El gobierno ha ofrecido aumentos salariales, condonaciones de deuda y foros educativos, pero también advirtió que suspenderá sueldos a quienes no regresen a las aulas
Las protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cumplen más de 20 días en la capital del país, con bloqueos intermitentes, plantones en el Zócalo y una huelga nacional indefinida que afecta a cientos de miles de estudiantes en todo el país. A pesar de múltiples mesas de diálogo entre el magisterio disidente y el gobierno federal, el conflicto sigue estancado y sin soluciones claras en el horizonte el paro de la CNTE se mantiene.
¿Qué pide la CNTE?
La CNTE, una de las principales organizaciones sindicales de maestros en México, exige una serie de cambios estructurales que incluyen:
- La abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, que modificó el sistema de pensiones.
- El regreso al régimen de pensiones solidarias, en lugar del sistema de cuentas individuales.
- Jubilación para mujeres a los 28 años de servicio y para hombres a los 30, sin importar la edad.
- Que las pensiones sean calculadas con base en el salario mínimo y no en la UMA (Unidad de Medida y Actualización).
- Cancelación total de la reforma educativa de los sexenios anteriores.
- Reinstalación de maestros cesados por razones políticas o por haberse opuesto a las evaluaciones.
- Regularización de plazas y mejora de las condiciones laborales.
Las respuestas del gobierno
Hasta ahora, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública y la presidencia de Claudia Sheinbaum, ha ofrecido:
- Un aumento salarial del 10% (9% retroactivo a enero de 2025 y 1% más a partir de septiembre).
- La condonación de deudas impagables del FOVISSSTE para ciertos trabajadores del magisterio.
- Una propuesta de reforma en el ingreso y promoción docente, basada en foros participativos por escuela.
- Congelar la edad de jubilación en 56 años para mujeres y 58 para hombres, sin modificar el sistema actual de pensiones.
No obstante, la CNTE ha considerado estas propuestas insuficientes, argumentando que son “medidas administrativas” que no resuelven los problemas estructurales que enfrenta el magisterio.
Paro prolongado y sanciones: el endurecimiento de la postura gubernamental
El paro laboral nacional inició el 15 de mayo, Día del Maestro, como una medida de presión tras los escasos avances en negociaciones previas. Desde entonces, más de 90 mil maestros en al menos 10 estados del país han suspendido clases indefinidamente. En la Ciudad de México, el plantón en el Zócalo lleva más de dos semanas y ha generado afectaciones al comercio local y a la movilidad urbana.
Ante la extensión del paro, el gobierno ha comenzado a endurecer su postura. El titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México, Luciano Concheiro, declaró que “no se puede mantener una negociación sin límites», y anunció que los maestros en paro no recibirán salario por los días no trabajados. La SEP ha instruido a las autoridades estatales a realizar descuentos salariales proporcionales, tal como lo permite la ley.
Además, advirtió que si el paro continúa, el gobierno federal podría proceder a sustituir temporalmente a los maestros ausentes, especialmente en zonas donde se ha interrumpido por completo el ciclo escolar. Estas medidas fueron respaldadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó que “el derecho a la educación está por encima de cualquier interés gremial”, aunque reiteró su respeto al derecho a la protesta.
Mesas de diálogo sin avances
Desde el inicio del conflicto, se han llevado a cabo dos mesas formales de negociación, las cuales han fracasado. En ambas, los representantes de la CNTE se retiraron al considerar que no se estaba avanzando hacia ninguna solución sustancial.
En respuesta, el gobierno ha ofrecido reanudar los diálogos “de manera abierta y permanente”, pero exige que se levanten los bloqueos y se reinicien las clases como señal de buena fe. La CNTE, por su parte, ha condicionado cualquier acuerdo a que se abrogue la Ley del ISSSTE y se garantice una reforma profunda al sistema educativo y de pensiones.
La postura de la presidenta Sheinbaum
Claudia Sheinbaum ha mantenido una postura dual: por un lado, ha insistido en su disposición al diálogo y su respeto al movimiento magisterial; por otro, ha marcado un límite claro a las concesiones presupuestarias.
“La responsabilidad de gobernar implica escuchar, pero también cuidar la estabilidad económica del país. No podemos comprometer recursos que no existen ni tomar decisiones irresponsables”, declaró la presidenta en una reciente conferencia.
Sheinbaum también señaló que muchas de las demandas son “legítimas” y “merecen análisis”, pero que no se pueden resolver de manera unilateral ni con recursos que comprometan otras prioridades nacionales.
Efectos sociales y educativos
El conflicto ya afecta a más de 5 millones de estudiantes en entidades como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Ciudad de México. Padres de familia y colectivos de derechos humanos han solicitado la pronta resolución del conflicto, advirtiendo del riesgo de pérdida del ciclo escolar en muchas comunidades marginadas.
Asimismo, se han reportado enfrentamientos aislados entre fuerzas de seguridad y manifestantes en puntos como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como en carreteras federales bloqueadas por maestros.
¿Qué sigue?
El gobierno insiste en que las puertas del diálogo están abiertas, pero con condiciones: levantar el paro, reanudar las clases y discutir en mesas técnicas cada uno de los puntos. La CNTE, en cambio, ha convocado a nuevas movilizaciones y rechaza regresar a clases sin garantías de que sus demandas serán atendidas de fondo.
Por ahora, el conflicto sigue, con las aulas vacías. El pulso entre el gobierno federal y uno de los gremios más combativos del país podría extenderse aún más si no se construye una salida negociada en los próximos días.
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