El presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo, fue asesinado a tiros, lo que revela la fragilidad institucional y la sombra del desfalco
El asesinato de Miguel Bahena Solorzano, presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo, la noche del lunes 20 de octubre de 2025, marca un punto crítico en la escalada de violencia política en la región de la Huasteca Hidalguense. El edil, militante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), culminó abruptamente su gestión a causa de un ataque armado perpetrado al exterior de su domicilio en la comunidad de La Estancia.
Este homicidio se produce en un contexto de profunda fragilidad institucional, agravada por dos factores convergentes de alto riesgo. En primer lugar, el ataque ocurrió en medio de una emergencia por intensas lluvias que afectaban la entidad, exponiendo la vulnerabilidad del liderazgo municipal precisamente cuando la capacidad de respuesta gubernamental era más necesaria. En segundo lugar, y de manera más determinante, la administración de Bahena sucedió directamente a un gobierno municipal implicado en uno de los escándalos de corrupción más graves del estado, conocido como la Estafa Siniestra.
La sombra de la «Estafa Siniestra» y el desfalco de $31 millones
El contexto político-administrativo en Pisaflores estaba intrínsecamente ligado al escándalo de corrupción conocido como la Estafa Siniestra, una red de desfalco que involucró a múltiples municipios en Hidalgo. Este antecedente constituye el vector de riesgo político más significativo para la administración de Bahena.
El predecesor de Miguel Bahena, Luis Francisco González Garay, quien pertenecía al Partido Revolucionario Institucional (PRI), se convirtió en un fugitivo de la justicia desde noviembre de 2022. Enfrentaba una orden de aprehensión por los posibles delitos de peculado agravado y uso ilícito de atribuciones. El monto del desvío imputado a González Garay ascendía a $30 millones 960 mil 890 pesos.
El cambio de administración (del PRI al PVEM) implicó un quiebre en la continuidad política. La violencia extrema del asesinato sugiere que Bahena pudo haber cruzado una línea roja al confrontar los intereses de las redes criminales o de corrupción asociadas al gobierno saliente. El móvil de la represalia política o criminal, destinado a proteger la impunidad y la operatividad de los intereses económicos generados por el desfalco, se convierte en la línea de investigación más coherente.
La Huasteca como corredor de riesgo
Para comprender el asesinato de un alcalde en Pisaflores, es imperativo analizar la dinámica criminal regional, donde la corrupción institucional interactúa con las actividades del crimen organizado. Pisaflores se encuentra ubicado en la Huasteca Hidalguense, una zona que, por su geografía limítrofe, actúa como un corredor estratégico para la delincuencia organizada. La Huasteca colinda directamente con estados con alta presencia criminal, como San Luis Potosí y Veracruz.
La delincuencia organizada en Hidalgo diversifica sus ingresos, mezclando el robo de combustible (huachicol) con el narcomenudeo. El narcomenudeo y las lesiones dolosas fueron los delitos de mayor recurrencia en marzo de 2024, representando un 24% cada uno de la incidencia en los municipios clave de la entidad.
Un factor de riesgo adicional en municipios rurales y forestales como Pisaflores es la tala clandestina. Reportes indican que la tala ilegal se ha transformado en un vector de entrada para el crimen organizado en la explotación forestal. Un alcalde que intente regular o combatir tanto las rutas de narcomenudeo como la explotación de recursos forestales en su jurisdicción se expone directamente a la violencia letal.
Estatus de la investigación
Al momento de confirmarse el homicidio por las dirigencias partidistas, el gobierno estatal de Hidalgo aún no había emitido ninguna comunicación oficial. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) ha iniciado la investigación correspondiente.
Al momento del análisis, la información pública disponible no confirma la existencia de detenidos ni la identificación de los autores materiales o intelectuales del homicidio. La exigencia de justicia por parte del PVEM refuerza la percepción pública de un proceso judicial incipiente.
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