. La sentencia de la Corte IDH en 2009 (Caso González y otras vs. México) condenó al Estado mexicano por primera vez por razones de género. Sin embargo, a más de 15 años de dicha sentencia, el cumplimiento sigue siendo parcial.
A día de hoy, 30 de diciembre de 2025, la realidad forense de Juárez sigue siendo una asignatura pendiente. Aunque existen leyes y la tipificación del feminicidio desde 2017 (Art. 126 Bis), las cifras actuales revelan una alarmante metamorfosis: un incremento del 43.4% en la desaparición de niñas y adolescentes en el último año, sugiriendo que las redes de trata operan con una sofisticación que supera la capacidad de las fiscalías especializadas.
Cronología de una Herida Abierta:
- 1993: Primer caso documentado (Alma Chavira Farel) bajo el gobierno de Barrio.
- 1993-1998: Periodo de negación oficial y estigmatización de las víctimas como política estatal.
- 1999: Fundación de Casa Amiga por Esther Chávez Cano ante el vacío institucional.
- 2001: Hallazgo en Campo Algodonero; el caso escala a la Corte IDH por negligencia procesal.
- 2010: Asesinato de Marisela Escobedo a las puertas del Palacio de Gobierno, símbolo de la impunidad absoluta.
- 2017: Tipificación tardía del feminicidio en el Código Penal de Chihuahua.
- 2025: Fallece Francisco Barrio; la sociedad civil denuncia que la FEM recibe menos del 4% del presupuesto de la Fiscalía General.
Francisco Barrio Terrazas se va dejando un nombre en los anales de la política, pero para la historia de las mujeres en México, su gestión quedará siempre vinculada al inicio de un grito que aún no encuentra eco pleno en la justicia: «¡Ni una más!»
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