

La defensa legal sostiene que los hermanos Farías Laguna conservaron ingresos en la Marina conforme a derecho, mientras enfrentan acusaciones federales y se mantiene su presunción de inocencia
La defensa legal de los hermanos Farías Laguna confirmó que ambos permanecieron activos en la Secretaría de Marina, por lo que conservaron sus ingresos conforme a la ley, pese a las órdenes de aprehensión emitidas en su contra.
El despacho Epigmenio Mendieta y Abogados reiteró la presunción de inocencia de Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, luego de la información publicada por el medio de comunicación Latinus, subrayando que no existe irregularidad administrativa mientras no haya resolución definitiva.
Señalamientos y contexto del caso
De acuerdo con la investigación, los hermanos Farías Laguna son señalados como presuntos responsables de encabezar una red de huachicol fiscal, relacionada con tráfico de combustible a gran escala desde estructuras vinculadas a la Marina.
La Fiscalía General de la República los acusa desde septiembre pasado de delincuencia organizada, delitos en materia de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, cargos que aún no cuentan con sentencia firme.
Se reveló que el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, actualmente interno en el penal del Altiplano, mantuvo sus percepciones salariales conforme a su grado hasta el 18 de diciembre, fecha en que causó baja efectiva.
Situación administrativa y postura legal
En contraste, su hermano Fernando Farías Laguna, contraalmirante y actualmente prófugo, permanecía activo y con ingresos, aunque la Marina inició un proceso de baja por probable deserción, consumado el 11 de septiembre.
Las autoridades federales detallaron que la red operaba mediante buques con millones de litros de combustible, los cuales cruzaban aduanas bajo control naval sin cubrir los impuestos correspondientes, según lo expuesto por el gabinete de seguridad.
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La defensa legal enfatizó que recibir haberes mientras se está en servicio activo no constituye falta, ya que la suspensión de prestaciones solo procede tras una sentencia ejecutoriada o un procedimiento administrativo debidamente resuelto.
Finalmente, el despacho insistió en el respeto al debido proceso, recordando que, dentro de las Fuerzas Armadas, cualquier baja definitiva debe apegarse estrictamente a la ley, sin juicios anticipados ni sanciones sin resolución judicial.
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