El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco acusa encubrimiento tras declaraciones del fiscal general; exhortan a la presidenta Sheinbaum a no repetir errores del pasado
En lo que podría convertirse en uno de los episodios más tensos del sexenio en materia de derechos humanos, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco lanzó un duro posicionamiento contra el fiscal general Alejandro Gertz Manero, luego de que éste negara la existencia de crematorios en Jalisco y de restos humanos calcinados en el rancho Izaguirre.
“¿Qué sentiría usted, presidenta, si teniendo evidencia irrefutable, alguien con poder simplemente niega la realidad?”, cuestiona la carta dirigida a Claudia Sheinbaum por Indira Navarro, vocera del colectivo, que agrupa a madres de personas desaparecidas.
La disputa por la verdad en el caso Izaguirre
El fiscal Gertz declaró esta semana que en el rancho Izaguirre sólo se halló “una vasija con restos” y que las zanjas observadas eran “fogatas”, descartando crematorios clandestinos. Pero según Guerreros Buscadores, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses recuperó al menos 17 lotes con restos óseos calcinados —incluyendo cráneos, fémures, caderas y dientes—, pruebas contundentes de que sí hubo cuerpos quemados.
“No queremos otra ‘verdad histórica’. Nos cansamos de que podamos buscar mientras no incomodemos políticamente. Nos cansamos de las medias verdades. El delito es desaparecerlos, no buscarlos”, señala el colectivo en su carta, que también fue dirigida a la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus.
La contradicción del fiscal con su propio pasado
El momento cobra un matiz paradójico cuando se recuerda que el mismo Gertz Manero, en su libro México: Perfil de un rostro oculto (1991), denunciaba que el sistema de justicia del país era “lento, mercenario e incapaz”, con un Ministerio Público que solapaba delitos. Hoy, dicen las madres buscadoras, el fiscal encarna aquello que una vez criticó.
“Le pedimos, presidenta, que escuche a la fiscal Sara Irene Herrerías, quien tiene acceso a los videos, testimonios y evidencia entregada por nosotras”, urgieron.
El silencio institucional como obstáculo
La FGR asumió el caso desde septiembre pasado, cuando la Guardia Nacional irrumpió en el rancho y rescató a dos personas secuestradas, además de hallar restos y objetos personales. Sin embargo, el fiscal tardó meses en dar una versión pública y, cuando lo hizo, pareció más enfocado en controlar el discurso que en esclarecer los hechos.
Incluso en la visita organizada para medios el 20 de marzo, la FGR no proporcionó información sustancial sobre los detenidos ni los avances forenses.
“Lo único que quieren es matar la verdad”, sentencia Guerreros Buscadores.
La responsabilidad del nuevo gobierno
La carta concluye con un llamado directo: “No deje que le mientan, presidenta. De mamá a mamá, el siguiente movimiento es el suyo”.
En un país donde la desaparición de personas ha marcado la agenda pública por años, este caso revive el temor a una nueva “verdad histórica” —término infame acuñado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto en el caso Ayotzinapa— y pone a prueba la promesa de justicia con la que Claudia Sheinbaum llegó al poder.
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